“La movilidad de personas entre órganos del Estado y el sector privado es un motivo de preocupación en materia de conflictos del interés”. Ésta fue una de las conclusiones del ex Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción en 2015.

 Luego de los escándalos del Caso Penta y Caval, la ex presidenta Michelle Bachelet  convocó a este grupo de expertos que fueron liderados por el economista Eduardo Engel. Entre diversas propuestas por una legislación “insuficiente” en esta materia, se advirtió que los “países desarrollados han creado un conjunto de regulaciones que buscan asegurar la imparcialidad e independencia de las autoridades y funcionarios,  protegiendo el interés común y la confianza de la ciudadanía en el sector público”.

Esta semana se sumó un caso para analizar la llamada “puerta giratoria”.  María Ignacia Benítez, ex ministra de medio ambiente en la primera administración de Sebastián Piñera, es una de las cartas para asumir como directora independiente de Barrick en Canadá.

Este lunes, la empresa destacó la trayectoria de la ex autoridad y argumentó que “proporcionará un conocimiento inestimable de una región donde Barrick tiene importantes intereses a largo plazo, incluidas operaciones y proyectos en Argentina, Chile, República Dominicana y Perú”.

Esos intereses en Chile se relacionan con el futuro del proyecto minero binacional  Pascua Lama (Chile-Argentina) que  en nuestro país, la Superintendencia de Medio Ambiente decretó su cierre definitivo.

Por esta la razón, el anuncio sobre María Ignacia Benítez, propuesta que sería votada en la próxima junta anual de accionistas de Barrick Gold, provocó preocupación en la comunidad del Valle del Huasco.

Constanza San Juan, vocera de la agrupación SOS Huasco, lamentó que esta práctica de “puerta giratoria” está presente hace mucho tiempo.

“En esta práctica se ve tráfico de información, presiones y otras áreas que rayan en la corrupción. Llama la atención este nombramiento, a 10 días del cambio de gobierno. Lo vemos como  una gestión de la empresa Barrick  para facilitar y viabilizar todos los proyectos que tiene en carpeta  y sobretodo, el que ha tenido más problemas, Pascua Lama” agregó.

Sobre el posible objetivo de la llegada de Benítez a este cargo, Constanza San Juan no tiene dudas: se busca influir en el nuevo gobierno de Sebastián Piñera. “Sobre todo por la trayectoria de la ex ministra al trabajar en consultoras incluso antes de ser secretaria de Estado (entre 2010 y 2014)” recordó.

La comunidad –concluyó- se ha movilizado por 18 años y seguirá atenta ante los siguientes pasos de la empresa, que según su opinión, sigue “luchando para limpiar su imagen y todo esto es parte de esa gran estrategia”.

En enero pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente confirmó el cierre. Luego del procedimiento sancionatorio, se informó sobre 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves. “Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva” explicó la autoridad.

Constanza San Juan advirtió que este escenario es “complejo” porque se suma  a otras señales. “Como el nombramiento del ministro de Minería, Baldo Prokuriza, y su defensa al sector. Además, se conoció la sanción de clausura y la empresa no está reconociendo el daño ambiental y reclama ante la justicia” mencionó la dirigente. Esto, cuando desde la misma compañía se ha reconocido que está en estudio una alternativa subterránea.

El anuncio sobre María Ignacia Benítez se suma a otros “fichajes” de la empresa canadiense. El 3 de julio de 2014, Eugenio Ortega Frei asumió como gerente de Asuntos Corporativos de Barrick Gold. Sin embargo, el ex marido de Javiera Blanco solo alcanzó a ejercer este cargo por un par de días.

Luego de diversos cuestionamientos a la familia de la ex ministra de Justicia de Michelle Bachelet, Ortega (DC) aseguró que “pese a estar convencido que no existe ninguna incompatibilidad legal o ética entre mi cargo y el de mi esposa, rechazo los cuestionamientos de los que ha sido objeto y no estoy dispuesto a ser el pretexto para que se critique de manera infundada y malintencionada su trabajo y trayectoria como servidora pública”.

Benítez y su “intromisión inaceptable”

 Uno de los temas que ha estado presente en el debate durante la última década es el impacto socio-ambiental que se produce por la instalación de diversos proyectos a lo largo del país. Por esta razón, la gestión de los ministros del área está en la mira de las organizaciones ciudadanas y movimientos regionales.

Entre 2010 y 2014, María Ignacia Benítez tuvo que manejar una intensa agenda en el área y casos emblemáticos. Las movilizaciones en Freirina que pidieron el cierre de la planta faenadora de cerdos (Agrosuper), el futuro de Hidroaysén y la revisión de proyectos termoeléctricos.

En junio de 2012, la ex secretaria de Estado se inhabilitó del Consejo de Ministros al que apelaría Endesa por el rechazo a la termoeléctrica en Punta Alcalde. ¿El argumento? Se debía a su participación en una etapa temprana del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Endesa, asegurando que de no tomar esta decisión “se perjudicaría el proceso”.

Desde Ciudadano Inteligente criticaban la falta de herramientas legales para velar por la transparencia en las decisiones del aparato gubernamental, considerando la delgada línea que separa las funciones en el área pública y privada, y que a partir del primer gobierno de Sebastián Piñera se veían más evidentes. “Se instaló la cultura del conflicto de interés” dijo Juan José Soto.

Unos meses después y luego del fallo  de la Corte Suprema contra la Central Termoeléctrica Castilla, la ingeniera  aseguró que el razonamiento de la resolución “incurre en errores” y que el pleno se pronunció sobre un área que corresponde a la institucionalidad ambiental.

El ministro vocero de la corte, Hugo Dolmestch, recalcó que “la secretaria de Estado sobrepasó la crítica, y desconoció las atribuciones que le corresponden a los tribunales de justicia”. Agregó que “constituyen una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia”. Desde algunos sectores pidieron la renuncia de Benítez, pero desde el gobierno apelaron al “legítimo derecho” a opinar.

Las organizaciones opositoras a Hidroaysén advertían que, al fin de la administración pasada de Sebastián Piñera, el Consejo de Ministros estaba “postergando” la votación del proyecto hidroeléctrico. La militante UDI indicó que Hidroaysén podía iniciar las obras, pero sería un riesgo comenzar antes de los resultados de dos estudios.

En junio de 2014, con el rechazo finalmente del Comité de ministros al iniciar un nuevo gobierno de la Nueva Mayoría, Benítez  cuestionó  la decisión. “Da la impresión que el rechazo se fundamenta en cosas muy básicas”  advirtió la ex autoridad.