La abogada de la familia del comunero mapuche Alex Lemún, calificó como un paso importante la decisión del Estado de Chile de reconocer su responsabilidad en la muerte del joven ocurrida en 2002. María Leoni precisó que la admisión de culpabilidad por parte del poder Ejecutivo también termina con las condiciones de impunidad en la que se encuentra el asesinato ocurrido en 2002.
El 12 de noviembre de ese año, Alex Lemún, de 17 años, recibió un balazo en la cabeza propiciado por el oficial de Carabineros Marco Treuer durante una acción de recuperación territorial.
A pesar de su involucramiento en la muerte del joven, Treuer recibió solo un día de sanción y continuó sirviendo en la institución. La justicia señaló que la muerte de Alex se había tratado de un caso de violencia excesiva por parte de los Carabineros, por lo que se declaró incompetente y el caso fue derivado a la Justicia Militar que sobreseyó la causa. Esto resultó en la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006. El año pasado y producto de esta presentación, la Corte Suprema ordenó que la justicia ordinaria procediera a la reapertura de la investigación.
La abogada de la familia María Leoni, aseveró que el reconocimiento de responsabilidad deriva también en el cumplimiento de una serie de medidas, recomendaciones realizadas el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La profesional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) agregó que el caso de Alex Lemún no es aislado, que este tipo de hechos no puede volver a pasar y que no pueden permitirse operativos en los que la fuerza policial procede con total impunidad.
Entre las medidas implementadas por el Estado se encuentra la aprobación de un Decreto Presidencial sobre uso de la fuerza pública e impulsar un proceso con participación de la sociedad civil en el cual se revisen los protocolos existentes y adecuarlos a estándares internacionales. Tanto Carabineros como el ministerio del Interior tendrán que reportar anualmente estadísticas sistematizadas relativas a lesiones y muertes como consecuencia del uso de la fuerza.
También, integrantes de la policía uniformada que actúan en la región de la Araucanía, deberán recibir capacitaciones en Derechos Humanos y los funcionarios del Poder Judicial cursos de formación aplicables a la investigación, juzgamiento y sanción de episodios violentos cometidos por agentes estatales.
La abogada de la familia de Alex Lemún, María Leoni afirmó finalmente que estas medidas deben ser asumidas por el nuevo gobierno e incluirlas en su anunciado acuerdo Araucanía.
La abogada de la familia del comunero mapuche Alex Lemún, calificó como un paso importante la decisión del Estado de Chile de reconocer su responsabilidad en la muerte del joven ocurrida en 2002. María Leoni precisó que la admisión de culpabilidad por parte del poder Ejecutivo también termina con las condiciones de impunidad en la que se encuentra el asesinato ocurrido en 2002.
El 12 de noviembre de ese año, Alex Lemún, de 17 años, recibió un balazo en la cabeza propiciado por el oficial de Carabineros Marco Treuer durante una acción de recuperación territorial.
A pesar de su involucramiento en la muerte del joven, Treuer recibió solo un día de sanción y continuó sirviendo en la institución. La justicia señaló que la muerte de Alex se había tratado de un caso de violencia excesiva por parte de los Carabineros, por lo que se declaró incompetente y el caso fue derivado a la Justicia Militar que sobreseyó la causa. Esto resultó en la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006. El año pasado y producto de esta presentación, la Corte Suprema ordenó que la justicia ordinaria procediera a la reapertura de la investigación.
La abogada de la familia María Leoni, aseveró que el reconocimiento de responsabilidad deriva también en el cumplimiento de una serie de medidas, recomendaciones realizadas el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La profesional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) agregó que el caso de Alex Lemún no es aislado, que este tipo de hechos no puede volver a pasar y que no pueden permitirse operativos en los que la fuerza policial procede con total impunidad.
Entre las medidas implementadas por el Estado se encuentra la aprobación de un Decreto Presidencial sobre uso de la fuerza pública e impulsar un proceso con participación de la sociedad civil en el cual se revisen los protocolos existentes y adecuarlos a estándares internacionales. Tanto Carabineros como el ministerio del Interior tendrán que reportar anualmente estadísticas sistematizadas relativas a lesiones y muertes como consecuencia del uso de la fuerza.
También, integrantes de la policía uniformada que actúan en la región de la Araucanía, deberán recibir capacitaciones en Derechos Humanos y los funcionarios del Poder Judicial cursos de formación aplicables a la investigación, juzgamiento y sanción de episodios violentos cometidos por agentes estatales.
La abogada de la familia de Alex Lemún, María Leoni afirmó finalmente que estas medidas deben ser asumidas por el nuevo gobierno e incluirlas en su anunciado acuerdo Araucanía.
La abogada de la familia del comunero mapuche Alex Lemún, calificó como un paso importante la decisión del Estado de Chile de reconocer su responsabilidad en la muerte del joven ocurrida en 2002. María Leoni precisó que la admisión de culpabilidad por parte del poder Ejecutivo también termina con las condiciones de impunidad en la que se encuentra el asesinato ocurrido en 2002.
El 12 de noviembre de ese año, Alex Lemún, de 17 años, recibió un balazo en la cabeza propiciado por el oficial de Carabineros Marco Treuer durante una acción de recuperación territorial.
A pesar de su involucramiento en la muerte del joven, Treuer recibió solo un día de sanción y continuó sirviendo en la institución. La justicia señaló que la muerte de Alex se había tratado de un caso de violencia excesiva por parte de los Carabineros, por lo que se declaró incompetente y el caso fue derivado a la Justicia Militar que sobreseyó la causa. Esto resultó en la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006. El año pasado y producto de esta presentación, la Corte Suprema ordenó que la justicia ordinaria procediera a la reapertura de la investigación.
La abogada de la familia María Leoni, aseveró que el reconocimiento de responsabilidad deriva también en el cumplimiento de una serie de medidas, recomendaciones realizadas el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La profesional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) agregó que el caso de Alex Lemún no es aislado, que este tipo de hechos no puede volver a pasar y que no pueden permitirse operativos en los que la fuerza policial procede con total impunidad.
Entre las medidas implementadas por el Estado se encuentra la aprobación de un Decreto Presidencial sobre uso de la fuerza pública e impulsar un proceso con participación de la sociedad civil en el cual se revisen los protocolos existentes y adecuarlos a estándares internacionales. Tanto Carabineros como el ministerio del Interior tendrán que reportar anualmente estadísticas sistematizadas relativas a lesiones y muertes como consecuencia del uso de la fuerza.
También, integrantes de la policía uniformada que actúan en la región de la Araucanía, deberán recibir capacitaciones en Derechos Humanos y los funcionarios del Poder Judicial cursos de formación aplicables a la investigación, juzgamiento y sanción de episodios violentos cometidos por agentes estatales.
La abogada de la familia de Alex Lemún, María Leoni afirmó finalmente que estas medidas deben ser asumidas por el nuevo gobierno e incluirlas en su anunciado acuerdo Araucanía.
