Organizaciones migrantes y promigrantes interpusieron un recurso de protección para revertir y detener la decisión de la Municipalidad de Santiago de desalojar una casona incendiada el pasado 18 de mayo y que es habitada por 150 personas aproximadamente.

Con la acción judicial se busca que la Corte de Apelaciones de Santiago declare ilegal la determinación de la municipalidad, amparado, sobre todo, en la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y síquica, el derecho a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Además de esto, un agravante es que la asistencia municipal a los damnificados por el incendio no consistió más que en una fuente de agua no potable instalada al exterior del recinto.

Sobre la acción de la municipalidad encabezada por su alcalde, Felipe Alessandri, Gastón Iturriaga, codirector del proyecto Migramigos señaló que “existe una serie de protocolos entregados por la ONU que orientan la actuación de los Estados en materia de desalojos forzados, los cuales no fueron seguidos por la autoridad municipal en su actuar”.

“La decisión debió haber sido adoptada con audiencia de los directamente afectados, debió haberse notificado debidamente, debió contemplar posibilidades y plazos reales de reasentamiento. Nada de eso ocurrió, por lo que esperamos que la Corte de Apelaciones pueda ordenar a la Municipalidad a que adopte un enfoque de Derechos Humanos respecto al desalojo”, concluyó.