Ya se cumplirán 14 años desde que comenzó la investigación del Caso Riggs por el enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet Ugarte. En un fallo dividido, la Corte Suprema decretó el comiso de 5,1 millones de dólares más otras propiedades que acumuló en vida el dictador, acogiendo así el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y acreditando la “sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente al patrimonio”, según El Mercurio.
Si bien este monto no se acerca a la cantidad total que maneja la familia, desde el activismo histórico por los derechos humanos se observó con buenos ojos esta noticia.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, si bien celebró la información proveniente desde el Máximo Tribunal, lamentó que no existan “penas de cárcel”.
“Tardío, pero qué pasa, en Chile se roba, se devuelve un poco y quedan libres igual. No hablemos de la delincuencia, no hablemos de lo tremendo que es para el país la situación extra delictiva que se vive, cuando los crímenes cometidos por la dictadura se mantienen en la impunidad, el robo que hizo la dictadura se sigue manteniendo en la impunidad”, dijo.
En ese sentido, la dirigenta añadió que “en Chile se roba, usted devuelve un poco y queda libre igual”.
Carmen Hertz, diputada y conocida abogada de derechos humanos que presentó querellas contra el dictador, expresó que esto es una parte “mínima del patrimonio de la familia Pinochet”.
“Judicialmente, en el caso mismo, no hay mucho más que hacer. Insisto en que esto es una parte mínima. Toda la trama de enriquecimiento ilícito de Pinochet no va a quedar al descubierto porque sacaron al ministro que sí tenía el coraje de investigar, que es Carlos Cerda. Yo espero que este dinero, que vuelve a las arcas fiscales de donde nunca debió salir, se impute en parte al aporte reparatorio que el gobierno le retiró a los ex presos políticos y torturados”, manifestó.
Además, la abogada recalcó que este dinero “vuelve a las arcas fiscales, luego de una investigación que se inició por un informe de la subcomisión de prevención del delito del Senado de Estados Unidos, donde se descubrieron más de 100 cuentas falsas de Pinochet y la trama de empresas de papel que había creado para defraudar”.
En tanto, desde el Poder Judicial no se había tenido información alguna respecto de la oficialización del fallo. Por la tarde de este lunes, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que se declara la preocupación porque “algunos antecedentes llegaran a los medios de comunicación social con anterioridad a la determinación del tribunal que conoce el juicio, porque la protección de tal espacio de discusión es lo que justifica la existencia de normas que constituyen la excepción transitoria a la publicidad de los actos de los tribunales, hasta que las resoluciones estén firmadas y notificadas”.
Incluso, el Máximo Tribunal anunció que “procederá a estudiar la adopción de medidas que eviten la afectación de tales espacios de decisión mediante trascendidos”, con todos los votos a favor, menos el del ministro Lamberto Cisternas.
Ya se cumplirán 14 años desde que comenzó la investigación del Caso Riggs por el enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet Ugarte. En un fallo dividido, la Corte Suprema decretó el comiso de 5,1 millones de dólares más otras propiedades que acumuló en vida el dictador, acogiendo así el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y acreditando la “sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente al patrimonio”, según El Mercurio.
Si bien este monto no se acerca a la cantidad total que maneja la familia, desde el activismo histórico por los derechos humanos se observó con buenos ojos esta noticia.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, si bien celebró la información proveniente desde el Máximo Tribunal, lamentó que no existan “penas de cárcel”.
“Tardío, pero qué pasa, en Chile se roba, se devuelve un poco y quedan libres igual. No hablemos de la delincuencia, no hablemos de lo tremendo que es para el país la situación extra delictiva que se vive, cuando los crímenes cometidos por la dictadura se mantienen en la impunidad, el robo que hizo la dictadura se sigue manteniendo en la impunidad”, dijo.
En ese sentido, la dirigenta añadió que “en Chile se roba, usted devuelve un poco y queda libre igual”.
Carmen Hertz, diputada y conocida abogada de derechos humanos que presentó querellas contra el dictador, expresó que esto es una parte “mínima del patrimonio de la familia Pinochet”.
“Judicialmente, en el caso mismo, no hay mucho más que hacer. Insisto en que esto es una parte mínima. Toda la trama de enriquecimiento ilícito de Pinochet no va a quedar al descubierto porque sacaron al ministro que sí tenía el coraje de investigar, que es Carlos Cerda. Yo espero que este dinero, que vuelve a las arcas fiscales de donde nunca debió salir, se impute en parte al aporte reparatorio que el gobierno le retiró a los ex presos políticos y torturados”, manifestó.
Además, la abogada recalcó que este dinero “vuelve a las arcas fiscales, luego de una investigación que se inició por un informe de la subcomisión de prevención del delito del Senado de Estados Unidos, donde se descubrieron más de 100 cuentas falsas de Pinochet y la trama de empresas de papel que había creado para defraudar”.
En tanto, desde el Poder Judicial no se había tenido información alguna respecto de la oficialización del fallo. Por la tarde de este lunes, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que se declara la preocupación porque “algunos antecedentes llegaran a los medios de comunicación social con anterioridad a la determinación del tribunal que conoce el juicio, porque la protección de tal espacio de discusión es lo que justifica la existencia de normas que constituyen la excepción transitoria a la publicidad de los actos de los tribunales, hasta que las resoluciones estén firmadas y notificadas”.
Incluso, el Máximo Tribunal anunció que “procederá a estudiar la adopción de medidas que eviten la afectación de tales espacios de decisión mediante trascendidos”, con todos los votos a favor, menos el del ministro Lamberto Cisternas.
Ya se cumplirán 14 años desde que comenzó la investigación del Caso Riggs por el enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet Ugarte. En un fallo dividido, la Corte Suprema decretó el comiso de 5,1 millones de dólares más otras propiedades que acumuló en vida el dictador, acogiendo así el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y acreditando la “sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente al patrimonio”, según El Mercurio.
Si bien este monto no se acerca a la cantidad total que maneja la familia, desde el activismo histórico por los derechos humanos se observó con buenos ojos esta noticia.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, si bien celebró la información proveniente desde el Máximo Tribunal, lamentó que no existan “penas de cárcel”.
“Tardío, pero qué pasa, en Chile se roba, se devuelve un poco y quedan libres igual. No hablemos de la delincuencia, no hablemos de lo tremendo que es para el país la situación extra delictiva que se vive, cuando los crímenes cometidos por la dictadura se mantienen en la impunidad, el robo que hizo la dictadura se sigue manteniendo en la impunidad”, dijo.
En ese sentido, la dirigenta añadió que “en Chile se roba, usted devuelve un poco y queda libre igual”.
Carmen Hertz, diputada y conocida abogada de derechos humanos que presentó querellas contra el dictador, expresó que esto es una parte “mínima del patrimonio de la familia Pinochet”.
“Judicialmente, en el caso mismo, no hay mucho más que hacer. Insisto en que esto es una parte mínima. Toda la trama de enriquecimiento ilícito de Pinochet no va a quedar al descubierto porque sacaron al ministro que sí tenía el coraje de investigar, que es Carlos Cerda. Yo espero que este dinero, que vuelve a las arcas fiscales de donde nunca debió salir, se impute en parte al aporte reparatorio que el gobierno le retiró a los ex presos políticos y torturados”, manifestó.
Además, la abogada recalcó que este dinero “vuelve a las arcas fiscales, luego de una investigación que se inició por un informe de la subcomisión de prevención del delito del Senado de Estados Unidos, donde se descubrieron más de 100 cuentas falsas de Pinochet y la trama de empresas de papel que había creado para defraudar”.
En tanto, desde el Poder Judicial no se había tenido información alguna respecto de la oficialización del fallo. Por la tarde de este lunes, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que se declara la preocupación porque “algunos antecedentes llegaran a los medios de comunicación social con anterioridad a la determinación del tribunal que conoce el juicio, porque la protección de tal espacio de discusión es lo que justifica la existencia de normas que constituyen la excepción transitoria a la publicidad de los actos de los tribunales, hasta que las resoluciones estén firmadas y notificadas”.
Incluso, el Máximo Tribunal anunció que “procederá a estudiar la adopción de medidas que eviten la afectación de tales espacios de decisión mediante trascendidos”, con todos los votos a favor, menos el del ministro Lamberto Cisternas.
