Siete oficiales en retiro del ejército fueron condenados por el ministro en visita, Miguel Vázquez Plaza, por los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del Presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
Las condenas aplicadas varían desde cinco años a 20 años de presidio, todos como coautores de los delitos anteriormente mencionados. El juez dictó la sentencia más alta de veinte años de presidio al brigadier Pedro Espinoza Bravo, como autor de los crímenes. Tras el golpe, Espinoza llegó a ser subdirector de la DINA y en la actualidad está en prisión, sentenciado a más de 500 años tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Los ex-militares Servando Maureira Roa y Jorge Herrera López deberán purgar nueve años de presidio, mientras Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura y Jorge Gamboa Álvarez fueron sentenciados a siete años, todos como coautores de homicidio calificado. A Maureira Roa y Herrera López se les aplicó, además, otros cinco años de presidio, como coautores de secuestro calificado (desaparición) de ocho de las víctimas, incluidos Arsenio Poupin y Eduardo Paredes.
Según la investigación, el día del Golpe de Estado detuvieron a colaboradores de Allende, que posteriormente fueron trasladados a un recinto militar de Peldehue, en Colina, donde fueron amarrados de pies y manos y, finalmente, ametrallados.
El abogado querellante de la causa, Miguel Yáñez, indicó a nuestro medio que más allá de la condena, la importancia de este tipo de sentencias es lograr el rompimiento del pacto de silencio que los militares aún mantienen y que obstaculiza las investigaciones.
“En esta sentencia donde se condena, se reconstruye la verdad histórica, lo que cuesta un montón, porque en estos momentos los militares siguen con el pacto de silencio, y al seguir en este pacto, cuesta a los magistrados llegar a la verdad. Entonces esta sentencia, a veces casi simbólica, por lo menos ayudan a recuperar el proceso histórico de la memoria colectiva en este país”.
También subrayó que las penas aplicadas a los violadores de derechos humanos están lejos de hacer justicia completamente, pues las condiciones carcelarias en que mantienen a los criminales son un verdadero lujo.
“En algo se hace justicia, pero lamentablemente todos estos militares siguen estando en cárceles de lujo, recibiendo pensiones millonarias, y sin embargo para avanzar en todo lo que es reparación y justicia verdadera, se debería promover un cambio en el cumplimiento de las condenas, porque si siguen en estos hoteles carcelarios, como es Punta Peuco, sigue siendo un daño para las familias de las víctimas, porque las condenas que reciban los violadores de derechos humanos deben ser ejemplificadoras”.
En el aspecto civil, el falló también dictaminó el pago de indemnizaciones para las familias de las víctimas de la dictadura.
Siete oficiales en retiro del ejército fueron condenados por el ministro en visita, Miguel Vázquez Plaza, por los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del Presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
Las condenas aplicadas varían desde cinco años a 20 años de presidio, todos como coautores de los delitos anteriormente mencionados. El juez dictó la sentencia más alta de veinte años de presidio al brigadier Pedro Espinoza Bravo, como autor de los crímenes. Tras el golpe, Espinoza llegó a ser subdirector de la DINA y en la actualidad está en prisión, sentenciado a más de 500 años tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Los ex-militares Servando Maureira Roa y Jorge Herrera López deberán purgar nueve años de presidio, mientras Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura y Jorge Gamboa Álvarez fueron sentenciados a siete años, todos como coautores de homicidio calificado. A Maureira Roa y Herrera López se les aplicó, además, otros cinco años de presidio, como coautores de secuestro calificado (desaparición) de ocho de las víctimas, incluidos Arsenio Poupin y Eduardo Paredes.
Según la investigación, el día del Golpe de Estado detuvieron a colaboradores de Allende, que posteriormente fueron trasladados a un recinto militar de Peldehue, en Colina, donde fueron amarrados de pies y manos y, finalmente, ametrallados.
El abogado querellante de la causa, Miguel Yáñez, indicó a nuestro medio que más allá de la condena, la importancia de este tipo de sentencias es lograr el rompimiento del pacto de silencio que los militares aún mantienen y que obstaculiza las investigaciones.
“En esta sentencia donde se condena, se reconstruye la verdad histórica, lo que cuesta un montón, porque en estos momentos los militares siguen con el pacto de silencio, y al seguir en este pacto, cuesta a los magistrados llegar a la verdad. Entonces esta sentencia, a veces casi simbólica, por lo menos ayudan a recuperar el proceso histórico de la memoria colectiva en este país”.
También subrayó que las penas aplicadas a los violadores de derechos humanos están lejos de hacer justicia completamente, pues las condiciones carcelarias en que mantienen a los criminales son un verdadero lujo.
“En algo se hace justicia, pero lamentablemente todos estos militares siguen estando en cárceles de lujo, recibiendo pensiones millonarias, y sin embargo para avanzar en todo lo que es reparación y justicia verdadera, se debería promover un cambio en el cumplimiento de las condenas, porque si siguen en estos hoteles carcelarios, como es Punta Peuco, sigue siendo un daño para las familias de las víctimas, porque las condenas que reciban los violadores de derechos humanos deben ser ejemplificadoras”.
En el aspecto civil, el falló también dictaminó el pago de indemnizaciones para las familias de las víctimas de la dictadura.
Siete oficiales en retiro del ejército fueron condenados por el ministro en visita, Miguel Vázquez Plaza, por los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del Presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
Las condenas aplicadas varían desde cinco años a 20 años de presidio, todos como coautores de los delitos anteriormente mencionados. El juez dictó la sentencia más alta de veinte años de presidio al brigadier Pedro Espinoza Bravo, como autor de los crímenes. Tras el golpe, Espinoza llegó a ser subdirector de la DINA y en la actualidad está en prisión, sentenciado a más de 500 años tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Los ex-militares Servando Maureira Roa y Jorge Herrera López deberán purgar nueve años de presidio, mientras Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura y Jorge Gamboa Álvarez fueron sentenciados a siete años, todos como coautores de homicidio calificado. A Maureira Roa y Herrera López se les aplicó, además, otros cinco años de presidio, como coautores de secuestro calificado (desaparición) de ocho de las víctimas, incluidos Arsenio Poupin y Eduardo Paredes.
Según la investigación, el día del Golpe de Estado detuvieron a colaboradores de Allende, que posteriormente fueron trasladados a un recinto militar de Peldehue, en Colina, donde fueron amarrados de pies y manos y, finalmente, ametrallados.
El abogado querellante de la causa, Miguel Yáñez, indicó a nuestro medio que más allá de la condena, la importancia de este tipo de sentencias es lograr el rompimiento del pacto de silencio que los militares aún mantienen y que obstaculiza las investigaciones.
“En esta sentencia donde se condena, se reconstruye la verdad histórica, lo que cuesta un montón, porque en estos momentos los militares siguen con el pacto de silencio, y al seguir en este pacto, cuesta a los magistrados llegar a la verdad. Entonces esta sentencia, a veces casi simbólica, por lo menos ayudan a recuperar el proceso histórico de la memoria colectiva en este país”.
También subrayó que las penas aplicadas a los violadores de derechos humanos están lejos de hacer justicia completamente, pues las condiciones carcelarias en que mantienen a los criminales son un verdadero lujo.
“En algo se hace justicia, pero lamentablemente todos estos militares siguen estando en cárceles de lujo, recibiendo pensiones millonarias, y sin embargo para avanzar en todo lo que es reparación y justicia verdadera, se debería promover un cambio en el cumplimiento de las condenas, porque si siguen en estos hoteles carcelarios, como es Punta Peuco, sigue siendo un daño para las familias de las víctimas, porque las condenas que reciban los violadores de derechos humanos deben ser ejemplificadoras”.
En el aspecto civil, el falló también dictaminó el pago de indemnizaciones para las familias de las víctimas de la dictadura.
