Los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet han estado cargados de novedades a última hora, como pasó con el proyecto de Nueva Constitución. Pero también el cierre de Punta Peuco ha sido un tema bastante mencionado, por el posible traslado de los criminales de lesa humanidad. Aunque en materia de reparación a las víctimas de prisión y tortura en dictadura no se ha visto mayor interés del Ejecutivo.
Recién el martes pasado La Moneda ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados el cual compromete un bono único de $3 millones en cuotas anuales como medida de reparación hacia los ex presos políticos.
Pero las organizaciones que agrupan a las víctimas lo consideran tan sólo como un saludo a la bandera. Tenían un petitorio de diez puntos en el que buscaban que se levantara el secreto Valech al público, una comisión calificadora permanente para determinar la entrega de pensiones, entre otras exigencias.
La decepción es transversal entre estas personas. En conversación con nuestro medio, Patricio Rivera, presidente del Movimiento de Ex Presos Políticos Autónomos, evaluó de mala manera la gestión de Michelle Bachelet en la materia.
“Hizo promesas que han sido incumplidas, en los dos gobiernos. Quedamos estancados con la situación de los Derechos Humanos. Se creó una subsecretaría que supuestamente iba a agilizar estos procesos y nada. Asistí a muchas de estas reuniones y eran fallidas, sin ningún norte”, expresó.
En tanto, respecto de si cree que en los pocos días restantes que le quedan al gobierno de la Nueva Mayoría podría haber novedades, mostró su escepticismo, tomando en cuenta el antecedente del bono, algo que evalúa como poca cosa.
“Determinamos agotar las últimas posibilidades de que el gobierno recapacite y haga un decreto ley, el que podría cambiar la situación, siempre que esté de acuerdo al artículo 60.147 de Naciones Unidos, que se refiere a la reparación a las víctimas y sobrevivientes de prisión y tortura”, añadió.
Por otro lado, si bien durante los cuatro años de gobierno fue uno de los que más presionó al Ejecutivo para que las medidas relacionadas con Derechos Humanos avanzaran, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), manifestó que todavía se puede esperar algo más.
“Aún faltan días para que termine su mandato. Ahí vamos a evaluar cómo fue la gestión de Bachelet en materia de Derechos Humanos, sobre todo porque estamos esperando algo que había prometido, que fue cerrar Punta Peuco. La evaluación va a ser muy distinta si lo hace o no”, dijo.
Pese a que estarán atentos a cualquier novedad durante los últimos días de esta gestión de Bachelet, señalan que una vez iniciado el período de Sebastián Piñera las gestiones deben continuar hasta que el Estado asegure una reparación digna para los ex presos políticos.
Los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet han estado cargados de novedades a última hora, como pasó con el proyecto de Nueva Constitución. Pero también el cierre de Punta Peuco ha sido un tema bastante mencionado, por el posible traslado de los criminales de lesa humanidad. Aunque en materia de reparación a las víctimas de prisión y tortura en dictadura no se ha visto mayor interés del Ejecutivo.
Recién el martes pasado La Moneda ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados el cual compromete un bono único de $3 millones en cuotas anuales como medida de reparación hacia los ex presos políticos.
Pero las organizaciones que agrupan a las víctimas lo consideran tan sólo como un saludo a la bandera. Tenían un petitorio de diez puntos en el que buscaban que se levantara el secreto Valech al público, una comisión calificadora permanente para determinar la entrega de pensiones, entre otras exigencias.
La decepción es transversal entre estas personas. En conversación con nuestro medio, Patricio Rivera, presidente del Movimiento de Ex Presos Políticos Autónomos, evaluó de mala manera la gestión de Michelle Bachelet en la materia.
“Hizo promesas que han sido incumplidas, en los dos gobiernos. Quedamos estancados con la situación de los Derechos Humanos. Se creó una subsecretaría que supuestamente iba a agilizar estos procesos y nada. Asistí a muchas de estas reuniones y eran fallidas, sin ningún norte”, expresó.
En tanto, respecto de si cree que en los pocos días restantes que le quedan al gobierno de la Nueva Mayoría podría haber novedades, mostró su escepticismo, tomando en cuenta el antecedente del bono, algo que evalúa como poca cosa.
“Determinamos agotar las últimas posibilidades de que el gobierno recapacite y haga un decreto ley, el que podría cambiar la situación, siempre que esté de acuerdo al artículo 60.147 de Naciones Unidos, que se refiere a la reparación a las víctimas y sobrevivientes de prisión y tortura”, añadió.
Por otro lado, si bien durante los cuatro años de gobierno fue uno de los que más presionó al Ejecutivo para que las medidas relacionadas con Derechos Humanos avanzaran, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), manifestó que todavía se puede esperar algo más.
“Aún faltan días para que termine su mandato. Ahí vamos a evaluar cómo fue la gestión de Bachelet en materia de Derechos Humanos, sobre todo porque estamos esperando algo que había prometido, que fue cerrar Punta Peuco. La evaluación va a ser muy distinta si lo hace o no”, dijo.
Pese a que estarán atentos a cualquier novedad durante los últimos días de esta gestión de Bachelet, señalan que una vez iniciado el período de Sebastián Piñera las gestiones deben continuar hasta que el Estado asegure una reparación digna para los ex presos políticos.
Los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet han estado cargados de novedades a última hora, como pasó con el proyecto de Nueva Constitución. Pero también el cierre de Punta Peuco ha sido un tema bastante mencionado, por el posible traslado de los criminales de lesa humanidad. Aunque en materia de reparación a las víctimas de prisión y tortura en dictadura no se ha visto mayor interés del Ejecutivo.
Recién el martes pasado La Moneda ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados el cual compromete un bono único de $3 millones en cuotas anuales como medida de reparación hacia los ex presos políticos.
Pero las organizaciones que agrupan a las víctimas lo consideran tan sólo como un saludo a la bandera. Tenían un petitorio de diez puntos en el que buscaban que se levantara el secreto Valech al público, una comisión calificadora permanente para determinar la entrega de pensiones, entre otras exigencias.
La decepción es transversal entre estas personas. En conversación con nuestro medio, Patricio Rivera, presidente del Movimiento de Ex Presos Políticos Autónomos, evaluó de mala manera la gestión de Michelle Bachelet en la materia.
“Hizo promesas que han sido incumplidas, en los dos gobiernos. Quedamos estancados con la situación de los Derechos Humanos. Se creó una subsecretaría que supuestamente iba a agilizar estos procesos y nada. Asistí a muchas de estas reuniones y eran fallidas, sin ningún norte”, expresó.
En tanto, respecto de si cree que en los pocos días restantes que le quedan al gobierno de la Nueva Mayoría podría haber novedades, mostró su escepticismo, tomando en cuenta el antecedente del bono, algo que evalúa como poca cosa.
“Determinamos agotar las últimas posibilidades de que el gobierno recapacite y haga un decreto ley, el que podría cambiar la situación, siempre que esté de acuerdo al artículo 60.147 de Naciones Unidos, que se refiere a la reparación a las víctimas y sobrevivientes de prisión y tortura”, añadió.
Por otro lado, si bien durante los cuatro años de gobierno fue uno de los que más presionó al Ejecutivo para que las medidas relacionadas con Derechos Humanos avanzaran, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), manifestó que todavía se puede esperar algo más.
“Aún faltan días para que termine su mandato. Ahí vamos a evaluar cómo fue la gestión de Bachelet en materia de Derechos Humanos, sobre todo porque estamos esperando algo que había prometido, que fue cerrar Punta Peuco. La evaluación va a ser muy distinta si lo hace o no”, dijo.
Pese a que estarán atentos a cualquier novedad durante los últimos días de esta gestión de Bachelet, señalan que una vez iniciado el período de Sebastián Piñera las gestiones deben continuar hasta que el Estado asegure una reparación digna para los ex presos políticos.
