Señor Director:

Hace unos meses conocí a los padres de un amigo extranjero. De la conversación surgió la mención de que mi madre era funcionaria pública, ante lo cual, y para mi sorpresa, ellos soltaron un alegre “ah, qué bien”. Algo desencajado, tuve que explicarles las precarias condiciones laborales que tienen muchos empleados públicos en Chile. Resulta que en otros países estos trabajadores tienen el doble prestigio de ser valorados socialmente por su quehacer republicano, y económicamente a través del sueldo.

Mi madre, que había llegado por concurso público y llevaba dos años trabajando a honorarios en la Seremi de Vivienda de la región de O’Higgins, hoy está siendo despedida de su puesto de trabajo junto a 5 trabajadores más. La maniobra ni siquiera fue elegante en sus formas: los llamaron a firmar su renuncia y, como nadie firmó, más tarde les presentaron la notificación de despido.

Uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, pero este ya es el segundo chapuzón que se dan mi madre y varios otros en el mismo cauce. Y es que las vueltas y vueltas de los últimos cuatro gobiernos ya nos tienen mareados. Durante el primer año del primer gobierno de Piñera, ocurrió exactamente lo mismo: miles de profesionales –entre ellos mi madre, esa vez trabajando a contrata desde hace 12 años– fueron despedidos del aparato estatal, sin ninguna coherencia respecto de las calificaciones de cada uno, para dar lugar al batallón de nuevos empleados del bando de turno.

Más allá de los despidos masivos, de las eventuales razones que puedan esgrimir o negar desde el gobierno –como la política de austeridad fiscal que lanzó el versátil ministro de Hacienda dando además una respuesta inadmisible sobre cómo lo va a hacer: “Ahí está la magia”–, de que en el segundo gobierno de Bachelet haya ocurrido algo similar o de los casos particulares de nepotismo de los principales personajes de la administración; el asunto constituye un problema mucho más profundo sobre la conformación efectiva del Estado en sus entrañas y refleja además el enfermizo entramado social y económico que sustenta a los partidos políticos. Los “militantes de base” dicen hacer política, cuando lo único que buscan es negocio. Que fulano se merece un puestecito aquí por su trabajo en la calle, que mengano necesita un sueldecito allá porque está pasando tiempos difíciles, que adjudiquémosle tal proyecto a zutano que es mi amigo. No pretendo descubrir la pólvora con esto, el asunto no tiene nada de nuevo. Es el Estado como botín que se disputa cada 4 años en dinámica plebiscitaria.

Lamentablemente, no se espera que esto mejore para nada. Pese a que es mi primer impulso, rápidamente logro asumir lo inútil e ingenuo que sería alzar banderas exigiendo una modernización del Estado que no va a llegar a tiempo. Solo me interesa hacer el punto sobre el silencio remolón de la prensa y la ausencia de debate al respecto, en definitiva, el nulo espacio que tiene el tema en la agenda mediática –dejemos aparte por ahora las responsabilidades de las asociaciones de funcionarios–. Los hechos, que probablemente ocurren en gran número, pero bajo la discreción de la pequeña escala, de cada servicio público, son apenas mencionados por algunos periodistas en clave de rumor. Los temas de fondo que revelan estos hechos rara vez son discutidos. Los titulares quedan reservados para la letanía repetitiva de cada semana. Peor aún, las pocas veces que se habla de esto, no tarda en aparecer la batería de mitos urbanos que se reproducen en los discursos de comentaristas, que los funcionarios públicos son ineficientes, que es imposible echarlos, que están apoltronados en sus sillones. No es necesario decir que es una sobre-generalización de la realidad de muy pocos. Como sea, tras un par de días muchos temas significativos dejan de ser novedad, se diluyen en el torrente de las breaking news y da la impresión de que nunca asistimos al desenlace –feliz o no– de los conflictos.