Mientras en Valparaíso se siguen discutiendo de manera acelerada las más de 700 indicaciones ingresadas al proyecto de educación superior, los expertos en la materia discuten sobre la pertinencia de legislar a menos de un mes del fin del actual Congreso y administración política. Uno de ellos es el investigador, docente y analista político Ernesto Águila, quien evalúa negativamente la forma en la que los gobiernos hacen política al llegar al término de su mandato, pese a ello, cree que las leyes de educación superior son un aporte al sistema.
¿Cómo es la historia de las leyes de educación? ¿Han sido así de apuradas?
En la etapa final de los gobiernos siempre hay una cierta idea de cerrar ciclos y, a veces, lograr amarrar ciertas cosas. El caso más paradigmático fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que entró en vigencia el 10 de marzo de 1990. Hoy en día estamos en una situación en la cual hay dos proyectos de ley muy importantes. Creo que sería muy relevante que quedaran aprobados. No porque sean transformaciones profundas o vayan a cambiar el modelo de mercado y subsidiario de educación, pero sí porque introducen algunas modificaciones determinadas. En el caso de Educación Superior, el hecho de institucionalizar la gratuidad como mecanismo –aunque no sea universal–, y sacarla de la discusión presupuestaria anual, es un avance. También toda la institucionalidad como superintendencias, subsecretarías, agencias de calidad, etcétera. Al final es más Estado. En el caso de Universidades Estatales es que haya una ley con marco propio, que de alguna forma rompe con la lógica subsidiaria en la que el Estado reconoce que tiene un rol distinto.
Esta tardanza en la ley de Educación superior levanta sospechas sobre la voluntad real…
La historia es bien especial. En la mitad de su período, el Gobierno envió un proyecto que realmente no causó satisfacción a ninguno de los actores más importantes, ni estudiantiles ni académicos. Tampoco hizo guiños importantes hacia las universidades estatales, entonces quedó paralizado durante un año y medio. No se movió porque en realidad fue un proyecto que partió con el pie cambiado; se envió algo que no lograba los consensos mínimos. Fue una pérdida de tiempo político muy grande. Luego se separó se creó una ley especial para universidades estatales, y se comprometió el envío de un proyecto del Crédito con Aval del Estado que no creo que entre al Parlamento. Además, el hecho de que haya triunfado la derecha probablemente hará que estos proyectos puedan salir más débiles, por eso el Gobierno está tratando de que se aprueben.
¿Esta tardanza no habrá sido falta de habilidad para conversar con los interlocutores?
Más que eso, yo creo que dentro del Gobierno había dos o tres concepciones de qué hacer con la educación en general y la superior en particular. Si algo caracterizó a la Nueva Mayoría fue un grado de contradicción interna que terminaba neutralizando su propio programa.
¿Quiénes eran?
Había una visión que estaba más en la línea de producir cambios en el sistema educativo para salir del modelo neoliberal. Yo la identificaría en la propia Presidenta y en algunos sectores dentro del Gobierno. Pero había otro sector que ve el tema de educación como algo en lo que había que mejorar las regulaciones, pero no sustantivo. Esas dos almas hicieron que hubiese una tramitación entrabada y poco clara en sus objetivos. Puede haber algo de impericia política, pero se activa y se potencia porque había visiones distintas.
Da la sensación que con exceso de trabajo legislativo anunciado por el oficialismo, se está preparando el escenario para que, en el caso de que no salgan las leyes, se deje constancia de que se hizo el intento.
Van a haber temas que quedarán como gestos simbólicos, saludos a la bandera. Por ejemplo, yo entiendo que se va a enviar un proyecto de Constitución política. Sobre eso no va a ocurrir nada a fines de enero. Yo diferenciaría eso de estos dos proyectos de ley (Educación Superior y Universidades Estatales). Creo que por el grado de avance y porque no significan transformaciones tan profundas, la derecha podría facilitar la tramitación. Mi valoración es que instalan lógicas que, si se desarrollan en el futuro –pero bajo un gobierno de derecha va a ser difícil–, pueden ser cosas positivas. Cada uno hará su propia evaluación sobre el avance.
¿Estos saludos a la bandera serían para posicionarse a futuro, cuando estas demandas se reclamen más?
En algunos casos es más simbólico y en otros más concretos, y claro, en algunos casos es más bien dejar una bandera clavada de que el tema constitucional ha sido importante y lo será a futuro. Es una manera de decir que, por lo menos, se entregó este proyecto de Constitución. Va a dejar un legado más simbólico que de avance concreto. Tiene su significación política y marca algo que es lo que más le importa al gobierno en estos días: el cómo va a ser recordado a futuro y si va a ganar la política comunicacional. Va a haber una gran disputa sobre el significado de Michelle Bachelet, por lo que está intentando cerrar lo mejor posible sus promesas de campaña. Su legado va a estar sobrevolando estos cuatro años y tendrá importancia en la próxima elección.
Mientras en Valparaíso se siguen discutiendo de manera acelerada las más de 700 indicaciones ingresadas al proyecto de educación superior, los expertos en la materia discuten sobre la pertinencia de legislar a menos de un mes del fin del actual Congreso y administración política. Uno de ellos es el investigador, docente y analista político Ernesto Águila, quien evalúa negativamente la forma en la que los gobiernos hacen política al llegar al término de su mandato, pese a ello, cree que las leyes de educación superior son un aporte al sistema.
¿Cómo es la historia de las leyes de educación? ¿Han sido así de apuradas?
En la etapa final de los gobiernos siempre hay una cierta idea de cerrar ciclos y, a veces, lograr amarrar ciertas cosas. El caso más paradigmático fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que entró en vigencia el 10 de marzo de 1990. Hoy en día estamos en una situación en la cual hay dos proyectos de ley muy importantes. Creo que sería muy relevante que quedaran aprobados. No porque sean transformaciones profundas o vayan a cambiar el modelo de mercado y subsidiario de educación, pero sí porque introducen algunas modificaciones determinadas. En el caso de Educación Superior, el hecho de institucionalizar la gratuidad como mecanismo –aunque no sea universal–, y sacarla de la discusión presupuestaria anual, es un avance. También toda la institucionalidad como superintendencias, subsecretarías, agencias de calidad, etcétera. Al final es más Estado. En el caso de Universidades Estatales es que haya una ley con marco propio, que de alguna forma rompe con la lógica subsidiaria en la que el Estado reconoce que tiene un rol distinto.
Esta tardanza en la ley de Educación superior levanta sospechas sobre la voluntad real…
La historia es bien especial. En la mitad de su período, el Gobierno envió un proyecto que realmente no causó satisfacción a ninguno de los actores más importantes, ni estudiantiles ni académicos. Tampoco hizo guiños importantes hacia las universidades estatales, entonces quedó paralizado durante un año y medio. No se movió porque en realidad fue un proyecto que partió con el pie cambiado; se envió algo que no lograba los consensos mínimos. Fue una pérdida de tiempo político muy grande. Luego se separó se creó una ley especial para universidades estatales, y se comprometió el envío de un proyecto del Crédito con Aval del Estado que no creo que entre al Parlamento. Además, el hecho de que haya triunfado la derecha probablemente hará que estos proyectos puedan salir más débiles, por eso el Gobierno está tratando de que se aprueben.
¿Esta tardanza no habrá sido falta de habilidad para conversar con los interlocutores?
Más que eso, yo creo que dentro del Gobierno había dos o tres concepciones de qué hacer con la educación en general y la superior en particular. Si algo caracterizó a la Nueva Mayoría fue un grado de contradicción interna que terminaba neutralizando su propio programa.
¿Quiénes eran?
Había una visión que estaba más en la línea de producir cambios en el sistema educativo para salir del modelo neoliberal. Yo la identificaría en la propia Presidenta y en algunos sectores dentro del Gobierno. Pero había otro sector que ve el tema de educación como algo en lo que había que mejorar las regulaciones, pero no sustantivo. Esas dos almas hicieron que hubiese una tramitación entrabada y poco clara en sus objetivos. Puede haber algo de impericia política, pero se activa y se potencia porque había visiones distintas.
Da la sensación que con exceso de trabajo legislativo anunciado por el oficialismo, se está preparando el escenario para que, en el caso de que no salgan las leyes, se deje constancia de que se hizo el intento.
Van a haber temas que quedarán como gestos simbólicos, saludos a la bandera. Por ejemplo, yo entiendo que se va a enviar un proyecto de Constitución política. Sobre eso no va a ocurrir nada a fines de enero. Yo diferenciaría eso de estos dos proyectos de ley (Educación Superior y Universidades Estatales). Creo que por el grado de avance y porque no significan transformaciones tan profundas, la derecha podría facilitar la tramitación. Mi valoración es que instalan lógicas que, si se desarrollan en el futuro –pero bajo un gobierno de derecha va a ser difícil–, pueden ser cosas positivas. Cada uno hará su propia evaluación sobre el avance.
¿Estos saludos a la bandera serían para posicionarse a futuro, cuando estas demandas se reclamen más?
En algunos casos es más simbólico y en otros más concretos, y claro, en algunos casos es más bien dejar una bandera clavada de que el tema constitucional ha sido importante y lo será a futuro. Es una manera de decir que, por lo menos, se entregó este proyecto de Constitución. Va a dejar un legado más simbólico que de avance concreto. Tiene su significación política y marca algo que es lo que más le importa al gobierno en estos días: el cómo va a ser recordado a futuro y si va a ganar la política comunicacional. Va a haber una gran disputa sobre el significado de Michelle Bachelet, por lo que está intentando cerrar lo mejor posible sus promesas de campaña. Su legado va a estar sobrevolando estos cuatro años y tendrá importancia en la próxima elección.
Mientras en Valparaíso se siguen discutiendo de manera acelerada las más de 700 indicaciones ingresadas al proyecto de educación superior, los expertos en la materia discuten sobre la pertinencia de legislar a menos de un mes del fin del actual Congreso y administración política. Uno de ellos es el investigador, docente y analista político Ernesto Águila, quien evalúa negativamente la forma en la que los gobiernos hacen política al llegar al término de su mandato, pese a ello, cree que las leyes de educación superior son un aporte al sistema.
¿Cómo es la historia de las leyes de educación? ¿Han sido así de apuradas?
En la etapa final de los gobiernos siempre hay una cierta idea de cerrar ciclos y, a veces, lograr amarrar ciertas cosas. El caso más paradigmático fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que entró en vigencia el 10 de marzo de 1990. Hoy en día estamos en una situación en la cual hay dos proyectos de ley muy importantes. Creo que sería muy relevante que quedaran aprobados. No porque sean transformaciones profundas o vayan a cambiar el modelo de mercado y subsidiario de educación, pero sí porque introducen algunas modificaciones determinadas. En el caso de Educación Superior, el hecho de institucionalizar la gratuidad como mecanismo –aunque no sea universal–, y sacarla de la discusión presupuestaria anual, es un avance. También toda la institucionalidad como superintendencias, subsecretarías, agencias de calidad, etcétera. Al final es más Estado. En el caso de Universidades Estatales es que haya una ley con marco propio, que de alguna forma rompe con la lógica subsidiaria en la que el Estado reconoce que tiene un rol distinto.
Esta tardanza en la ley de Educación superior levanta sospechas sobre la voluntad real…
La historia es bien especial. En la mitad de su período, el Gobierno envió un proyecto que realmente no causó satisfacción a ninguno de los actores más importantes, ni estudiantiles ni académicos. Tampoco hizo guiños importantes hacia las universidades estatales, entonces quedó paralizado durante un año y medio. No se movió porque en realidad fue un proyecto que partió con el pie cambiado; se envió algo que no lograba los consensos mínimos. Fue una pérdida de tiempo político muy grande. Luego se separó se creó una ley especial para universidades estatales, y se comprometió el envío de un proyecto del Crédito con Aval del Estado que no creo que entre al Parlamento. Además, el hecho de que haya triunfado la derecha probablemente hará que estos proyectos puedan salir más débiles, por eso el Gobierno está tratando de que se aprueben.
¿Esta tardanza no habrá sido falta de habilidad para conversar con los interlocutores?
Más que eso, yo creo que dentro del Gobierno había dos o tres concepciones de qué hacer con la educación en general y la superior en particular. Si algo caracterizó a la Nueva Mayoría fue un grado de contradicción interna que terminaba neutralizando su propio programa.
¿Quiénes eran?
Había una visión que estaba más en la línea de producir cambios en el sistema educativo para salir del modelo neoliberal. Yo la identificaría en la propia Presidenta y en algunos sectores dentro del Gobierno. Pero había otro sector que ve el tema de educación como algo en lo que había que mejorar las regulaciones, pero no sustantivo. Esas dos almas hicieron que hubiese una tramitación entrabada y poco clara en sus objetivos. Puede haber algo de impericia política, pero se activa y se potencia porque había visiones distintas.
Da la sensación que con exceso de trabajo legislativo anunciado por el oficialismo, se está preparando el escenario para que, en el caso de que no salgan las leyes, se deje constancia de que se hizo el intento.
Van a haber temas que quedarán como gestos simbólicos, saludos a la bandera. Por ejemplo, yo entiendo que se va a enviar un proyecto de Constitución política. Sobre eso no va a ocurrir nada a fines de enero. Yo diferenciaría eso de estos dos proyectos de ley (Educación Superior y Universidades Estatales). Creo que por el grado de avance y porque no significan transformaciones tan profundas, la derecha podría facilitar la tramitación. Mi valoración es que instalan lógicas que, si se desarrollan en el futuro –pero bajo un gobierno de derecha va a ser difícil–, pueden ser cosas positivas. Cada uno hará su propia evaluación sobre el avance.
¿Estos saludos a la bandera serían para posicionarse a futuro, cuando estas demandas se reclamen más?
En algunos casos es más simbólico y en otros más concretos, y claro, en algunos casos es más bien dejar una bandera clavada de que el tema constitucional ha sido importante y lo será a futuro. Es una manera de decir que, por lo menos, se entregó este proyecto de Constitución. Va a dejar un legado más simbólico que de avance concreto. Tiene su significación política y marca algo que es lo que más le importa al gobierno en estos días: el cómo va a ser recordado a futuro y si va a ganar la política comunicacional. Va a haber una gran disputa sobre el significado de Michelle Bachelet, por lo que está intentando cerrar lo mejor posible sus promesas de campaña. Su legado va a estar sobrevolando estos cuatro años y tendrá importancia en la próxima elección.
