Pese a que ocho de los once acusados en el caso Luchsinger-Mackay fueron absueltos y puestos en libertad, el sabor amargo es transversal entre los mapuches y las defensas que participaron en el juicio.

Nuestro medio conversó con Pablo Ortega, abogado de José Tralcal Coche, uno de los tres condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de lo Temuco. El profesional dio a entender que más allá de lo jurídico, existen factores políticos que influyeron en la decisión de los jueces para determinar la culpa del dirigente mapuche.

– ¿Cuál es la evaluación del veredicto?

– Creemos que es un fallo no sólo injusto, sino que también ilógico. No olvidemos que acaban de declarar terrorista a don José Tralcal y le dieron la libertad, dijeron “no es necesario dejarlo preso”, porque es una buena persona, algo así se entiende. Es sorprendente, podemos decir que los jueces no le creyeron al señor Peralino, porque si le hubieran creído estarían condenadas once personas.

– ¿Cómo se evidencia lo ilógico de la decisión del tribunal?

– Sabemos que hay pruebas distintas respecto de cuatro de esos once, entre ellos don José Tralcal, junto con Peralino, Luis Tralcal y la machi Francisca Linconao. El Ministerio Público manifestó en sus alegatos la posibilidad de que se condene solamente a estas cuatro personas. Pero la hipótesis que finalmente condena a tres sin la machi es impresionante, no vemos cómo lograron fallarlo.

– ¿Bajo la lógica de los jueces debieron ser los cuatro o ninguno?

– Dijeron que había un problema con la machi respecto de congruencia. Sin embargo este es uno de los hilos conductores, la policía tiene como eje común a la machi Linconao, la policía aseguraba que en su domicilio se realizó una reunión preparatoria del ataque, que ella habría entregado los panfletos, las capuchas, llama a las personas. Organiza, convoca y participa, es la tesis del Ministerio Público, que si bien sabemos que es falsa, se termina condenando a tres de los cuatro georreferenciados, excluyendo a la machi.

– ¿Por qué cree que sucede esto?

– Al parecer no hay sólo una presión de los poderes fácticos para que condenen a los peñis, sino que también hubo un dejo de vergüenza de los jueces que no se atrevieron a condenar a la machi. Eso es una actitud de algún modo discriminatoria hacia nuestros representados por no ser mujeres o ser machi. Si el hilo conductor era la casa de la machi y condenan sólo a tres, esto demuestra que hay una persecución contra los dirigentes históricos de las comunidades.

– ¿Por qué perseguirían a su representado?

– Durante todo el proceso se dijo abiertamente que él era dirigente. Organizó a su junta de vecinos, cooperativas campesinas, comunidades indígenas, organizó los derechos de agua en su comunidad para abastecer de hortalizas a la ciudad de Temuco. Este es un fallo en contra de los dirigentes mapuches.

– ¿El tribunal esbozó la prueba de la condena?

– No dijeron el motivo, hicieron indicaciones teóricas y abruptamente dijeron que condenaban a don José. Lo que sí dijeron es que no condenaban a la machi por temas de congruencia, que tiene que ver con que en las defensas se señaló que el tema de una reunión previa no estaba incluida en la acusación del Ministerio Público, sin embargo es esa reunión la que sitúa a mi defendido en este caso. No tiene mucha lógica, no dijeron los motivos en base a la prueba, qué sirvió para acreditar la condena.

– En un mes hay dos causas donde condenan a algunos y absuelven a otros (la otra es el caso Iglesias) ¿Qué análisis tienen con los abogados?

– Creo que influyen los poderes fácticos. Hablemos sólo del caso Luchsinger-Mackay. Aquí hay expresiones de grupos político-económicos muy importantes en el país, con vínculos con el presidente Sebastián Piñera. Los jueces saben que son los poderes políticos los que validan los ascensos.

Dentro de estos días las defensas evaluarán si acuden a una instancia superior para anular el veredicto del TOP de Temuco.