Señor Director:
Respecto del último informe de las condiciones carcelarias en nuestro país, entregado por el poder judicial debo expresar, que estos informes siempre concluyen en lo mismo, en que hay hacinamiento y que las personas privadas de libertad viven en condiciones infrahumanas en las cárceles de Chile.
Pero resulta que cuando los abogados recurren de amparo o protección por los internos, haciendo presente estos temas a nuestros tribunales de justicia, la mayoría de las veces estas acciones son rechazadas, primando los argumentos de Gendarmería de Chile, lo que me lleva a pensar que existen contradicciones al parecer en el sistema.
Por otro lado, la prisión preventiva, es la medida cautelar más intrusiva que contiene el Código Procesal Penal y de aplicación excepcional, pero resulta que el ministerio público o el sistema judicial en general por la presión social o mediática, para mostrar eficiencia, termina aplicando esta medida cautelar como regla general, lo que trae consigo que las unidades penales funcionen al máximo de su capacidad y lo que es peor funcionando con recursos fiscales que muchas veces son insuficientes.
Tampoco se puede dejar de mencionar que una de las promesas del nuevo Código Procesal Penal del año 2000, fue que ayudaría a descongestionar las cárceles del país, no fue tal, ya que solo cambio el estado procesal de “procesado” por el de “imputado”.
En resumen, lo que falta en Chile es un estudio serio que considere en forma integral las materias de derecho penal, de procedimiento penal y de procedimiento penitenciario, ya que si seguimos pensando que las reformas penales y procesales penales deben ir por un carril separado del derecho penitenciario, seguiremos con estos temas y controversias ya que al legislar no se tiene en consideración el impacto real de las reformas penales en el sistema penitenciario ,es decir , se seguirá legislando a ciegas como hasta ahora.
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