Ley de Cuotas: PNUD critica desigualdad entre regiones
En líneas generales, las colectividades cumplieron con el número de candidatas que presentaron a las elecciones parlamentarias en 2017, sin embargo, hay cinco regiones y ocho distritos –además de una circunscripción- sin representación femenina.
Paula Campos
Domingo 25 de marzo 2018 18:23 hrs.
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2017 fue la primera elección parlamentaria con exigencia de cuotas, antes, en 2015, el país daba un paso decisivo con la aprobación de la Ley Nº 20.840 que “sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional”. En esa reforma se incluyó un principio de equilibrio de género, estableciendo que en las listas de candidaturas a senadores y diputados ningún sexo podía superar el 60 por ciento de la totalidad de las candidaturas o menos del 40 por ciento de las mismas.
A través de un análisis en la aplicación de estas ley de cuotas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe Representación política de las mujeres en el Poder Legislativo, documento en el que describió que: “Chile se había mantenido fuera de la tendencia en América Latina de incorporar medidas de acción afirmativa a nivel político y, por lo mismo, se mantenía bajo los primeros mundiales y regionales de representación femenina, siendo uno de los países de la región con menor presencia en el Congreso, pasando de un poco más del 5 por ciento en 1990 a un 15,8 por ciento en el último periodo legislativo, lo que está sustantivamente debajo del promedio mundial que es 23,5 por ciento y el de las Américas que es de 28,1 por ciento”.
Según el estudio, hoy el Congreso de la Nación cuenta con diez senadoras y 35 diputadas, aumentando los porcentajes al 23,3 por ciento en el Senado y al 22,6 por ciento en la Cámara Baja. Sin embargo, existen tres regiones sin ninguna representante en el Senado, en el caso de los Distritos, al menos ocho carecen de presencia femenina.
¿Por qué las cuotas de género?
En conversación con programa Semáforo, Elizabeth Guerrero, investigadora del área de Gobernabilidad Democrática y Cooperación Sur-Sur del PNUD, explicó que –pese a la comprensión casi mundial de la importancia de mujeres en el mundo político- hoy siguen preguntándoles por qué es necesaria la paridad.
En el informe se explica que “siendo las mujeres más del 50 por ciento de la población, es necesario que participen de un porcentaje similar en los órganos de toma de decisiones. Su exclusión de la deliberación y la toma de decisiones afecta la calidad y legitimidad del sistema democrático”.
En ese sentido, Guerrero enfatizó en que no es lo mismo pedir cuotas de grupos que paridad de género: “En el caso de los escaños reservados para pueblos originarios, por ejemplo, lo que se tendría que exigir es que también se rigieran por la ley de cuotas, porque en todas las esferas del país las mujeres somos más del cincuenta por ciento. No se puede mezclar la petición de igualdad de géneros con la de los escaños reservados para determinados grupos, no es lo mismo”.
Los avances de la ley
En Representación política de las mujeres en el Poder Legislativo se asegura que pese a que “Chile ha sido uno de los últimos países de la región en incorporar cuotas de género para las elecciones legislativas y eso ha sido determinante en la baja proporción de mujeres en el Congreso con relación a América Latina y el Caribe. Sin perjuicio de ello, esta tardanza le permitió también que la norma adoptada recogiera las lecciones aprendidas, principalmente en lo referido a la fuerza de sanción; la porcentaje considerado como mínimo de participación; y a la consideración de medidas complementarias como aquellas asociadas al financiamiento”.
Así, reconoció que se lograra revertir la desigualdad de género en la competencia electoral. Antes de las ley, los hombres ocupaban el 80 por ciento de los cupos de candidatos disponibles; En segundo lugar, explican, “este logro tan relevante como aumentar la cantidad de mujeres en competencia, permitió a su vez incrementar los porcentajes de mujeres electas”; también, se aceleró el ritmo de crecimiento en la representación política de las mujeres en el Poder Legislativo, haciéndolo en casi siete puntos porcentuales”.
La falla en el detalle
Si bien a nivel general se cumplió con la expectativa de la ley, en el desglose por territorio o por partido político, no se ve un comportamiento homogéneo para dar cumplimiento a la nueva norma.
Elizabeth Guerrero enumeró algunas de las críticas que se pueden hacer a las colectividades luego del análisis de la votación: “A nivel mundial los partidos políticos o los pactos se han mostrado resistentes a los cambios. Se cuidan entre grupos de poder, e históricamente las mujeres no forman parte de esos círculos”, Chile no está ajeno a estas prácticas.
Las resistencias se evidenciaron, por ejemplo, en los lugares a los que enviaban a competir a las candidatas. La investigadora relató algunos de esos casos: “Pasaba que grupos de izquierda enviaban nombres de mujeres a sectores como Vitacura, sabiendo que ahí no tenían ninguna chance de ganar”. También se nominó a mujeres al final de las listas para reducir sus posibilidades de ser electas.
Eso tuvo un impacto a nivel territorial: “La ley resguarda la integridad de la lista, pero no región por región o distrito a distrito, por eso en una de las siete regiones donde se elegía senadores, no hay representantes mujeres. En la Cámara de Diputados la ausencia se produce en cinco regiones y en ocho de los veintiocho distritos del país”.
En el norte se agrava el problema, siendo Arica y Parinacota la zona con menor representación femenina: “No hay senadoras ni diputadas. Hay que estudiar más por qué ocurre eso para lograr revertirlo”, apuntó la investigadora.
Otro gran problema tiene que ver con el financiamiento. Así, desde el PNUD indicaron que “en estas elecciones se evidenció la desigualdad en la que las mujeres compiten en materia de financiamiento, ya que se recibieron en promedio un 51 por ciento y 55 por ciento del aporte monetario que recibieron los hombres candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente”.
Para Elizabeth Guerrero la clave está en que existan realmente las voluntades políticas para avanzar en igualdad de representación política. En ese sentido, medidas concretas como asegurar el financiamiento, o que –efectivamente- compitan en zonas con posibilidades de ser electas, serían el camino correcto.
Guerrero comentó que como PNUD se reunieron “con todas las mujeres parlamentarias para comentarles los resultados del informe. Ellas saben que, con estas cifras, van a empezar a poder introducir materias de leyes que han estado ausentes en el Parlamento. Ese es el objetivo central de la igualdad de representación”.
2017 fue la primera elección parlamentaria con exigencia de cuotas, antes, en 2015, el país daba un paso decisivo con la aprobación de la Ley Nº 20.840 que “sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional”. En esa reforma se incluyó un principio de equilibrio de género, estableciendo que en las listas de candidaturas a senadores y diputados ningún sexo podía superar el 60 por ciento de la totalidad de las candidaturas o menos del 40 por ciento de las mismas.
A través de un análisis en la aplicación de estas ley de cuotas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe Representación política de las mujeres en el Poder Legislativo, documento en el que describió que: “Chile se había mantenido fuera de la tendencia en América Latina de incorporar medidas de acción afirmativa a nivel político y, por lo mismo, se mantenía bajo los primeros mundiales y regionales de representación femenina, siendo uno de los países de la región con menor presencia en el Congreso, pasando de un poco más del 5 por ciento en 1990 a un 15,8 por ciento en el último periodo legislativo, lo que está sustantivamente debajo del promedio mundial que es 23,5 por ciento y el de las Américas que es de 28,1 por ciento”.
Según el estudio, hoy el Congreso de la Nación cuenta con diez senadoras y 35 diputadas, aumentando los porcentajes al 23,3 por ciento en el Senado y al 22,6 por ciento en la Cámara Baja. Sin embargo, existen tres regiones sin ninguna representante en el Senado, en el caso de los Distritos, al menos ocho carecen de presencia femenina.
¿Por qué las cuotas de género?
En conversación con programa Semáforo, Elizabeth Guerrero, investigadora del área de Gobernabilidad Democrática y Cooperación Sur-Sur del PNUD, explicó que –pese a la comprensión casi mundial de la importancia de mujeres en el mundo político- hoy siguen preguntándoles por qué es necesaria la paridad.
En el informe se explica que “siendo las mujeres más del 50 por ciento de la población, es necesario que participen de un porcentaje similar en los órganos de toma de decisiones. Su exclusión de la deliberación y la toma de decisiones afecta la calidad y legitimidad del sistema democrático”.
En ese sentido, Guerrero enfatizó en que no es lo mismo pedir cuotas de grupos que paridad de género: “En el caso de los escaños reservados para pueblos originarios, por ejemplo, lo que se tendría que exigir es que también se rigieran por la ley de cuotas, porque en todas las esferas del país las mujeres somos más del cincuenta por ciento. No se puede mezclar la petición de igualdad de géneros con la de los escaños reservados para determinados grupos, no es lo mismo”.
Los avances de la ley
En Representación política de las mujeres en el Poder Legislativo se asegura que pese a que “Chile ha sido uno de los últimos países de la región en incorporar cuotas de género para las elecciones legislativas y eso ha sido determinante en la baja proporción de mujeres en el Congreso con relación a América Latina y el Caribe. Sin perjuicio de ello, esta tardanza le permitió también que la norma adoptada recogiera las lecciones aprendidas, principalmente en lo referido a la fuerza de sanción; la porcentaje considerado como mínimo de participación; y a la consideración de medidas complementarias como aquellas asociadas al financiamiento”.
Así, reconoció que se lograra revertir la desigualdad de género en la competencia electoral. Antes de las ley, los hombres ocupaban el 80 por ciento de los cupos de candidatos disponibles; En segundo lugar, explican, “este logro tan relevante como aumentar la cantidad de mujeres en competencia, permitió a su vez incrementar los porcentajes de mujeres electas”; también, se aceleró el ritmo de crecimiento en la representación política de las mujeres en el Poder Legislativo, haciéndolo en casi siete puntos porcentuales”.
La falla en el detalle
Si bien a nivel general se cumplió con la expectativa de la ley, en el desglose por territorio o por partido político, no se ve un comportamiento homogéneo para dar cumplimiento a la nueva norma.
Elizabeth Guerrero enumeró algunas de las críticas que se pueden hacer a las colectividades luego del análisis de la votación: “A nivel mundial los partidos políticos o los pactos se han mostrado resistentes a los cambios. Se cuidan entre grupos de poder, e históricamente las mujeres no forman parte de esos círculos”, Chile no está ajeno a estas prácticas.
Las resistencias se evidenciaron, por ejemplo, en los lugares a los que enviaban a competir a las candidatas. La investigadora relató algunos de esos casos: “Pasaba que grupos de izquierda enviaban nombres de mujeres a sectores como Vitacura, sabiendo que ahí no tenían ninguna chance de ganar”. También se nominó a mujeres al final de las listas para reducir sus posibilidades de ser electas.
Eso tuvo un impacto a nivel territorial: “La ley resguarda la integridad de la lista, pero no región por región o distrito a distrito, por eso en una de las siete regiones donde se elegía senadores, no hay representantes mujeres. En la Cámara de Diputados la ausencia se produce en cinco regiones y en ocho de los veintiocho distritos del país”.
En el norte se agrava el problema, siendo Arica y Parinacota la zona con menor representación femenina: “No hay senadoras ni diputadas. Hay que estudiar más por qué ocurre eso para lograr revertirlo”, apuntó la investigadora.
Otro gran problema tiene que ver con el financiamiento. Así, desde el PNUD indicaron que “en estas elecciones se evidenció la desigualdad en la que las mujeres compiten en materia de financiamiento, ya que se recibieron en promedio un 51 por ciento y 55 por ciento del aporte monetario que recibieron los hombres candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente”.
Para Elizabeth Guerrero la clave está en que existan realmente las voluntades políticas para avanzar en igualdad de representación política. En ese sentido, medidas concretas como asegurar el financiamiento, o que –efectivamente- compitan en zonas con posibilidades de ser electas, serían el camino correcto.
Guerrero comentó que como PNUD se reunieron “con todas las mujeres parlamentarias para comentarles los resultados del informe. Ellas saben que, con estas cifras, van a empezar a poder introducir materias de leyes que han estado ausentes en el Parlamento. Ese es el objetivo central de la igualdad de representación”.
2017 fue la primera elección parlamentaria con exigencia de cuotas, antes, en 2015, el país daba un paso decisivo con la aprobación de la Ley Nº 20.840 que “sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional”. En esa reforma se incluyó un principio de equilibrio de género, estableciendo que en las listas de candidaturas a senadores y diputados ningún sexo podía superar el 60 por ciento de la totalidad de las candidaturas o menos del 40 por ciento de las mismas.
A través de un análisis en la aplicación de estas ley de cuotas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe Representación política de las mujeres en el Poder Legislativo, documento en el que describió que: “Chile se había mantenido fuera de la tendencia en América Latina de incorporar medidas de acción afirmativa a nivel político y, por lo mismo, se mantenía bajo los primeros mundiales y regionales de representación femenina, siendo uno de los países de la región con menor presencia en el Congreso, pasando de un poco más del 5 por ciento en 1990 a un 15,8 por ciento en el último periodo legislativo, lo que está sustantivamente debajo del promedio mundial que es 23,5 por ciento y el de las Américas que es de 28,1 por ciento”.
Según el estudio, hoy el Congreso de la Nación cuenta con diez senadoras y 35 diputadas, aumentando los porcentajes al 23,3 por ciento en el Senado y al 22,6 por ciento en la Cámara Baja. Sin embargo, existen tres regiones sin ninguna representante en el Senado, en el caso de los Distritos, al menos ocho carecen de presencia femenina.
¿Por qué las cuotas de género?
En conversación con programa Semáforo, Elizabeth Guerrero, investigadora del área de Gobernabilidad Democrática y Cooperación Sur-Sur del PNUD, explicó que –pese a la comprensión casi mundial de la importancia de mujeres en el mundo político- hoy siguen preguntándoles por qué es necesaria la paridad.
En el informe se explica que “siendo las mujeres más del 50 por ciento de la población, es necesario que participen de un porcentaje similar en los órganos de toma de decisiones. Su exclusión de la deliberación y la toma de decisiones afecta la calidad y legitimidad del sistema democrático”.
En ese sentido, Guerrero enfatizó en que no es lo mismo pedir cuotas de grupos que paridad de género: “En el caso de los escaños reservados para pueblos originarios, por ejemplo, lo que se tendría que exigir es que también se rigieran por la ley de cuotas, porque en todas las esferas del país las mujeres somos más del cincuenta por ciento. No se puede mezclar la petición de igualdad de géneros con la de los escaños reservados para determinados grupos, no es lo mismo”.
Los avances de la ley
En Representación política de las mujeres en el Poder Legislativo se asegura que pese a que “Chile ha sido uno de los últimos países de la región en incorporar cuotas de género para las elecciones legislativas y eso ha sido determinante en la baja proporción de mujeres en el Congreso con relación a América Latina y el Caribe. Sin perjuicio de ello, esta tardanza le permitió también que la norma adoptada recogiera las lecciones aprendidas, principalmente en lo referido a la fuerza de sanción; la porcentaje considerado como mínimo de participación; y a la consideración de medidas complementarias como aquellas asociadas al financiamiento”.
Así, reconoció que se lograra revertir la desigualdad de género en la competencia electoral. Antes de las ley, los hombres ocupaban el 80 por ciento de los cupos de candidatos disponibles; En segundo lugar, explican, “este logro tan relevante como aumentar la cantidad de mujeres en competencia, permitió a su vez incrementar los porcentajes de mujeres electas”; también, se aceleró el ritmo de crecimiento en la representación política de las mujeres en el Poder Legislativo, haciéndolo en casi siete puntos porcentuales”.
La falla en el detalle
Si bien a nivel general se cumplió con la expectativa de la ley, en el desglose por territorio o por partido político, no se ve un comportamiento homogéneo para dar cumplimiento a la nueva norma.
Elizabeth Guerrero enumeró algunas de las críticas que se pueden hacer a las colectividades luego del análisis de la votación: “A nivel mundial los partidos políticos o los pactos se han mostrado resistentes a los cambios. Se cuidan entre grupos de poder, e históricamente las mujeres no forman parte de esos círculos”, Chile no está ajeno a estas prácticas.
Las resistencias se evidenciaron, por ejemplo, en los lugares a los que enviaban a competir a las candidatas. La investigadora relató algunos de esos casos: “Pasaba que grupos de izquierda enviaban nombres de mujeres a sectores como Vitacura, sabiendo que ahí no tenían ninguna chance de ganar”. También se nominó a mujeres al final de las listas para reducir sus posibilidades de ser electas.
Eso tuvo un impacto a nivel territorial: “La ley resguarda la integridad de la lista, pero no región por región o distrito a distrito, por eso en una de las siete regiones donde se elegía senadores, no hay representantes mujeres. En la Cámara de Diputados la ausencia se produce en cinco regiones y en ocho de los veintiocho distritos del país”.
En el norte se agrava el problema, siendo Arica y Parinacota la zona con menor representación femenina: “No hay senadoras ni diputadas. Hay que estudiar más por qué ocurre eso para lograr revertirlo”, apuntó la investigadora.
Otro gran problema tiene que ver con el financiamiento. Así, desde el PNUD indicaron que “en estas elecciones se evidenció la desigualdad en la que las mujeres compiten en materia de financiamiento, ya que se recibieron en promedio un 51 por ciento y 55 por ciento del aporte monetario que recibieron los hombres candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente”.
Para Elizabeth Guerrero la clave está en que existan realmente las voluntades políticas para avanzar en igualdad de representación política. En ese sentido, medidas concretas como asegurar el financiamiento, o que –efectivamente- compitan en zonas con posibilidades de ser electas, serían el camino correcto.
Guerrero comentó que como PNUD se reunieron “con todas las mujeres parlamentarias para comentarles los resultados del informe. Ellas saben que, con estas cifras, van a empezar a poder introducir materias de leyes que han estado ausentes en el Parlamento. Ese es el objetivo central de la igualdad de representación”.
