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Organizaciones llaman al gobierno a rechazar tronaduras de Isla Riesco

Alerta Isla Riesco, junto a parlamentarios y ONGs, emplazaron al gobierno a rehacer el uso de carbón y el apoyo a Mina Invierno, que insiste en su proyecto de extracción del mineral en la región de Magallanes.

Rodrigo Fuentes

  Lunes 7 de mayo 2018 20:25 hrs. 
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La agrupación ciudadana Alerta Isla Riesco, realizó un llamado al gobierno del Presidente Sebastián Piñera a no subsidiar el carbón dada las múltiples y fuertes señales que está dando para intentar reflotar el uso de tronaduras en Mina Invierno, Isla Riesco, región de Magallanes.

Recordemos que a principios de año la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región resolvió rechazar las detonaciones, sin embargo, con el cambio de mando, generó polémica el espaldarazo de la nueva administración al proyecto extractivista, emitiendo un informe favorable que permitiría implementar explosiones en la zona.

La vocera del movimiento ciudadano Alerta Isla Riesco, Javiera Stipicic, indicó que apoyar a la industria del carbón, dado sus impactos al medio ambiente, se contrapone al avance que ha mostrado Chile en relación con la responsabilidad ambiental, transición energética y la necesidad global de abandonar progresivamente los combustibles fósiles.

“Mina Invierno insiste frente a la autoridad, presentando una reclamación que busca retroceder en la decisión de rechazo a las tronaduras, en lo que hoy está en manos de este gobierno decidir si mantiene la negativa o si aprueba el uso de explosivos para extraer el carbón, que posibilita la generación de daños socioambientales y la eventual pérdida de un patrimonio paleontológico único en Chile”, afirmó.

El llamado realizado por Alerta Isla Riesco contó con el apoyo de parlamentarios y representantes de destacadas ONGs nacionales e internacionales.

En este sentido, el senador socialista, Alfonso de Urresti, emplazó al gobierno respetar las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes, quien es su fallo de enero pasado colocó a las tronaduras fuera del marco normativo.

“No puede haber una anticipación de opinión, las autoridades han sido absolutamente irresponsables al informar de una eventual luz verde a la iniciativa. Nos opusimos en su momento a la aprobación, pero aún así se pretende vulnerar y rentabilizar el negocio a costa del impacto medioambiental que genera el carbón, por tanto, hago un llamado a la comunidad a movilizarse. Lo que podamos hacer desde el parlamento lo haremos para que esto no ocurra”, argumentó.

Desde las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales presentes, manifestaron temor por el proceder que está teniendo el Ejecutivo al impulsar la validación de proyectos extractivistas. No solamente en el caso de tronaduras en Isla Riesco, sino que también en el proyecto minero-portuario Dominga.

En ambos casos, el Servicio de Evaluación Ambiental, tanto de la región de Coquimbo como de Magallanes, tendrá que decidir la continuidad de las iniciativas empresariales. Así lo manifestó el Juan Pablo Orrego, ecólogo y presidente de Ecosistemas.

“Hay una preocupación profunda a partir del anuncio de la nueva autoridad sobre un shock en la inversión. Están sacando todos los proyectos públicos y privados paralizados que se puedan. Esto es aberrante. Tú miras todo esto y pareciera que no aprendemos nada, que no hay cambio climático, que no se está derritiendo el Ártico ni desarmando la Antártica, simplemente pareciera que hay gente en altos puestos, en la toma decisiones, empresarios, que no quieren entender el tema”, argumentó.

El proyecto Mina Invierno, controlado por las familias Angelini y Von Appen, es uno de los mayores yacimientos de carbón a cielo abierto del mundo, y proyecta extraer 73 millones de toneladas del mineral en los próximos 12 años, vendiendo su producto a termoeléctricas nacionales e internacionales.

Mientras en Chile algunos abogan por la apertura de este tipo de yacimientos, Alemania, el mayor productor carbonífero de la Unión Europea, cerrará su última mina en junio próximo, poniendo fin a 250 años de historia de esta industria en ese país. La medida fue aprobada por el gobierno alemán en 2007, iniciando entonces un cierre progresivo de este tipo de yacimientos, que culmina este año con la clausura de Bottrop en la cuenca del río Ruhr.

 

 

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