El proyecto “consiste en crear el deber legal de los sostenedores, y por tanto también del intendente, de que, transcurrido un cierto plazo de tiempo, se pueda pedir el desalojo”, aclaró el diputado Schaelper. Además, el proyecto establece sanciones para quienes no cumplan ante la ley, y éstas podrían ir desde una sanción administrativa para el establecimiento, hasta una sanción penal, como la cancelación de la matrícula y el pago de los daños causados.

“Buscamos  restablecer el derecho a la educación para los niños en los colegios emblemáticos y en todo colegio respecto de las tomas, queremos declarar las tomas ilegales, tal como lo ha hecho el poder judicial en reiteradas ocasiones y establecer un procedimiento sencillo, que permita a los sostenedores, intendentes y también a los gobernadores a desalojar los colegios, donde un grupo minoritario crea que sus demandas son más importantes que el derecho de los estudiantes a estudiar”, manifestó el diputado Schaelper.

Los diputados aclararon que el proyecto en su primera parte, solo está enfocado en los establecimientos públicos, “ya que los establecimientos privados poseen una regulación interna, que les permite tomar sus propias decisiones”.

Por su parte, el diputado Luis Pardo (RN) aclaró las motivaciones de este proyecto.

“Una de las motivaciones de este proyecto, es que aquellos sostenedores que por consideraciones de orden político o de orden comunicacional no se atreven a desalojar, tengan el imperativo legal de hacerlo en beneficio de los derechos de los padres de educar a sus hijos y de los alumnos a recibir la educación en forma permanente sin estas tomas”, sentenció Pardo.