En su cuarto intento, la defensa de Sebastián Dávalos logró hoy el sobreseimiento definitivo en las investigaciones del Ministerio Público en el Caso Caval por presuntos delitos tributarios en el proceso de compra y venta de tres predios en la comuna de Machalí. La investigación desformalizada de la Fiscalía señalaba que Dávalos podría haber cometido los delitos de tráfico de influencias, revelación de secreto, uso de información privilegiada y negociación incompatible.
En los alegatos oídos hoy por la Corte de Apelaciones, los abogados de Dávalos señalaron que “los hechos que se describen en las denuncias y querellas presentadas en contra de mi representado no han podido alcanzar el estándar para formalizarlo por los delitos por los que finalmente se acusa a coimputados en esta causa, más aún las infracciones que se imputan a mi representado siguen basándose en los mismos supuestos fácticos tenidos a la vista en la época en que se da inicio a la investigación”.
Caso Caval: Corte de Apelaciones decreta sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos Bachelet https://t.co/Ndb9fRdaS3 pic.twitter.com/qJdIFJ31sh
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 2 de enero de 2018
El hijo de la Presidenta Bachelet, una vez conocida la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, realizó las siguientes declaraciones a los medios:
“El caso Caval dejó hace mucho de ser un caso penal, es a todas luces un caso político, donde se nos ha enjuiciado a mí y a mí familia sin existir un juicio alguno”.
“No me sorprendería que después de emitido este comunicado la muy corrupta fiscalía,haciendo uso de la nomenclatura utilizada por el Fiscal Nacional, intente formalizarme por algún delito inexistente a modo de represalia como ya ocurrió un tiempo atrás en el caso de Natalia”, enfatizó Sebastián Dávalos.
En la investigación formal que el Ministerio Público inició por el caso Caval, la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, fue imputada por los delitos tributarios vinculados a declaraciones de impuestos maliciosamente falsas que habrían causado un perjuicio fiscal superior a 118 millones de pesos.
