Los tratados se respetan: La argumentación de Chile en La Haya
Para este miércoles se espera la última jornada de alegatos en La Haya, donde Chile seguirá planteando el respeto a los tratados, y seguirá insistiendo que jamás se ha comprometido a ofrecer una salida soberana al mar.
Martes 27 de marzo 2018 18:59 hrs.
Este miércoles será la última jornada de alegatos en La Haya. El turno corresponde a Chile, que deberá contraargumentar la postura de Bolivia, aquella que exige la obligación de nuestro país de negociar con esta nación vecina un acceso soberano al Océano Pacífico.
El principal argumento de Bolivia ha sido apelar a los actos unilaterales de Chile a lo largo del centenario conflicto. Durante sus alegatos, se enfocaron principalmente en dos: las notas intercambiadas en 1950 entre ambas cancillerías; y el Acuerdo de Charaña de 1975, que proponía un intercambio de territorio por mar.
Desde nuestro país se considera que la demanda de Bolivia carece de fundamento jurídico, pues no se le puede exigir a un país negociar, obligándolo a ceder territorio, si los países involucrados ya establecieron sus fronteras en un tratado de común acuerdo hace más de 100 años. Negociar un acceso soberano al Océano Pacífico alteraría inevitablemente este tratado, apuntan los juristas que representan a Chile.
El pacto referenciado es el Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado por ambos países, y que fijó los límites territoriales entre las partes. Hasta el momento se encuentra en plena vigencia, subrayan desde nuestro país.
Más allá de esto, durante las dos jornadas en que Chile ha expuesto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha procurado responder jurídicamente a la argumentación boliviana.
Lo que más han hecho notar desde el lado chileno son las supuestas tergiversaciones con las que Bolivia ha narrado la historia común. Afirmaciones como “Bolivia ha sido víctima de una injusticia que surge de una relación de poder muy desigual”, o “al enclaustrar a Bolivia, Chile asume el personaje de un carcelero de un pueblo cautivo”, alimentan esta crítica por parte de Chile.
Otro punto del que nuestro país se sostiene es la acusación de doble propósito en la acción legal presentada por Bolivia ante la Corte. Al respecto se asegura que La Paz busca, por un lado, que se reconozca la obligatoriedad de negociar por parte de Chile, y por otra, un acceso directo y soberano al mar, incluso algunos suman en esta demanda la ciudad de Antofagasta.
Otro de los argumentos de Chile es la constante reformulación de la causa de Bolivia ante la corte. En ese sentido, juristas del equipo chileno han afirmado que la contraparte ha procurado volver a escribir la amplia conversación diplomática entre ambas naciones, haciendo referencia, por ejemplo, a la llamada Agenda de los 13 puntos impulsada por Evo Morales y Michelle Bachelet, donde el país vecino interpreta que “cuestión marítima” y un acceso soberano al mar son lo mismo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha salido a la palestra. Bolivia se refirió a las 11 resoluciones que según ellos constituyen una obligación de negociar por parte de Chile. Nuestro país contraargumentó indicando que la OEA solo da cuenta de intenciones políticas y no jurídicas.
“El texto de las resoluciones de la Asamblea General no utiliza la palabra obligación, solo habla de un interés regional, insta a los estados afectados a iniciar un diálogo”, afirmó la abogada argentina Mónica Pinto, miembro del equipo chileno.
También se ha planteado que Bolivia pretende instaurar derecho sobre la base de lo político, en otras palabras, se ha dicho que La Paz insta a que la Corte instaure la disposición política de Chile de conversar una obligación jurídica.
Los documentos intercambiados por ambas naciones también son objeto de polémica. Para Bolivia constituyen una obligación por parte de Chile de negociar, sin embargo, la respuesta chilena fue tajante:
“una nota o una sucesión de notas pueden plantear una obligación, pero cuando hablen de la misma cosa, cuando se hagan en los mismos términos, solo ahí puede decirse que hay un acuerdo. No cualquier intercambio de notas podría elevarse a la categoría de un tratado o un compromiso, como lo pretende Bolivia, porque acá se trata de intercambios dispersos en el tiempo”.
Sin embargo toda esta argumentación chilena no tiene validez para el presidente boliviano Evo Morales, quien declaró este martes que siente “que Chile no tiene ningún argumento para rechazar nuestro pedido de reivindicación marítima”
La madrugada de este miércoles le tocará nuevamente a Chile contraargumentar la demanda de Bolivia. Se espera que la defensa gire en torno a lo que ya se ha planteado. Principalmente, y como en jornadas anteriores, en demostrar que jamás Chile ha ofrecido su soberanía en el Océano Pacífico.
Este miércoles será la última jornada de alegatos en La Haya. El turno corresponde a Chile, que deberá contraargumentar la postura de Bolivia, aquella que exige la obligación de nuestro país de negociar con esta nación vecina un acceso soberano al Océano Pacífico.
El principal argumento de Bolivia ha sido apelar a los actos unilaterales de Chile a lo largo del centenario conflicto. Durante sus alegatos, se enfocaron principalmente en dos: las notas intercambiadas en 1950 entre ambas cancillerías; y el Acuerdo de Charaña de 1975, que proponía un intercambio de territorio por mar.
Desde nuestro país se considera que la demanda de Bolivia carece de fundamento jurídico, pues no se le puede exigir a un país negociar, obligándolo a ceder territorio, si los países involucrados ya establecieron sus fronteras en un tratado de común acuerdo hace más de 100 años. Negociar un acceso soberano al Océano Pacífico alteraría inevitablemente este tratado, apuntan los juristas que representan a Chile.
El pacto referenciado es el Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado por ambos países, y que fijó los límites territoriales entre las partes. Hasta el momento se encuentra en plena vigencia, subrayan desde nuestro país.
Más allá de esto, durante las dos jornadas en que Chile ha expuesto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha procurado responder jurídicamente a la argumentación boliviana.
Lo que más han hecho notar desde el lado chileno son las supuestas tergiversaciones con las que Bolivia ha narrado la historia común. Afirmaciones como “Bolivia ha sido víctima de una injusticia que surge de una relación de poder muy desigual”, o “al enclaustrar a Bolivia, Chile asume el personaje de un carcelero de un pueblo cautivo”, alimentan esta crítica por parte de Chile.
Otro punto del que nuestro país se sostiene es la acusación de doble propósito en la acción legal presentada por Bolivia ante la Corte. Al respecto se asegura que La Paz busca, por un lado, que se reconozca la obligatoriedad de negociar por parte de Chile, y por otra, un acceso directo y soberano al mar, incluso algunos suman en esta demanda la ciudad de Antofagasta.
Otro de los argumentos de Chile es la constante reformulación de la causa de Bolivia ante la corte. En ese sentido, juristas del equipo chileno han afirmado que la contraparte ha procurado volver a escribir la amplia conversación diplomática entre ambas naciones, haciendo referencia, por ejemplo, a la llamada Agenda de los 13 puntos impulsada por Evo Morales y Michelle Bachelet, donde el país vecino interpreta que “cuestión marítima” y un acceso soberano al mar son lo mismo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha salido a la palestra. Bolivia se refirió a las 11 resoluciones que según ellos constituyen una obligación de negociar por parte de Chile. Nuestro país contraargumentó indicando que la OEA solo da cuenta de intenciones políticas y no jurídicas.
“El texto de las resoluciones de la Asamblea General no utiliza la palabra obligación, solo habla de un interés regional, insta a los estados afectados a iniciar un diálogo”, afirmó la abogada argentina Mónica Pinto, miembro del equipo chileno.
También se ha planteado que Bolivia pretende instaurar derecho sobre la base de lo político, en otras palabras, se ha dicho que La Paz insta a que la Corte instaure la disposición política de Chile de conversar una obligación jurídica.
Los documentos intercambiados por ambas naciones también son objeto de polémica. Para Bolivia constituyen una obligación por parte de Chile de negociar, sin embargo, la respuesta chilena fue tajante:
“una nota o una sucesión de notas pueden plantear una obligación, pero cuando hablen de la misma cosa, cuando se hagan en los mismos términos, solo ahí puede decirse que hay un acuerdo. No cualquier intercambio de notas podría elevarse a la categoría de un tratado o un compromiso, como lo pretende Bolivia, porque acá se trata de intercambios dispersos en el tiempo”.
Sin embargo toda esta argumentación chilena no tiene validez para el presidente boliviano Evo Morales, quien declaró este martes que siente “que Chile no tiene ningún argumento para rechazar nuestro pedido de reivindicación marítima”
La madrugada de este miércoles le tocará nuevamente a Chile contraargumentar la demanda de Bolivia. Se espera que la defensa gire en torno a lo que ya se ha planteado. Principalmente, y como en jornadas anteriores, en demostrar que jamás Chile ha ofrecido su soberanía en el Océano Pacífico.
Este miércoles será la última jornada de alegatos en La Haya. El turno corresponde a Chile, que deberá contraargumentar la postura de Bolivia, aquella que exige la obligación de nuestro país de negociar con esta nación vecina un acceso soberano al Océano Pacífico.
El principal argumento de Bolivia ha sido apelar a los actos unilaterales de Chile a lo largo del centenario conflicto. Durante sus alegatos, se enfocaron principalmente en dos: las notas intercambiadas en 1950 entre ambas cancillerías; y el Acuerdo de Charaña de 1975, que proponía un intercambio de territorio por mar.
Desde nuestro país se considera que la demanda de Bolivia carece de fundamento jurídico, pues no se le puede exigir a un país negociar, obligándolo a ceder territorio, si los países involucrados ya establecieron sus fronteras en un tratado de común acuerdo hace más de 100 años. Negociar un acceso soberano al Océano Pacífico alteraría inevitablemente este tratado, apuntan los juristas que representan a Chile.
El pacto referenciado es el Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado por ambos países, y que fijó los límites territoriales entre las partes. Hasta el momento se encuentra en plena vigencia, subrayan desde nuestro país.
Más allá de esto, durante las dos jornadas en que Chile ha expuesto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha procurado responder jurídicamente a la argumentación boliviana.
Lo que más han hecho notar desde el lado chileno son las supuestas tergiversaciones con las que Bolivia ha narrado la historia común. Afirmaciones como “Bolivia ha sido víctima de una injusticia que surge de una relación de poder muy desigual”, o “al enclaustrar a Bolivia, Chile asume el personaje de un carcelero de un pueblo cautivo”, alimentan esta crítica por parte de Chile.
Otro punto del que nuestro país se sostiene es la acusación de doble propósito en la acción legal presentada por Bolivia ante la Corte. Al respecto se asegura que La Paz busca, por un lado, que se reconozca la obligatoriedad de negociar por parte de Chile, y por otra, un acceso directo y soberano al mar, incluso algunos suman en esta demanda la ciudad de Antofagasta.
Otro de los argumentos de Chile es la constante reformulación de la causa de Bolivia ante la corte. En ese sentido, juristas del equipo chileno han afirmado que la contraparte ha procurado volver a escribir la amplia conversación diplomática entre ambas naciones, haciendo referencia, por ejemplo, a la llamada Agenda de los 13 puntos impulsada por Evo Morales y Michelle Bachelet, donde el país vecino interpreta que “cuestión marítima” y un acceso soberano al mar son lo mismo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha salido a la palestra. Bolivia se refirió a las 11 resoluciones que según ellos constituyen una obligación de negociar por parte de Chile. Nuestro país contraargumentó indicando que la OEA solo da cuenta de intenciones políticas y no jurídicas.
“El texto de las resoluciones de la Asamblea General no utiliza la palabra obligación, solo habla de un interés regional, insta a los estados afectados a iniciar un diálogo”, afirmó la abogada argentina Mónica Pinto, miembro del equipo chileno.
También se ha planteado que Bolivia pretende instaurar derecho sobre la base de lo político, en otras palabras, se ha dicho que La Paz insta a que la Corte instaure la disposición política de Chile de conversar una obligación jurídica.
Los documentos intercambiados por ambas naciones también son objeto de polémica. Para Bolivia constituyen una obligación por parte de Chile de negociar, sin embargo, la respuesta chilena fue tajante:
“una nota o una sucesión de notas pueden plantear una obligación, pero cuando hablen de la misma cosa, cuando se hagan en los mismos términos, solo ahí puede decirse que hay un acuerdo. No cualquier intercambio de notas podría elevarse a la categoría de un tratado o un compromiso, como lo pretende Bolivia, porque acá se trata de intercambios dispersos en el tiempo”.
Sin embargo toda esta argumentación chilena no tiene validez para el presidente boliviano Evo Morales, quien declaró este martes que siente “que Chile no tiene ningún argumento para rechazar nuestro pedido de reivindicación marítima”
La madrugada de este miércoles le tocará nuevamente a Chile contraargumentar la demanda de Bolivia. Se espera que la defensa gire en torno a lo que ya se ha planteado. Principalmente, y como en jornadas anteriores, en demostrar que jamás Chile ha ofrecido su soberanía en el Océano Pacífico.
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