Un mundo del que se sabe poco y que ha estado durante años en la estigmatización, es el del trabajo sexual. Día a día se puede observar en las calles de las ciudades de Chile, y pese a que ninguna ley prohíbe su actividad, las personas que la ejercen cuentan con dificultades en diferentes ámbitos.

En entrevista con Herminda González, directora de la Fundación Margen -que trabaja, precisamente, estos temas-, conversamos respecto de cómo se están preparando las personas pertenecientes a este mundo en este nuevo gobierno.

– ¿En qué están a nivel político?

Estamos trabajando una propuesta de ley con unos abogados sobre la regulación del trabajo sexual, para poder presentarlo antes de que termine el año. En ese texto están las voces de las compañeras trabajadoras sexuales, incluidas las mujeres que lo ejercen, tanto actrices porno, escorts y ambulatorias, ya que tienen que estar todas incluidas, incluidos, y no dejar a nadie afuera, que todos tengan los mismos beneficios que podría tener cualquier trabajador o trabajadora. Hoy en día las personas que ejercen este rubro no tienen cómo acreditar renta, no tienen cómo acreditar un crédito hipotecario, no tienen beneficios ni derechos a la salud, tampoco cómo jubilar.

– ¿De qué manera ayuda el Estado en estos vacíos legales?

Cada cuatro años se cambia el gobierno y hay que volver a retomar los diálogos que uno ya había avanzado; después vienen retrocesos. Estamos conociendo a las autoridades. Con los únicos que hemos tenido acercamiento de verdad es con el ministro de Salud.

– ¿Qué demanda le presentaron a Emilio Santelices?

Fue un acercamiento para solicitarle que se garantizara a las mujeres trabajadoras sexuales el acceso al condón femenino, cosa que en corto tiempo, ya se compraron. Los trajeron sobre todo para las poblaciones claves, para los Cesfam, las trabajadoras sexuales, las mujeres viviendo con VIH/Sida. Esto siempre se le estuvo pidiendo a diferentes gobiernos y no habían dado el paso de traer el condón femenino. Éramos uno de los países latinoamericanos que no lo teníamos.

– ¿Qué otras demandas le presentaron al ministro de Salud?

Le dijimos que nos hiciera enlace con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo Social para trabajar lo que se está planteando de la regularización del trabajo sexual a nivel nacional.

– ¿Qué les contestó Santelices?

Lo dejó en manos de la jefa de programa nacional de VIH (Ana María San Martín) para poder juntarnos con ellos. Además, estamos haciendo la petición de la violencia institucional que viven las trabajadoras sexuales con la policía; en este caso con Carabineros, muy represivos. Todavía hay funcionarios violentos con las mujeres, abuso de autoridad, sobre todo con las extranjeras que están indocumentadas.

– ¿Cómo ha estado la situación de allanamientos sin autorización judicial? Algo que ustedes han denunciado con anterioridad…

Nosotras, el año pasado, nos enfocamos en sensibilizar a personal de la policía, en este caso, con la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Comisaría. Y bueno, tú sabes que en este gremio lamentablemente hay de todo. Unos sí tomaron la información, la llevaron a cabo, y a otros les entró por un oído y les salió por el otro. Estuvimos también en la escuela de PDI, donde cursaban el último año los jóvenes, y capacitamos a 200 y tantos funcionarios.

– ¿Han notado cambios luego de eso?

Yo creo que en la PDI no hay tanta represión, tanto abuso. Hemos tenido un cambio tremendo, además que estamos con la subprefecta Claudia Domínguez, que está apoyando este trabajo desde la Brigada de Delitos Sexuales. Hemos tenido el apoyo de ella como mujer, es mucho más cercana que los funcionarios varones.

– ¿Con Carabineros se ha visto este avance?

En algunas situaciones. Están volviendo al abuso de poder, a la violencia innecesaria, porque ellos no deberían estar encima, deberían estar preocupados de otras situaciones de delito, en el tráfico de droga, en la explotación sexual de niños y niñas, en todo esto de los portonazos, y no estar persiguiendo a las trabajadoras que son presa más fácil para ellos, y para cumplir con lo que le pide la municipalidad.

– ¿Se han visto situaciones de abuso de poder?

Sí. Estamos viendo nuevamente el tema del abuso de poder, la violencia institucional innecesaria, como estos allanamientos por los que tú me preguntabas…

– ¿Cómo está la situación para las trabajadoras migrantes, sobre todo las que están indocumentadas?

La discriminación para ellas es mucho más grande. Las discriminan por ser negras, por ser trabajadoras sexuales y, además, por ser mujeres. Es mucho más violento el funcionario con ellas, sobre todo Carabineros. Es lo que nos comentan las compañeras cuando salimos a terreno y cuando hacemos el trabajo de campo con ellas. En este caso, nos han dicho que la PDI las respeta mucho más. Eso también se lo comentamos al ministro de Salud, que necesitamos urgente una reunión con los altos mandos.

– ¿Ha evolucionado la percepción social sobre las trabajadoras sexuales?

Yo creo que la sociedad está entendiendo que las trabajadoras sexuales no son solamente pobres, analfabetas, o que no tenían otra cosa que hacer. Hoy día sabemos que en el trabajo sexual hay mujeres con más escolaridad, profesionales, que aún no han encontrado algo en su rubro y por eso están trabajando de escort. Hoy en día tú puedes ir a una reunión y decir que eres trabajadora sexual, y no tienes que estar escondiéndolo ni poniéndote roja para poder asumir tu condición.

– ¿La principal demanda cuál sería, en ese sentido?

Mientras que no se regule el trabajo sexual, la policía no va a salir de nuestras vidas.