Con motivo del categórico fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal el permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Valparaíso a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para que su socio comercial Falabella, uno de los 3 consorcios económicos más importante del país,  construyera el mall Barón en su amplio terreno de 12 hectáreas del borde costero de esa ciudad puerto se han dicho muchas cosas, menos que la acción judicial triunfadora fue interpuesta hace un tiempo por grupos de ciudadanos porteños responsables y alegada con éxito por el abogado Rodrigo Avendaño de la Fundación Defendamos la Ciudad.

 Ahora bien, en el diario El Mercurio del 03/03/18 se publicó la crónica “Urbanistas se dividen ante apertura perentoria de predio costero en Barón y muestran sus proyectos”  con epígrafes “gestión de alcalde de Valparaíso reactiva debata sobre el destino del terreno” e “ideas van desde crear canales interiores y edificios cristalinos hasta grandes parques regados por el agua de las quebradas”.

En efecto, en esa publicación se recogen las opiniones de varios arquitectos, teniéndose en cuenta que el alcalde Sharp desea que la EPV le transfiera el dominio del terreno al municipio para que éste desarrolle allí un proyecto mixto de áreas verdes públicas con equipamientos menores o medianos, asunto que él ya lo ha tratado con el gobierno de Bachelet, sin que a esta fecha exista una respuesta favorable.

No solo arquitectos fueron entrevistados por ese medio sino también la abogada Jeanette Bruna, quien expresó que para obviar el fallo judicial del alto tribunal  se debería modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) pues la sentencia, acogiendo la sólida tesis jurídica del abogado Avendaño, el proyecto mall Barón definido como equipamiento mayor, era inviable de ejecutarse en dicho terreno por no enfrentar ni una vía troncal ni una expresa, acorde a lo dispuesto perentoriamente en dicha OGUC.

Sobre esta “solución” recordamos lo acontecido con el proyecto inmobiliario, también de alta carga de ocupación, por lo tanto equipamiento mayor, denominado Costanera Center, emplazado en la comuna de Providencia, región metropolitana de Santiago. El DOM respectivo, funcionario municipal vitalicio, en conocimiento que el proyecto tenía una altísima afluencia de público y en aquella época la OGUC exigía que este tipo de proyectos debían enfrentar solo vías expresas, lo que no sucedía, igual le otorgó un permiso de edificación a la empresa de Paulmann con la seguridad de que nadie se iba a percatar de su “involuntario error”.

Sobre la marcha, la Fundación Defendamos la Ciudad le representó al Seremi de Vivienda y Urbanismo esta atroz incorrección y el gobierno de entonces, en una rápida operación, modificó la OGUC publicándola en el Diario Oficial con previa toma de razón de la Contraloría General de la República. A partir de esa fecha, se declaró “solemnemente” que los equipamientos mayores pueden enfrentar ya sea vías troncales como expresas y así Costanera Center está funcionando.

En otro orden de materias, ya que ese diario de circulación nacional, en su crónica habla de urbanistas consultados, se debe tener presente que en Chile, país en donde operan solo las fuerzas del mercado en materias de ciudad, las numerosas universidades existentes, ya sea públicas como privadas, no otorgan el título profesional de urbanista. En esas instituciones educacionales se otorgan solo los grados de arquitectos y claro, muchos de ellos cursan después de sus titulaciones, estudios de magister o doctorado con investigaciones en temas específicos, por lo tanto careciendo de los conocimientos básicos para ejercer la profesión de urbanista.

Es posible que alguno de los arquitectos que emitieron juicios en El Mercurio sobre el porvenir del terreno en el cual no se pudo emplazar el mall Barón, sean urbanistas con efectiva formación en la disciplina, lo que no sabemos y en tal sentido, en esta columna, dejamos de manifiesto que conocemos a un arquitecto y urbanista chileno. Se trata de Jonás Fiqueroa, urbanista de verdad con estudios y ejercicio laboral en planificación y diseño urbano en España, quien ha obtenido galardones internacionales como integrante de equipos profesionales.

Figueroa se formó en la profesión de urbanista en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que imparte estudios formales en planificación urbana entregando el título correspondiente, necesario para ejercer esa profesión en la administración municipal española y por ende, en Europa. Este urbanista en la actualidad, junto a su labor docente en la Usach, es asesor de publicaciones tanto españolas como argentinas y además frecuentemente es invitado a dictar charlas y cursos en algunos países.

Finalmente, esperamos que el extenso terreno de la EPV que, por su estratégica localización, tiene un alto precio en el mercado, se le entregue en propiedad en este gobierno a la municipalidad de Valparaíso para que así su Alcalde, con el apoyo del Concejo Municipal, decidan democráticamente, por lo tanto con un proceso de efectiva participación ciudadana, qué tipo de actividad de bien público se ejecutará con un aporte monetario del gobierno central. Ello será posible debido a que Merval (empresa Metro de Valparaíso) ya está haciendo los estudios para soterrar la vía férrea en el sector, tal como sucede en Viña del Mar, de tal forma de posibilitar que los futuros equipamientos comerciales enfrenten las vías idóneas.

Para ello es indispensable que haya un soporte económico para asegurar la mantención en el tiempo del proyecto que allí se desarrollará y en tal sentido sería de muy buen gusto que alguno de los grupos económicos que tanto han crecido en democracia se comprometa a financiar su conservación por unos 30 años. En una de esas, el padrino podría ser el controlador de Falabella o bien Angelini, Luksic, Matte, Ponce Lerou, Yarur, Saieh, Paulmann o cualquier otro, incluso Piñera, de aquellos prohombres que figuran en la revista Forbes.