El proyecto del Ejecutivo para modificar el sistema de pensiones estaría cerca de ser finalizado, por lo que ingresaría al Congreso los primeros días de septiembre. Sin embargo, este no incluiría el tema que concierne a los trabajadores a honorarios.

Así lo confirmó el presidente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (UNTTHE), Pablo Tapia, quien detalló que la situación de los empleados del sector se discutirá por separado, a través de una prenormativa que se enviaría para su discusión legislativa el próximo mes de agosto.

La confirmación surgió del propio ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, durante una reunión sostenida recientemente con representantes de la UNTTHE.

A partir de la operación renta 2019, con los ingresos de este año, los trabajadores tendrán la obligatoriedad de cotizar mediante la retención de la devolución de impuestos. Desde el gobierno han afirmado que el plan implica gradualidad para que los ingresos no sufran una merma tan drástica.

Para el máximo representante de los trabajadores y trabajadoras a honorarios dependientes del Estado, Pablo Tapia, ninguna de las ofertas del Ejecutivo cumple las expectativas, ya que la UNTTHE reclama una nueva prórroga de la exigencia de dos a tres años.

“Son dos proyectos totalmente independientes, uno es el que ordena el tema de la cotización obligatoria, a través de una gradualidad y el otro, que será enviado en septiembre, versa sobre reforma previsional. Ahora, a nosotros ninguna oferta que ha dado el gobierno nos tiene conforme”, afirmó.

Otra de las modificaciones que sufriría el proyecto sobre trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, sería que la cotización para las AFPs estaría relegada, siendo prioridad el aporte al sistema de salud y seguros laborales.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Coordinadora Regional del Bío Bío, Claudia Barriga, quien indicó que lo que busca el Ejecutivo es bajar el impacto al descuento que se realizará a las remuneraciones de los funcionarios que emiten boleta.

“La retención no iría directo a la AFP, porque sería muy feo que se inyecten recursos fresquitos a las administradoras y que no se nos entregue ningún derecho como contraparte, no quedamos con ningún resguardo. Por lo que ahora pondrán en primera fila es el seguro médico, pagar nuestro sistema de salud y seguros laborales que en este momento no contamos absolutamente con ninguno. Con esto lo que busca el gobierno es bajar un poco el impacto al descuento que se nos va a hacer, sin embargo, lo que nos preocupa es que seguimos siendo vulnerados en nuestros derechos”, subrayó.

Otra de las dificultades que tienen hoy los y las trabajadoras a honorarios del sector público, es que, a pesar de trabajar por años en reparticiones dependientes del Estado o municipios, no tienen ningún tipo de indemnización al momento de dejar sus funciones.

El panorama ha cambiado debido a que muchas demandas laborales de este tipo están siendo acogidas por la Corte Suprema.

En este caso el máximo tribunal ha sentado una cierta jurisprudencia respecto de los contratos a honorarios con la administración del Estado  y  cómo éstos han tenido reconocimiento judicial como relaciones laborales, con la protección legal que ello implica.

El abogado especialista en el tema y profesional que acoge las denuncias a través del sitio internet, “yoboleteo.cl”, Diego Muñoz, confirmó las diferencias que existen por fallos entre tribunales locales y la Corte Suprema.

“Estos cambios de razones que existen es porque bueno, la sentencias de la Corte Suprema dan un criterio orientador de cómo debe interpretarse la normativa laboral. Esto no necesariamente implica que los tribunales locales tengan que seguir, por decirlo así, un dogma fijo, todo lo que decide el máximo órgano jurisdiccional”, argumentó.

La serie de sentencias que han beneficiados a los trabajadores a honorarios también ha generado críticas y preocupación por parte del sector empresarial.

Aunque efectivamente la Corte Suprema ha marcado una tendencia respecto de reconocimiento del vínculo de subordinación y dependencia en los contratos de honorarios (que en su esencia son de carácter civil y no laboral), ello podría cambiar con la nueva conformación de la cuarta sala del máximo tribunal. Luego del retiro de los ministros Carlos Cerda y Milton Juica, férreos defensores del principio pro operario o pro trabajador y quienes propiciaron el reconocimiento del derecho a huelga como fundamental, el de semana corrida o pago del séptimo día y los efectos de la Ley Bustos relacionados con la nulidad del despido, se espera que haya un cambio de giro en esta tendencia. La recientemente designada ministra Ángela Vivanco podría a ocupar el lugar dejado por el magistrado Cerda e integre junto a  Ricardo Blanco, Andrea Muñoz y Gloria Ana Chevesich, pero aún falta por llenar el otro cupo disponible. Quien pase a completar la sala es muy relevante en momentos en que la legislación laboral en Chile enfrenta enormes desafíos para adecuarse a la realidad actual de nuestro país.