Denuncia ante la CIDH contra el Estado de Chile por incumplimiento en investigar y sancionar la tortura

Lo anterior se funda en que la mayoría de los 40.000 casos de tortura permanecen en impunidad, y de todos los organismos estatales de protección de los derechos humanos, no hay ninguno que se reconozca con la competencia para interponer querellas, así como de asistir jurídica y socialmente a los sobrevivientes y/o familiares.

Tampoco el poder judicial ha iniciado de oficio investigaciones relacionadas a la tortura. Ni la recientemente creada Subsecretaría de Derechos Humanos, ni durante años el Congreso Nacional, ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos -que desde 2010 es custodio de los archivos Valech-, han tomado la iniciativa para cambiar esta realidad.

A lo anterior se suma el infructuoso diálogo exigido por las organizaciones de derechos humanos a partir de movilizaciones sostenidas desde hace varios años, en las que las autoridades hicieron caso omiso a la mayor parte de las demandas planteadas por las Agrupaciones.

Un último aspecto de la denuncia es el secreto de 50 años de los Archivos de la Comisión Valech I, los que ocultan una base de datos que cruza información sobre estos crímenes, como identidad de torturadores, lugares y otros datos. Esto no sólo vulnera el derecho colectivo e individual a la verdad, sino que también obstaculiza el desarrollo de investigaciones que por iniciativa propia han impulsado algunos sobrevivientes, amparando la impunidad de los torturadores.

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