El resumen histórico de Soquimich es que durante la Dictadura se entregó la otrora Estatal al entonces yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce, aduciendo que la compañía, junto con muchas otras  empresas estratégicas, no eran rentables.

Hoy, el empresario goza de jugosas utilidades, además de una eventual inmunidad judicial en Chile, lo que no hizo Estados Unidos, país que condenó a SQM por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Pese a los irregulares aportes que hizo la compañía a las campañas políticas de un variopinto sector, el gobierno de Michelle Bachelet decidió extender el contrato que permite a la minera seguir explotando salares que son propiedad de la nación siempre y cuando Julio Ponce saliera del directorio. Sin embargo, este acuerdo no se cumplió, y con manejos desde el mismo consejo de la no metálica se decidió reincorporarlo, pero ahora como asesor.

Con la idea de volver a nacionalizar Soquimich, la discusión de proyectos de ley que “descansaban” en la Comisión de Constitución son el punto de partida.

Para el presidente del Partido Progresista y ex analista de estudios en Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), Camilo Lagos, la actitud del directorio corroe la confianza pública, “por lo que hoy más que nunca urge la nacionalización de los Recursos Naturales estratégicos como el Litio”.

“Estamos hoy día por la salida completa de SQM, es una empresa que le genera daño al país, ha tenido actitudes mafiosas, por lo tanto, o se caduca ese contrato y se paga lo que haya que pagar, y se va a juicio, o bien, la compañía debe ser intervenida como política de Estado, por lo que estamos apoyando la nacionalización de la empresa minera”, afirmó.

Son tres iniciativas, entre ellas, destaca la reforma constitucional que se declara al litio como mineral de valor estratégico, no concesionable, reservando al Estado su explotación y beneficio.

La impronta nacionalizadora es compartida por el Frente Amplio, el Partido Comunista, Socialista y desde el PPD se oyen voces en esa dirección.

El jefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, indicó que se presentó un proyecto de Resolución donde se le solicita al Presidente Sebastián Piñera que envíe al Congreso una ley que expropie SQM y constituya como política de Estado la nacionalización del litio.

“Primera prioridad, la nacionalización del litio y la expropiación de Soquimich. Existen tres proyectos en el parlamento, dos de ellos son reformas constitucionales. Ya lo que hemos conocido por la familia Ponce Lerou tiene harto a Chile, ya la gente cree que no existe otro camino que no sea la nacionalización y expropiación como mecanismo para resolver lo que hemos estado constatando este último mes”, dijo.

Desde el movimiento “Litio para Chile”, valoraron esta seguidilla de acciones políticas tendientes a recuperar la minera no metálica para los chilenos. El coordinador de la organización, Miguel Soto, indicó que se están realizando una serie de protestas a nivel nacional para sensibilizar a la población.

“Actúa como un cartel y, por esa forma, fue sancionado en Estados Unidos con evidente mayor rigor que en Chile, país donde sembró la corrupción y un robo abierto a las riquezas del país en desmedro de la ciudadanía”, argumentó.

El miércoles, el movimiento “Litio para Chile”, clausuró simbólicamente las oficinas de SQM y este jueves realizó una acción protesta en plena Plaza de Armas de Santiago contra los beneficios de explotación que aún goza la minera no metálica.

En tanto desde el gobierno, a través de Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), se han dedicado a anunciar fiscalización de los detalles del contrato con SQM, donde el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, está siendo cuestionado de manera transversal por sus vínculos con parte del directorio de SQM y asesores.

A lo largo de su historia, Chile ha sido fuente de recursos naturales que abastecen el Producto Interno Bruto. Sin embargo, históricamente, quienes se comen el pedazo más grande de la torta son un reducido grupo de personas, que corresponden a grandes empresarios nacionales e internacionales, donde la vinculación con políticos de todos los sectores ha sido la estrategia para continuar con el oligopólico cartel del litio.

Corfo y su reacción para fiscalizar el acuerdo

Como una acción aislada que solo responde a la presión política y de la comunidad, calificó el diputado comunista Daniel Núñez, la serie de acciones anunciadas por ejecutivos de la Corporación de Fomento (Corfo) en torno a la extensión de contrato con la compañía SQM.

Corfo encargó un informe en derecho para que se determine, de forma jurídica, los temas de gobiernos corporativos que están involucrados, de incumplimientos contractuales, y si los contratos son, en su conjunto, un único y mismo cuerpo.

Además, la Corporación anunció que se encuentra recabando antecedentes para oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero, esto, en relación al acomodamiento de los hermanos Ponce Lerou como asesores de SQM.

La empresa no quiso entregar a la entidad pública los contratos de los hermanos y controladores de la no metálica.

La idea es que el ente regulador investigue si se cumplió el deber administrador de los ejecutivos de la minera de velar por los intereses de todos los accionistas, por el potencial daño que pueda haber ocasionado el regreso de Julio y Eugenio Ponce a la compañía.

El parlamentario Daniel Núñez indicó que Corfo solo responde con estos pequeños gestos a la presión política y ciudadana generada, sin embargo, indicó que la instancia estatal no está por terminar el contrato con la no metálica, que se extiende hasta el 2030.

El diputado del Partido Comunista insistió que desde el Congreso existen herramientas para actuar. Una de ellas -afirmó- es una reforma constitucional que crea la empresa nacional de litio y expropia las pertenencias mineras de SQM en el Salar de Atacama. Proyecto de Ley que se verá en tabla de la Comisión de Constitución la próxima semana y que eventualmente puede ser votada por el pleno de la Cámara Baja.