La Contraloría resolvió este lunes eximir de toma de razón los actos administrativos que conceden indultos, medida que comenzará a regir a partir de este martes y tendrá duración de un año.

Los argumentos planteados apuntan a que, considerando los recursos disponibles para la fiscalización de todos los órganos que integran la Administración del Estado, exige priorizar y revisar las materias consideradas esenciales por el Contralor General.

Por ello, se decidió adoptar como medida temporal, el eximir del control preventivo de legalidad los actos administrativos sobre la materia indicada, teniendo presente los principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos humanos destinados al ejercicio de dicha potestad de control, privilegiando los controles de reemplazo.

Según la resolución de la entidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá remitir a la Contraloría General, en el mes de diciembre de 2018, una nómina que individualice todos los decretos dictados sobre la materia, con expresión de su numeración, fecha, objeto o contenido y sujetos.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas que disponga el Contralor General, en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de controlar la legalidad de los actos de la Administración y de hacer efectivas las responsabilidades que procedan.

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