Vertido de salmones en Chiloé en 2016 fue ilegal
Así lo dictaminó la Corte Suprema. Según el falló, Directemar, Sernapesca y otros no cumplieron “tanto la normativa jurídica que regula sectorialmente las emergencias ambientales y sanitarias, así como la que se orienta directamente a la protección del medioambiente”.
Miércoles 23 de mayo 2018 19:47 hrs.
La Corte Suprema acogió este miércoles un recurso de protección presentado por pescadores artesanales, organizaciones medioambientales y ciudadanas de la región de Los Lagos por el vertimiento de más de nueve mil toneladas de salmón en el seno de Reloncaví, el año 2016.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal ordenó la adopción de una serie de medidas al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), la Dirección de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Superintendencia del Medioambiente.
Para el vocero de la organización Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, esto representa un triunfo para los habitantes, lo que ha dejado en evidencia quiénes mintieron y actuaron de manera negligente.
Recordemos que en 2016 miles de chilotes se vieron imposibilitados de continuar con la pesca, principal fuente de trabajo en la zona. La industria salmonera culpó a la alta floración de algas nocivas y al fenómeno del niño. Pero para las comunidades, la catástrofe que produjo el vertimiento fue la mayor arbitrariedad permitida.
En las principales rutas de la isla se instalaron barricadas y se produjeron enfrentamientos con carabineros, lo que fue calificado como “el chilotazo”. Desde la península no dudaron en señalar a los culpables: la industria salmonera que vertió miles de toneladas de salmones muertos, y el gobierno que lo autorizó.
Para el vocero de Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, las empresas salmoneras, el gobierno y las comunidades deben discutir las nuevas exigencias para la industria, y así no hacer de las costas de Chiloé una nueva zona de sacrificio.
Según el documento de Sernapesca, fueron seis las empresas autorizadas para verter salmones muertos en el mar chilote en 2016: AquaChile S.A., Aguas Claras S.A., Granja Marina Tornagaleones, Trusal S.A., Mar Ventisqueros S.A. y Australis S.A.
La Corte Suprema acogió este miércoles un recurso de protección presentado por pescadores artesanales, organizaciones medioambientales y ciudadanas de la región de Los Lagos por el vertimiento de más de nueve mil toneladas de salmón en el seno de Reloncaví, el año 2016.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal ordenó la adopción de una serie de medidas al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), la Dirección de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Superintendencia del Medioambiente.
Para el vocero de la organización Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, esto representa un triunfo para los habitantes, lo que ha dejado en evidencia quiénes mintieron y actuaron de manera negligente.
Recordemos que en 2016 miles de chilotes se vieron imposibilitados de continuar con la pesca, principal fuente de trabajo en la zona. La industria salmonera culpó a la alta floración de algas nocivas y al fenómeno del niño. Pero para las comunidades, la catástrofe que produjo el vertimiento fue la mayor arbitrariedad permitida.
En las principales rutas de la isla se instalaron barricadas y se produjeron enfrentamientos con carabineros, lo que fue calificado como “el chilotazo”. Desde la península no dudaron en señalar a los culpables: la industria salmonera que vertió miles de toneladas de salmones muertos, y el gobierno que lo autorizó.
Para el vocero de Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, las empresas salmoneras, el gobierno y las comunidades deben discutir las nuevas exigencias para la industria, y así no hacer de las costas de Chiloé una nueva zona de sacrificio.
Según el documento de Sernapesca, fueron seis las empresas autorizadas para verter salmones muertos en el mar chilote en 2016: AquaChile S.A., Aguas Claras S.A., Granja Marina Tornagaleones, Trusal S.A., Mar Ventisqueros S.A. y Australis S.A.
La Corte Suprema acogió este miércoles un recurso de protección presentado por pescadores artesanales, organizaciones medioambientales y ciudadanas de la región de Los Lagos por el vertimiento de más de nueve mil toneladas de salmón en el seno de Reloncaví, el año 2016.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal ordenó la adopción de una serie de medidas al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), la Dirección de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Superintendencia del Medioambiente.
Para el vocero de la organización Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, esto representa un triunfo para los habitantes, lo que ha dejado en evidencia quiénes mintieron y actuaron de manera negligente.
Recordemos que en 2016 miles de chilotes se vieron imposibilitados de continuar con la pesca, principal fuente de trabajo en la zona. La industria salmonera culpó a la alta floración de algas nocivas y al fenómeno del niño. Pero para las comunidades, la catástrofe que produjo el vertimiento fue la mayor arbitrariedad permitida.
En las principales rutas de la isla se instalaron barricadas y se produjeron enfrentamientos con carabineros, lo que fue calificado como “el chilotazo”. Desde la península no dudaron en señalar a los culpables: la industria salmonera que vertió miles de toneladas de salmones muertos, y el gobierno que lo autorizó.
Para el vocero de Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, las empresas salmoneras, el gobierno y las comunidades deben discutir las nuevas exigencias para la industria, y así no hacer de las costas de Chiloé una nueva zona de sacrificio.
Según el documento de Sernapesca, fueron seis las empresas autorizadas para verter salmones muertos en el mar chilote en 2016: AquaChile S.A., Aguas Claras S.A., Granja Marina Tornagaleones, Trusal S.A., Mar Ventisqueros S.A. y Australis S.A.
