La mañana de este lunes 11 de junio, el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) leerá la sentencia contra los tres acusados por delito de incendio terrorista en el caso Luchsinger-Mackay. Los dirigentes mapuches Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche arriesgan una pena de presidio perpetuo calificado, mientras que el delator compensado José Peralino Huinca diez años y un día de cárcel. 

La Fiscalía de Temuco – liderada por el persecutor jefe Alberto Chiffelle Márquez- ha fundado su tesis acusatoria en la declaración que Peralino Huinca entregó como testigo protegido, en 2013, que ratificó como imputado pero que luego desmintió ante el Juzgado de Garantía de Temuco acusando presiones de la Policía de Investigaciones (PDI). 

En ese testimonio desmentido, Peralino aseguró que diez mapuches – de ellos ocho fueron absueltos de los cargos el 5 de mayo pasado-  participaron de una reunión en la casa de la machi Francisca Linconao previo al incendio ocurrido en la granja Lumahue, propiedad de los Luchsinger, ubicada en la comuna de Vilcún en la región de La Araucanía. 

Pero la versión del “testigo Peralino” es una de al menos otras cinco aristas que hasta hoy se encuentran abiertas y que ha manejado la Fiscalía con diligencias realizadas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y Carabineros en esta causa. 

En el informe policial n°203 elaborado por la BIPE, en diciembre de 2014 – documento al que tuvo acceso nuestro medio- se reconoce a Peralino como la “línea investigativa del testigo bajo reserva que habría participado en una reunión previa al atentado identificada como fuente humana C-40”. Como esta, se detallan las otras líneas con entrevistas de los supuestos testigos, antecedentes sobre los sindicados como participantes, algunas fotografías de los lugares y esquemas de las estrategias operativas que habrían tenido a juicio de la policía. 

Sobre esto, las diferencias entre la Fiscalía y la PDI se han dejado entrever en ambos juicios orales. Mientras que en el primer proceso que finalizó en octubre del año pasado, los peritos detallaron que todas las líneas estaban abiertas y que existían diligencias que no se habían hecho por falta de antecedentes, los persecutores afirmaron que se encontraban cerradas. 

Una vez presentada la nulidad de ese juicio, el Ministerio Público salió al paso y utilizó el término “agotadas policialmente”. Es decir, se está a la espera de que algún testigo aporte cualquier antecedente relevante para continuar con sus indagaciones. Algunos abogados se refirieron a estas aristas simplemente como abandonadas. Lo claro, es que hasta hoy no están cerradas. 

En ambos juicios orales se habló de partes de estas líneas de investigación. La siguiente información fue recopilada de la transcripción íntegra de los audios del el oficial de la PDI Carlos Villegas Pavés que se refirió al tema en el primer juicio, los antecedentes registrados el documento policial n°203 de 2014 enviado a la Fiscalía, y los datos aportados por algunas de las personas mencionadas en los informes o sus familiares que fueron contactadas por este medio.

Ortíz y el supuesto flete 

Juan Pedro Ortíz Arévalo es cuñado del machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito, a quien en el entorno familiar le decían el “Cera” por su segundo nombre. Esta línea de investigación fue trabajada en su génesis por Carabineros y luego por la PDI. 

El preinforme elaborado por el OS-9 de Carabineros de la Prefectura de Cautín de marzo de 2013 – al que nuestro medio tuvo acceso- indica que mediante una fuente cerrada obtuvieron información de dos personas que conocieron a Ortiz apodado “el Huaso”. 

En calidad de testigos protegidos, señalaron que este hombre era compañero de trabajo de uno de sus parientes y que lo contactaron porque tenía un dato de venta de chivos baratos en la comuna de Padre Las Casas. Mientras esperaban al vendedor, Ortíz les habría comentado que la noche anterior había hecho un flete a un grupo de personas en su camioneta Chevrolet Luv blanca hasta el lugar donde se produjo el incendio. Según los testigos, Ortíz también habría comentado que antes de llevarlos se habían tomado unas cervezas, incluido el machi Celestino. 

La Fiscalía recepcionó ese documento que integra la declaración de diez testigos, un set fotográfico, informe de Gendarmería, informe de visita del interno Celestino Córdova, el finiquito de Ortíz Arévalo donde se informa sobre su ausencia laboral los días 2, 3 y 4 de enero de ese año, y la transcripción de una conversación telefónica. El oficial investigador que firmó el documento, Sebastián Leiva, reconoció un grado de responsabilidad de Ortíz Arévalo en los hechos ocurridos esa noche porque habría trasladado a los presuntos autores del delito. 

En juicio oral, el oficial de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), Carlos Villegas, quien fue jefe de grupo de la investigación del caso hasta diciembre de 2013, señaló que esta línea se indagó por más de un año. 

Con las diligencias, dijo, se estableció que en el predio donde vivía Ortíz y que compartía con su primo Armando Caniupan tenían una camioneta de las mismas características que la vista en los alrededores de la granja Lumahue. Pero, agregó que tanto el dueño como su esposa dijeron que el vehículo estaba con un desperfecto técnico y no era posible que funcionara la madrugada que se produjo el incendio. Por otra parte, indicó que se analizaron las llamas telefónicas y no había ninguna llamada hecha por Celestino a la hora indicada. 

“Juan sin tierra”

Las características del caso de Juan Mariano Nahuelcura Sandoval podrían llevar a entenderlo como “otro Peralino Huinca” por el hostigamiento que denunció por parte de los policías Claudio Leiro y Guillermo Vilches. 

En el informe policial n°203 enviado a la Fiscalía, esta arista se tituló con el nombre del supuesto involucrado seguido de “Juan Sin Tierra”. Su hermano Luis Nahuelcura aseguró, en conversación con nuestro medio, que este apodo no lo usaban en el entorno familiar aunque tal vez sí entre sus amistades. La policía lo replicó en varios documentos.

La línea se inició por los antecedentes que habría entregado una persona del sector de Codopille, en la comuna de Padre Las Casas, contigua a Vilcún, que pidió proteger su identidad. Según el informe de la BIPE, esta persona habría sabido – aunque no se especifica de qué manera se enteró- que a Nahuelcura lo habían invitado a “hacer pasar un susto a los viejitos”. El objetivo no era matarlos, se precisa, y, por lo mismo, este hombre habría tenido un cargo de conciencia a tal grado que requirió iniciar un tratamiento de medicina tradicional. 

Con esos datos se informó a la Fiscalía y la PDI allanó la casa de Juan Nahuelcura el 10 de enero de 2013, ubicada en la comunidad mapuche en la misma comuna donde vivía el  testigo protegido. 

Según el testimonio de los familiares, el día del operativo ingresó un contingente policial de al menos diez carros y unos cincuenta efectivos. Durante todo el procedimiento a Juan y a su hermano Luis Nahuelcura los mantuvieron esposados.

Sin entregar mayores detalles, en octubre de ese mismo año regresaron dos PDI – uno de ellos Claudio Leiro – a la comunidad y citaron a Juan a las dependencias de esta institución en Temuco. En ese momento, él no estaba en la casa porque estaba en tratamiento con una machi en Chol Chol y se le notificó a través de sus familiares. A los días, los funcionarios volvieron a la comunidad y le dejaron 10 mil pesos a su padre, Mariano Nahuelcura Carril, para que Juan tuviera los medios suficientes para trasladarse a la citación. No se le comunicó la razón por la que lo estaban citando ni la calidad. Su hermano Luis comentó que por unos meses fueron a buscar a Juan al menos una vez por semana, entre tres a cuatro policías. 

Casi un año después, en septiembre de 2014, lo citaron nuevamente a declarar. En esa oportunidad no asistió por recomendación de su abogado y la respuesta de la PDI fue ir a  buscarlo para que prestara su testimonio. Hasta ahí a Juan Nahuelcura no le habían comunicado si la información que entregó respecto era en calidad de testigo o como imputado ni tampoco obtuvo una copia de la declaración.Tiempo después se le informó que lo había hecho como testigo. 

Lo anterior quedó plasmado en un recurso de amparo que presentó el Centro de Defensa del Sur (CIDSUR) ante la Corte de Apelaciones de Temuco por procedimiento ilegal y arbitrariedad en el uso injustificado de la fuerza. El Tribunal lo rechazó en mayo de 2015 argumentando que se trataba de una diligencia que buscaba esclarecer el delito de incendio terrorista ocurrida en la granja de los Luchsinger y encomendada al subcomisario Leiro por orden de la Fiscalía. Estimaron que no se configuró ninguna vulneración. 

En juicio, el oficial de la BIPE, Carlos Villegas, explicó que esta fue una de las nueves personas allanadas a seis días de ocurrido el incendio. A Juan Nahuelcura se sumaron Víctor Carillan, Sergio Lleuvul, Sergio Marinao, Pedro Callunao, su hermano Juan Carlos Nallunao y  Carlos Hueirao. En particular, sobre Nahuelcura el funcionario precisó que “no se logró establecer antecedentes para seguir con esta línea, queda abierta pero no se logró seguir adelante”, según consta en las transcripciones de audio. 

La enigmática llamada 

Para la fecha del incendio, José Santos Quidel Cayupan era propietario de un teléfono celular que llevó a la PDI a indagar su caso con atención. 

En el informe policial n°203, se enumera esta arista como una línea investigativa derivada del análisis del tráfico de llamadas de las antenas telefónicas. De las que se encontraban a cerca de dos kilómetros de los Luchsinger- antena en el sector General López y otra en el cerro Rahue- se registraron más de 100 mil llamadas la noche del 3 y la madrugada del 4 de enero de 2013. 

Otro detalle técnico. Del análisis del tráfico de celdas – área que cubre un transmisor a través de las antenas- se estableció que el número pertenecía a Cayupan y que tenía dos particularidades: nunca había traficado en ese lugar ni tampoco a las 1:20, 2:00 y 4:00 de la madrugada. Era una llamada entrante al número de Gloria Sandoval, su esposa, y la más próxima a la hora en que ocurrió el incendio en la granja Lumahue. Se maneja como referencia las 1:15 de la madrugada por la llamada que  hizo Vivian Mackay a su hijo Jorge Luchsinger. 

Dentro de las diligencias, señala el informe, se entrevistó a ambas personas quienes aseguraron que esa noche estuvieron en su casa con sus hijos y que ninguno tomó el celular a esa hora.  

A diciembre 2014, esta arista tenía pendiente una diligencia sobre la potencia de la señal de las llamadas que, a través del oficio 506 de la Fiscalía, los peritos pidieron en más de una oportunidad a la empresa Movistar. Pero hasta ahí no habían obtenido el informe de la compañía para nuevas pericias. 

Tres años después, durante el primer juicio oral, el funcionario representante de la BIPE sostuvo: “Obviamente esta línea está abierta y no se cerró en aquel entonces, pero hasta ahí llegamos, no habían otros antecedentes que nos hubiesen permitido seguir adelante en esta línea de investigación”. 

Una ceremonia en el cerro

“Línea investigativa testigo de oídas bajo reserva  identificada como fuente humana C-2”. Otro testigo protegido aunque por los hechos relatados en el juicio oral por los peritos, la persona se asocia a Carmen Trangol. 

En las dos declaraciones en reserva que prestó, Trangol señala que se habría mantenido oculta en los matorrales mientras un grupo de personas realizaba una ceremonia en el cerro Rahue, sector que colinda con la casa de la machi Francisca Linconao.

A partir del relato, la BIPE esboza el modus operandi de los supuestos participantes en cuatro actos: se juntan para ir al cerro a eso de las 20:00 horas del 3 de enero de 2013; portan mochilas, gorros y bultos atribuibles a armas de fuego; dos personas realizan vigilancia desde el cerro; ocurre el atentado y huyen; finalmente, uno regresa herido y es atendido por paramédicos. 

En su declaración, la mujer señaló que habría visto salir a la machi Francisca de su casa junto a Celestino Córdova, Daniel Canio, Ignacio Lleuful, Amador Lleuful y a otras personas que no logró identificar. La ceremonia aludida habría durado aproximadamente entre 15 a 20 minutos en el cerro y en la rogativa observó a Pedro Callunao, Juan Carlos Callunao, Isaul Linconao, Javier Linconao y nuevamente otras personas que dijo desconocer.

En ese momento, habría escuchado a Celestino Córdova iniciar la ceremonia pidiendo “que les fuera bien en lo que tenían que realizar”. Los otros presentes también habrían comentado “hay que hacerlo sin mirar atrás”. 

Según el informe policial, las diligencias que se realizaron sobre la base de esta versión fueron cuatro declaraciones policiales de personas que habrían atendido al herido y de la persona que habría facilitado su casa para resguardarlo. Esta última persona no reconocía su participación en los hechos. El documento también da cuenta de la intervención sin éxito a trece números telefónicos de supuestos participantes y del análisis de tráfico de llamadas y antenas. 

Con los antecedentes, la PDI informa que una vez ocurrido el incendio en la granja de los Luchsinger, Carmen Trangol vinculó la rogativa inmediatamente con el hecho.

El impedimento para seguir con esta línea, de acuerdo a lo que expuso la BIPE, fue que no coincidía con las evidencias que se encontraron en la granja Lumahue. Las palabras de Villegas en juicio fueron: “Como se dice el sitio del suceso habla, tiene una versión. Ella dice que (las personas que vio) entran caminando a la granja. No tenemos un sólo rastro de ingreso a pie”. Dijeron que el empadronamiento, los testigos, la evidencia, nada calzaba y la indagación quedó hasta ahí.

Declaración forzada

El agricultor Juan Antonio Maripil Huentecol fue allanado el mismo 4 de enero de 2013, el día del incendio. Junto a su familia eran los que vivían más próximos a la granja Lumahue, en el sector de Tres Cerros en Padre Las Casas. Ese día la PDI le tomó declaración en calidad de testigo.

El motivo del allanamiento hecho por Guillermo Vilches y Claudio Leiro a Maripil fue la cercanía que tenía su lugar de trabajo con el predio de los Luchsinger. Él trabajaba regando papas y cuidando de noche el fundo de Alan Cooper, vecino y primo de Vivian Mackay. Esa madrugada se había acostado en el potrero cuando se percató del incendio y se devolvió a su casa en moto. En el camino lo detuvieron carabineros del Gope y al pasar los familiares de los Luchsinger les señalaron que era conocido en el fundo. Horas más tarde, Maripil es allanado. 

En diciembre de ese mismo año los funcionarios policiales volvieron a su hogar por nuevas diligencias. Según da cuenta en una querella criminal que presentó Juan, Francisca Huentecol Nahuelcura y su hija María del Carmen Maripil Huentecol ante el Juzgado de Garantía de Temuco, la tarde del 5 de diciembre de 2013 los funcionarios de la PDI René Valenzuela, Luis San Martín y Sebastián Salazar ingresaron de manera violenta a su predio. A Francisca la apuntaron con un arma y ante el forcejeo y la defensa de su hija, los policías se retiraron para luego volver con refuerzo. Es ahí cuando los trasladaron hasta el cuartel policial.

Mientras a las mujeres las llevaron al baño obligándolas a desnudarse, a Juan lo interrogaron varias veces sobre la muerte del matrimonio Luchsinger- Mackay. Sobre esto último se detalla en el documento judicial: “Durante la noche fue llevado al consultorio Santa Rosa a constatar lesiones, lo que fue informado negativamente, pero de regreso al cuartel fue interrogado nuevamente. Oportunidad en que uno de ellos le dio golpes de puño en el rostro con las manos entrecruzadas y otro funcionario lo golpeó en la cabeza con un enorme libro”. 

En el informe que entregaron los funcionarios de la PDI a la Fiscalía y al Tribunal se indica que le habrían leído sus derechos, identificado como policías, que podían avisar a un familiar o abogado o guardar silencio, pero ninguna de estas actas a esa fecha se encontraba firmada. Mientras que en el acta de entrada y registro de incautación, Villegas y Leiro detallan que los artículos que se llevaron fueron: un pasamontañas, un celular, un gorro, un gorro polar, un par de bototos y una pañoleta. 

El procedimiento fue el mismo que al que sometieron a José Peralino, Juan Nahuelcura y José Cayupan, todos asociados a una arista investigativa de la causa.