Se ha denominado de distintas formas durante los últimos años: segunda ola exportadora, nueva transición al desarrollo, integración a la sociedad del conocimiento, modernización de nuestra estructura productiva, todos conceptos cuyo foco ha estado en el cada vez más evidente “techo” que presenta nuestra capacidad competitiva en el mercado global, para llegar a él con bienes y servicios de mayor valor agregado y, por tanto, con más calidad y mejores precios, de modo de acelerar un PIB per cápita creciente e ingresar, con todo derecho, al club de los países realmente desarrollados.

El Presidente Piñera ha insistido en el tema al constatar que, con nuestra actual calidad de la educación, Chile no llegará nunca a ser un país del primer mundo. Ha advertido así sobre las falencias que muestra la actual estructura económico-social para generar producciones con un adecuado recurso humano que nos permita abordar esa segunda ola de exportaciones o nueva transición hacia el desarrollo; una que supere el actual status de proveedor masivo de commodities en las cuatro áreas iniciales en que, en las últimas décadas, el país aprovechó exitosamente sus ventajas comparativas: minería, pesca, forestación y fruticultura.

Es cierto, durante los recientes lustros han emergido nuevos y prometedores bienes y servicios con más valor agregado, derivados de los primeros, en el área agrícola y forestal (vinos, oliva, berries, enchapados, salmones, envasados, derivados médicos, etcétera), así como interesantes avances en digitalización y puesta al día de la producción en minería, forestación, pesca, industria, servicios y finanzas. Pero se trata de áreas que, desde la perspectiva de un verdadero e inclusivo desarrollo, tienen aún tamaños marginales, por un lado; y por otro, la puesta al día productiva que ha mejorado la competitividad minera no ha modificado sustantivamente la peligrosa dependencia del bienestar económico que los chilenos tienen de esos bienes iniciales.

Una muestra de este fenómeno son las violentas oscilaciones del tipo de cambio dólar-peso -que enervan contabilidades exportadores públicas y privadas- cada vez que, por razones ajenas a las posibilidades de control económico de la autoridad (crisis geopolíticas y comerciales, especulación, altibajos de actividad de las grandes economías), sube o cae el valor del cobre, metal que aún representa un porcentaje mayoritario de los envíos al exterior y “sueldo de Chile”.

Otros productos mineros como el litio, yodo y boro, así como las reservas de las llamadas “tierras raras”, nombre común de 17 minerales no metálicos claves para la fabricación de productos de alta tecnología (pantallas planas, smartphones o automóviles eléctricos), entre los que se cuentan el escandio e itrio y otros 15 elementos del grupo de los lantánidos, pudieran ser parte de esta segunda ola, manteniendo así una estructura económica basada en la minería extractiva.

Pero la fuerte presencia de China en el suministro de estas “tierras raras”, que Beijing, importa más que exporta, siendo el principal proveedor mundial de aquellas, si bien ha disparado sus precios internacionales, aquello sucede no sólo por su alta demanda, sino por las limitaciones a los envíos de estos minerales que impone la potencia asiática, hecho que, por lo demás, provocó un reclamo conjunto ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por parte de Estados Unidos, la UE y Japón, hace un par de años. Es decir, también razones extra-mercado limitan su desarrollo. A mayor abundamiento, Chile tampoco tiene el conocimiento científico que posibilite su uso agregado, sin tener que recurrir a asociaciones con las grandes potencias económicas, lo que, a su turno, añade un lomo de toro político adicional.

Dentro del curso actual de los acontecimientos es posible que Chile pueda seguir creciendo a un ritmo relativamente mejor solo con su actual estructura productiva, mejorando la productividad en las áreas en las que el país ya es un exportador experimentado por décadas; así como en aquellos sectores no transables que presentan mayor vigor producto de una mejor demanda interna. Sin embargo, los niveles actuales de deuda empresarial, de los hogares y del Estado, limitan tales proyecciones, mientras que la llegada de ahorro externo se torna cada vez más compleja por razones políticas y de competencia por dichos capitales, hechos que ralentizan el salto en productividad deseado y que asegure un crecimiento sostenido por sobre el 3,5% o 4% anual -guarismo que el actual Gobierno tiene como meta programática (duplicar el crecimiento del Gobierno de Bachelet)- y/o superior al promedio de consenso del ritmo al que Chile podría aumentar su producto en los próximos años (2,8 por ciento).

Si bien la cifra de 3  o 3,5 por ciento no es despreciable y es, incluso, levemente mejor al ritmo de crecimiento que organismos internacionales estiman para la economía mundial (3,2 por ciento) -a condición que no haya nuevas amenazas de guerras comerciales o “calientes”, pronóstico arriesgado considerando las muchas áreas de potencial conflicto entre naciones existentes en la actualidad- no se ve como una apuesta ambiciosa, pues, a dicha velocidad, el país no logrará alcanzar un PIB per capital similar al de Portugal, sino hasta en más de una década.

Las propuestas pro inversión lanzadas por el Gobierno alientan en el sentido de disminuir los costos de instalación y desarrollo de proyectos grandes, medianos y pequeños, evitándoles una desmedida burocracia que los encarece indebidamente por las largas tramitaciones. Tal disposición de las políticas podría estimular la aceleración de planes en ciertas áreas del sector privado o en aquellos proyectos de infraestructura productiva público-privados que ayudan a una más eficiente gestión de nuestro comercio internacional. Sin embargo, sin cambios hacia un tipo de exportaciones de tercera generación seguiremos tocando el techo que nos impone una estructura económica débil en capital, tecnología, conocimiento y recurso humano.

Liberar fuerzas creativas e innovadoras en servicios turísticos (cultura, belleza, mejores ciudades), financieros y comerciales, facilitar normativamente sus adecuaciones a los nuevos sistemas de manejo digital; aprovechar la buena calidad y extensión de las telecomunicaciones para hacer de Chile plataforma de negocios para Asia y el resto de América latina; incentivar la digitalización y/o robotización de las operaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte en sectores exportadores tradicionales de menor desarrollo; mejorar productividad de las terminales portuarias y aeroportuarias, tanto en diseño interno, como en áreas de arribo y salida; mejorar carreteras y caminos productivos secundarios; construir represas de aguas cordilleranas acumuladoras de agua de riego y consumo humano, así como sistemas de distribución que eviten su actual masiva pérdida en el mar; impulsar desde el Estado joint-ventures entre capitales ángeles y grupos de emprendedores universitarios en nuevos negocios basados en ciencias con mayor valor agregado; identificar y reunir a los mas de mil doctorados actualmente sin trabajo para impulsar proyectos de mayor valor en ciencias aplicadas; apoyar inversiones en investigación en nuevos materiales, biotecnología, nanotecnología, genética, robótica, gestión digital y similares; avalar estadualmente planes innovadores en Universidades publicas y privadas mediante fondos público-privados nacionales y extranjeros; reducir trámites e impuestos a la internación de bienes de capital de última generación; atraer inmigración de post graduados europeos, indios, asiáticos en ciencias físicas y matemáticas, ingeniería, biología y/o neurociencia, son algunas acciones que podrían comenzar a cambiar la condición esencial de nuestra actual estructura económica.

Como se sabe, la actual fue concebida hace más de 40 años para ocupar al máximo nuestras riquezas naturales y generar el capital original necesario para dar un salto en el desarrollo económico. Sin embargo, esa estructura es hoy claramente insuficiente para romper el techo en el que estamos topando y alcanzar las metas de US$ 40 o US$ 50 mil per cápita que se pretende. Seguir haciendo lo mismo que hemos hecho asegura un Estado deficitario y aún más endeudado, así como ciudadanos molestos y decepcionados de lo que aquel Estado y empresas pueden hacer por ellos.