El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente sobre suspender el procedimiento contra el senador desaforado Iván Moreira, quien en 2015 fue formalizado en el marco del llamado Caso Penta por delitos tributarios.
De esta manera, el militante UDI deberá entregar 35 millones de pesos que podrán ser pagados en 12 cuotas. Esta cifra corresponde al total de boletas ideológicamente falsas suministradas por el legislador. El parlamentario también deberá fijar su domicilio cada dos meses con una firma en Carabineros.
Una vez finalizada la audiencia, el parlamentario señaló: “Desde el primer minuto he sido el único que ha dicho la verdad. Y esa verdad es lo que me ha permitido, esta tarde, que se haga justicia. (…) Quiero señalarles que me siento muy respaldado, fundamentalmente, por el sistema de Justicia, por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. (…)Ha quedado claro que nuestro sistema funciona”.
Mientras, el abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, manifestó que están “satisfechos” con la resolución del Tribunal. En este sentido, el jurista explicó que el parlamentario UDI puede retomar sus funciones en el Congreso “a partir de mañana”. Esto, “en la medida de que llegue la notificación, el oficio, que entiendo que por reglamento tiene que leerse en Sala”, explicó.
Cabe señalar que esta petición provocó, a principios de enero, la renuncia al Ministerio Público de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Entonces, Gajardo afirmó: “Hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía a raíz de las decisiones que se han tomado en las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad”.
“Una suspensión condicional del procedimiento conlleva una renuncia a un reproche penal”, dijo por su parte, Norambuena.
Además, ayer el Octavo Juzgado de Garantía modificó la medida cautelar de firma mensual de febrero de Carlos Alberto Délano. En esta línea, el Tribunal indicó que el control se realizará “dentro de los 7 días primeros del mes señalado en la provincia de Osorno Región Los Lagos, Tenencia entre Lagos en Puyehue, debiendo retomar el control de la firma en el mes de marzo en la 47 Comisaría de Los Dominicos”.
Mauricio Daza: “Esto da un mensaje bastante negativo para la clase política”
Por su parte, el abogado querellante del caso Penta y SQM, Mauricio Daza, criticó el recibimiento de la solicitud. En conversación con nuestro medio, señaló que “es lamentable en la medida que esto garantiza la impunidad de una persona que reconoció públicamente el hecho de haber recibido dineros irregulares para el financiamiento de su campaña senatorial a través de boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron”.
“Esto da un mensaje bastante negativo para la clase política, en tanto que en el evento de que comentan alguna irregularidad y sean descubiertos, no les va a pasar nada a cambio de negociar una determinada multa de conveniencia con la Fiscalía”, agregó.
El jurista también desestimó las declaraciones del senador Moreira. “Aquí la justicia no funcionó y esto es responsabilidad del fiscal Manuel Guerra. Esto lo único que hace es garantizar que el senador no enfrente ni un juicio oral ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad eventual que él podría tener respecto de los hechos que le atribuyen”. Además, indicó que es esperable que el senador retome sus funciones una vez finalizado receso legislativo, es decir, durante la primera semana de marzo.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente sobre suspender el procedimiento contra el senador desaforado Iván Moreira, quien en 2015 fue formalizado en el marco del llamado Caso Penta por delitos tributarios.
De esta manera, el militante UDI deberá entregar 35 millones de pesos que podrán ser pagados en 12 cuotas. Esta cifra corresponde al total de boletas ideológicamente falsas suministradas por el legislador. El parlamentario también deberá fijar su domicilio cada dos meses con una firma en Carabineros.
Una vez finalizada la audiencia, el parlamentario señaló: “Desde el primer minuto he sido el único que ha dicho la verdad. Y esa verdad es lo que me ha permitido, esta tarde, que se haga justicia. (…) Quiero señalarles que me siento muy respaldado, fundamentalmente, por el sistema de Justicia, por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. (…)Ha quedado claro que nuestro sistema funciona”.
Mientras, el abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, manifestó que están “satisfechos” con la resolución del Tribunal. En este sentido, el jurista explicó que el parlamentario UDI puede retomar sus funciones en el Congreso “a partir de mañana”. Esto, “en la medida de que llegue la notificación, el oficio, que entiendo que por reglamento tiene que leerse en Sala”, explicó.
Cabe señalar que esta petición provocó, a principios de enero, la renuncia al Ministerio Público de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Entonces, Gajardo afirmó: “Hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía a raíz de las decisiones que se han tomado en las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad”.
“Una suspensión condicional del procedimiento conlleva una renuncia a un reproche penal”, dijo por su parte, Norambuena.
Además, ayer el Octavo Juzgado de Garantía modificó la medida cautelar de firma mensual de febrero de Carlos Alberto Délano. En esta línea, el Tribunal indicó que el control se realizará “dentro de los 7 días primeros del mes señalado en la provincia de Osorno Región Los Lagos, Tenencia entre Lagos en Puyehue, debiendo retomar el control de la firma en el mes de marzo en la 47 Comisaría de Los Dominicos”.
Mauricio Daza: “Esto da un mensaje bastante negativo para la clase política”
Por su parte, el abogado querellante del caso Penta y SQM, Mauricio Daza, criticó el recibimiento de la solicitud. En conversación con nuestro medio, señaló que “es lamentable en la medida que esto garantiza la impunidad de una persona que reconoció públicamente el hecho de haber recibido dineros irregulares para el financiamiento de su campaña senatorial a través de boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron”.
“Esto da un mensaje bastante negativo para la clase política, en tanto que en el evento de que comentan alguna irregularidad y sean descubiertos, no les va a pasar nada a cambio de negociar una determinada multa de conveniencia con la Fiscalía”, agregó.
El jurista también desestimó las declaraciones del senador Moreira. “Aquí la justicia no funcionó y esto es responsabilidad del fiscal Manuel Guerra. Esto lo único que hace es garantizar que el senador no enfrente ni un juicio oral ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad eventual que él podría tener respecto de los hechos que le atribuyen”. Además, indicó que es esperable que el senador retome sus funciones una vez finalizado receso legislativo, es decir, durante la primera semana de marzo.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente sobre suspender el procedimiento contra el senador desaforado Iván Moreira, quien en 2015 fue formalizado en el marco del llamado Caso Penta por delitos tributarios.
De esta manera, el militante UDI deberá entregar 35 millones de pesos que podrán ser pagados en 12 cuotas. Esta cifra corresponde al total de boletas ideológicamente falsas suministradas por el legislador. El parlamentario también deberá fijar su domicilio cada dos meses con una firma en Carabineros.
Una vez finalizada la audiencia, el parlamentario señaló: “Desde el primer minuto he sido el único que ha dicho la verdad. Y esa verdad es lo que me ha permitido, esta tarde, que se haga justicia. (…) Quiero señalarles que me siento muy respaldado, fundamentalmente, por el sistema de Justicia, por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. (…)Ha quedado claro que nuestro sistema funciona”.
Mientras, el abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, manifestó que están “satisfechos” con la resolución del Tribunal. En este sentido, el jurista explicó que el parlamentario UDI puede retomar sus funciones en el Congreso “a partir de mañana”. Esto, “en la medida de que llegue la notificación, el oficio, que entiendo que por reglamento tiene que leerse en Sala”, explicó.
Cabe señalar que esta petición provocó, a principios de enero, la renuncia al Ministerio Público de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Entonces, Gajardo afirmó: “Hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía a raíz de las decisiones que se han tomado en las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad”.
“Una suspensión condicional del procedimiento conlleva una renuncia a un reproche penal”, dijo por su parte, Norambuena.
Además, ayer el Octavo Juzgado de Garantía modificó la medida cautelar de firma mensual de febrero de Carlos Alberto Délano. En esta línea, el Tribunal indicó que el control se realizará “dentro de los 7 días primeros del mes señalado en la provincia de Osorno Región Los Lagos, Tenencia entre Lagos en Puyehue, debiendo retomar el control de la firma en el mes de marzo en la 47 Comisaría de Los Dominicos”.
Mauricio Daza: “Esto da un mensaje bastante negativo para la clase política”
Por su parte, el abogado querellante del caso Penta y SQM, Mauricio Daza, criticó el recibimiento de la solicitud. En conversación con nuestro medio, señaló que “es lamentable en la medida que esto garantiza la impunidad de una persona que reconoció públicamente el hecho de haber recibido dineros irregulares para el financiamiento de su campaña senatorial a través de boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron”.
“Esto da un mensaje bastante negativo para la clase política, en tanto que en el evento de que comentan alguna irregularidad y sean descubiertos, no les va a pasar nada a cambio de negociar una determinada multa de conveniencia con la Fiscalía”, agregó.
El jurista también desestimó las declaraciones del senador Moreira. “Aquí la justicia no funcionó y esto es responsabilidad del fiscal Manuel Guerra. Esto lo único que hace es garantizar que el senador no enfrente ni un juicio oral ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad eventual que él podría tener respecto de los hechos que le atribuyen”. Además, indicó que es esperable que el senador retome sus funciones una vez finalizado receso legislativo, es decir, durante la primera semana de marzo.
