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Goulart, Allende y Lula, víctimas de la desmemoria y la impunidad


Lunes 16 de abril 2018 7:34 hrs.


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La arbitraria condena y posterior encarcelamiento del Lula llama a la reflexión, en tiempos en que el peso de la historia oficial distorsiona la realidad, poniendo el acento y explicando los hechos, en la perspectiva y en beneficio de las élites económicas y políticas. Dueñas además, de los principales medios de comunicación, contexto en cual difícilmente se podría esperar un poco de objetividad para representar el presente y tambien el pasado.

Y si de mala memoria se trata, quienes habitamos el continente latinoamericano  somos los campeones, porque olvidar el pasado no es solo monopolio de los chilenos y chilenas, lo que hace de la impunidad y del asesinato, de presidentes y políticos progresistas, una manera de sacar del camino a quienes estorban el paso del poder. Es tal la distorsión de la realidad, que el paso del tiempo y del olvido  hacen el resto, se encargan de  invisibilizar a compatriotas, haciendo desconocer su existencia y su aporte a la libertad y la democracia, aunque recortada, que hoy todos disfrutamos.

Cuanta basura hay debajo del manto del olvido, cuanta impunidad, cuanta mentira, condiciones propicias para que oscuros personajes ocupen, en democracia, cargos de ministros, a pesar de que su historia se vincule a la dictadura, a hechos deleznables y de triste impacto en la vida de miles de inocentes. O que, actores políticos, en este mar de historias distorsionadas, se auto levanten como poseedores de una verdad mentirosa, posando de revolucionarios o, de progresistas, habiendo engañado a un pueblo que confió en ellos o incluso, en casos, asesinando a compañeros a nombre de la revolución para mantener una cuota de insignificante poder.

Para cuantos y cuantas, por razones diferentes, hoy día, es mas beneficioso callar, ser cómplices de una historia mal contada o convenientemente relatada, acomodándose a un presente mal concebido. Se deja atrás así, un pasado y una historia, la que si no recobra su valor, seguirá, de manera distorsionada, sirviendo de base para una construcción política y social sobre cimientos débiles, encumbrando héroes con pies de barro.

Lula fue encarcelado recién hace unos días, pero no es un hecho nuevo, antes, en la historia de nuestro continente y de Brasil, paso lo mismo con otros actores y las razones de estas acciones, en contra de políticos y presidentes latinoamericanos,  son similares. La ira se despierta con decisiones y medidas como la reforma agraria a favor de los  campesinos, la entrega de derechos a los que trabajan, terminar con la brutal transformación de derechos en bienes transables en el mercado, lo que genera pobreza y desigualdad. La nacionalización de la banca,   de los recursos naturales propios, que se encontraban y encuentran en manos de grandes consorcios económicos y empresas multinacionales.

Quiénes se atrevieron a postular tales medidas a favor de la felicidad de sus pueblos fueron derrocados, encarcelados o asesinados, para citar algunos de los casos mas relevantes: Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954. Joao Goulart en Brasil en 1964. Salvador Allende en 1973 y para ser mas rigurosos con nuestra historia, un caso olvidado, Balmaceda en 1861 en Chile.[1]

Historias similares, en 1963, el entonces embajador de Estados Unidos, Lincoln Gordon, redactó un informe, un plan de contingencia para Brasil”, señalando los riesgos de la extrema izquierda e incluso, de una “intervención comunista” en el país con el apoyo de la ex – Unión Soviética y Cuba. Pero como ya lo sabemos, las razones nunca fueron estas, el punto central es que el presidente João Goulart acababa de anunciar la reforma agraria, la nacionalización de las refinerías de petróleo y el fin de la evasión de capitales, lo que genero la reacción de la derecha brasileña, del empresariado y del gobierno de EEUU de la época, derrocando a Goulart en 1964 para “salvar el orden constitucional en Brasil” instalando una cruenta dictadura militar que duro hasta 1985. [2]

Las mismas justificaciones que se usaron para acusar a Salvador Allende, incluso desde antes que este jurara como presidente, el gobierno norteamericano de la época ya había decidido derrocarlo. Hoy se sabe que en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, Richard Nixon dijo: “Haremos chillar a la economía chilena”. “¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta… Me refiero a ese hijo de puta de Allende. Vamos a aplastarlo”.

Así se ha intervenido en nuestros países y así se ha mentido, sin que hasta hoy la historia oficial muestre la verdad, en el pasado se instalaron criminales dictaduras (cívico) militares, en todo el continente. Hoy en condiciones distintas la historia se repite, sin la utilización de la fuerza militar, pero urdiendo el fraudulento impeachment legal para sacar primero a Dilma Rousseff de la presidencia y luego,  encarcelar al ex presidente Lula. Ambos victimas de una conspiración política promovida  por empresarios, jueces, políticos, militares y medios de comunicación.

Lo que queda de todo esto es un mal precedente, con la decisión de los jueces brasileños se han validado un conjunto de prácticas jurídicas, que crean un estado similar como lo fue en las pasadas dictaduras, incumpliendo las reglas de un proceso penal, inventando figuras jurídicas inexistentes y manipulando los mecanismos de la prisión preventiva. Practicas que terminaron antes con la destitución de Dilma Rousseff, al mismo tiempo, que el Congreso de la republica exoneró al presidente Michel Temer, a pesar de que en contra de este si que existen pruebas de corrupción.

En el caso de Lula, todas las evidencias así lo demuestran, los jueces federales que le condenaron, lo hicieron en un juicio viciado, sin pruebas, fabricando un fallo “en conciencia”, basado en la “convicción”, de los jueces, de que este era culpable, alterando todas las posibilidades de un debido proceso. Los jueces fallaron “en conciencia” no conforme al derecho, condenaron al ex presidente a pesar de que estos no probaron que Lula tuviera cuentas bancarias ni propiedades indebidas.

Ignoraron las (73) declaraciones que contradecían las acusaciones del testigo principal que le incrimino, el ex director de la constructora OAS, actuando bajo la figura de delación compensada, es decir habilitado para incriminar a un acusado sin pruebas y para beneficio propio, para rebajar su condena o ser exonerado de las acusaciones. Los medios, contrarios a Lula y al PT, se encargaron de condenarlo antes de tiempo, publicando opiniones de jueces y fiscales comentando los procesos que estaban bajo su jurisdicción con total parcialidad, cerrando el circulo de una grosera operación política.

La condena a Lula y la destitución de Dilma Rousseff forman parte de una estrategia política ejecutada por el poder legislativo, ratificado por una mayoría mínima del máximo órgano judicial.  Así, la perjudicada es la ya débil democracia en nuestro continente, la que a estas alturas es una suposición, ya que los poderes económicos, comprando a políticos y medios de prensa, gobiernan y se imponen a las decisiones tomadas por los ciudadanos votantes.

Todo esto nos invita a reflexionar, el olvido de la historia hace que a través de situaciones como la de Lula, se repita el pasado, porque al igual que en nuestro país, la desmemoria, gira en torno a la valoración de una transición política intencionada, que se fundamento en un pacto con la dictadura y por tanto se construyo sobre el supuesto del olvido, propagándose una reconciliación cupular e inexistente, que es como se entiende la Transición.

Lo central de todo esto es que las transiciones políticas en nuestros países, con diferencias por cierto, tienen lugar a partir del intento de provocar la amnesia colectiva, para construir un modelo de transición sobre el olvido. Estableciendo una  impunidad que protege y favorece a los sectores políticos y empresariales que participaron, financiaron y apoyaron los golpes de estado y que hoy, directa o indirectamente, en vida o a través de herederos y empresas, son participantes o dueños del capital, de espacios políticos, lo que les permite dar continuidad a los modelos económicos que construyeron a balazos.

[1] 1891 y el Presidente Balmaceda planteo nacionalizar la explotación de algunos yacimientos de salitre, en aquella época “el oro blanco”, lo que origino la reacción de empresarios británicos y políticos chilenos para impedirlo, dividiendo al ejercito y propiciando  la guerra civil.

[2]   El gobierno de Estados Unidos negó el haber intervenido en el golpe militar brasileño. Sin embargo, en los documentos que hizo publico el archivo del National Security Archive, se muestra que el golpe contra Joao Goulart contó con el apoyo de la Administración Johnson, después del asesinato del Presidente Kennedy. Johnson participó directamente en la decisión del golpe: "Me parece que debemos dar todos los pasos que podamos, estar preparados a hacer lo que necesitemos", ordenó Johnson al subsecretario de Estado, George Bail, en una conversación telefónica el mismo 31 de marzo de 1964. Horas después el presidente Goulart, marcharía al exilio.