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Año XII, 7 de agosto de 2020

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Mauricio Daza: “Lo de la Dipolcar es un problema que no se enfrenta por cobardía”

En conversación con el programa Política en vivo de nuestra emisora, el representante de la Fundación Ciudadano Inteligente emitió duras críticas al rol del Ministerio Público desde la asunción de Jorge Abbott y fue lapidario con el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) a quienes tildó de "inoperantes y negligentes".

Claudia Carvajal G.

  Viernes 26 de enero 2018 19:15 hrs. 





El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente recuerda que las grandes investigaciones por fraudes al fisco y financiamiento irregular de las campañas políticas se iniciaron por accidente y no producto de la actividad fiscalizadora de los organismos del Estado. “Todo se dio en el marco de una investigación de un delito tributario, el denominado fraude al FUT, en el que un funcionario que encontró una falla en el sistema informático, en vez de denunciarlo a sus superiores, lo que hizo fue vender la asesoría a ciertos empresarios para que pudieran utilizar la falla en su favor. Uno de sus clientes fue Hugo Bravo, gerente de Penta, quien luego de que se iniciaran las primeras indagaciones y se pidiera la incautación de sus documentos, pidió ayuda a su amigos Carlos Lavín y Carlos Délano, pero ellos le cerraron la puerta en la cara”.

Lo que los empresarios no esperaban, dice Daza, fue la reacción de Hugo Bravo, un hombre extremadamente meticuloso que tenía en su poder respaldos de cada factura y pago que se realizó en las empresas Penta.

“El tipo sabía todo y Délano y Lavín nunca dieron fe de que iba a pasar algo muy importante con Hugo Bravo, porque era un simple gerente y máximo podría llegar a darse una situación de dicho contra dicho y en eso, ellos se sentían ganadores, porque, ¿quién le iba a creer a Bravo? Pero él tenía los datos, las partidas contables y a quienes les habían entregado platas. Así empezó el escándalo Penta”.

El representante de Ciudadano Inteligente señala que fue eso lo que gatilló la crisis de corrupción y expuso la fragilidad institucional de nuestro país. También lamenta y califica de burda la forma  en que se está poniendo fin a estos casos, lo que deteriora aún más la confianza en el sistema jurídico institucional.

Hoy el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de salida alternativa propiciada por el fiscal Pablo Gómez y la defensa de la minera no metálica,  para el pago de una indemnización en favor de distintas instituciones de beneficiencia.

Consultado en este ámbito, el abogado afirma que el acuerdo postulado por el fiscal Gomez es “vergonzoso” pues el monto de la indemnización corresponde a una fracción mínima de sus operaciones diarias y califica esta salida alternativa como impunidad.

Respecto del rol del Fiscal Nacional Jorge Abbott o los persecutores Manuel Guerra y Pablo Gómez, el jurista es enfático al señalar que “ellos están dispuestos a hipotecar la credibilidad de la institución que dirigen para garantizar impunidad a un puñado de personeros importantes del mundo económico y político de nuestro país que están involucrados en investigaciones por graves delitos de corrupción o financiamiento ilegal a la política. Se perdió el pudor y todo sentido de la responsabilidad institucional”.

En una democracia en forma, la autoridad jerárquica, recalca Daza, no puede ser justificante para tomar decisiones de alto interés público en las que se ha dañado la fe pública.

“Realmente impresiona el descaro de los representantes de organismo persecutor, pero esto es transversal. ¿Quién hace efectiva la responsabilidad de ese incumplimiento de deberes? Nadie, ya que eso le corresponde al Congreso Nacional, y ellos mismos son los beneficiarios de estas medidas que terminan anticipadamente con las investigaciones por corrupción”, afirmó.

Consultado de si la decisión de optar por una salida alternativa es definitiva, el abogado responde afirmativamente “uno como querellante siempre trata de hacer algo y oponerse al acuerdo. Se busca exponer que la investigación trata sobre el pago de un soborno pagado a un Ministro de Estado para que la empresa obtuviera un tratamiento tributario preferente, lo que sí sucedió, la empresa obtuvo ese tratamiento preferente, pero pese a ello, el fiscal Gomez dice a SQM ‘no se preocupe pague 3.8 millones de dólares y se acaba la investigación en esta materia’ y el régimen tributario ilícitamente obtenido se mantiene. Es irrisorio el monto, considerando el nuevo contrato de SQM con Corfo recientemente anunciado por personeros de Gobierno”.

Mauricio Daza afirma que desde que asumió Abbott se aplicó una política de apurar la resolución de las causas pendientes, sin investigar profundamente cuál fue la mecánica de esta red de corrupción que afectó al país y a todos los sectores políticos.

“En Chile los fiscales que hacen su trabajo, son competentes y obtienen logros cuando se tienen que enfrentar a causas contra el poder político y económico, hasta ahí les llega la carrera”.

Respecto del montaje de pruebas organizado por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) en la llamada “Operación Huracán” contra comuneros mapuches, el jurista indicó que dicha institucionalidad policiaca es una “vergüenza”.

“Ahora Abbott aparece como un fiscal objetivo porque reconoce esta situación, pero el tema de los whatsapp falsos fue develado en un comienzo de la Operación Huracán y no hubo un escrutinio por parte del Ministerio Público de esos antecedentes. De hecho la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y dejó sin efecto estas investigaciones, lo que constituye una vergüenza para los tribunales de la Araucanía”

Para Daza no debe olvidarse que el objetivo de cualquier investigación criminal es el establecer la verdad de lo sucedido y no tomar a un par de personas para culparlas de algo. Si no se llega a la verdad mediante una investigación eficiente a cargo de personas competentes y así llegar a penas ejemplares que condenen a quienes hayan efectivamente cometido este tipo de delitos.

“El problema de la Dipolcar es muy serio y nadie ha querido enfrentarlo y no lo hacen por cobardía porque es mucho más difícil para las autoridades cambiar a todos los mandos, que son personas con nombre y apellido y que tienen poder y redes instaladas al interior de la Administración del Estado, que simplemente resolverlo con un proyecto de ley, aumentando las penas y entregando más recursos a los mismos negligentes e inoperantes de esa dirección. La Dipolcar se caracteriza por forzar evidencia para probar hipótesis prestablecidas por ellos”.

Las declaraciones de Mauricio Daza se enmarcan en una de las crisis institucionales más importantes de la historia de la justicia chilena y, ciertamente, la más grave desde el inicio de la reforma procesal penal que da cuenta de violaciones al debido proceso con pruebas falsas implantadas por agentes del Estado.