Dictadura y pueblos indígenas: Una historia pendiente e invisibilizada
Este martes, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos realizó el Seminario Justicia transicional y pueblos indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura. Durante la actividad, participaron diferentes exponentes, quienes colocaron en discusión cómo la dictadura afectó a las comunidades originarias del país.
Abril Becerra
Martes 24 de julio 2018 18:57 hrs.
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¿Cómo la violencia de la dictadura se instauró en las comunidades indígenas? ¿Cuáles son los casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetuados en estas zonas? ¿En qué medida se ha logrado avanzar en reparaciones respecto de estas víctimas?
Este martes, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebró el Seminario Justicia transicional y pueblos indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura. En la actividad participaron diferentes exponentes, entre ellos, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano; Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote; y Ariel León, asesor de comunidades originarias, entre otros.
En este contexto, el abogado José Aylwin señaló que la información sobre las violaciones a los DDHH en comunidades indígenas aún es algo en construcción, sobre todo si se considera que ni el informe Valech 1 y 2 lograron identificar las víctimas indígenas de prisión política y tortura.
“De acuerdo a cifras del programa de DDHH del Ministerio de Justicia, al 2015 se registraron 340 agentes de la dictadura condenados. De ellos, 163 poseen penas de presidio efectivo por desaparición o muerte ocurrida en el periodo de la dictadura. ¿Cuántos de ellos corresponden a situaciones por crímenes cometidos en contra de personas indígenas? No lo sabemos”, manifestó.
Por su parte, José Araya, académico e investigador del Observatorio Ciudadano, recalcó que la invisibilidad de este tema se explica, en buena medida, porque las violaciones a los DDHH se cometieron en la ruralidad.
“Claramente, los informes oficiales que se hicieron no dan cuenta de la crudeza que se vivió en estos lugares. Lamentablemente, la ruralidad es un tema secundario en el país y cuando uno lo ve desde el punto de vista de los DDHH se da cuenta de que nosotros también tenemos un vacío de información. Por ejemplo, en los catastros de sitios de memoria no están consideradas las comunidades indígenas. Hay todo un tema de investigación ahí que falta por completar”, sostuvo.
En el panel: Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote; Ariel León, asesor de comunidades originarias; José Araya, miembro del Observatorio Ciudadano.
De norte a sur
Durante la actividad, Ercilia Araya también recordó cómo la dictadura se impuso en la zona andina. Para ella, el recuerdo es nítido, sobre todo porque su padre fue torturado y porque la llegada del nuevo régimen significó el fin de las actividades ceremoniales y la prohibición de la lengua.
“Se nos perdió todo un mundo. Fue como si hubiese nacido otro territorio”, recordó.
Frente a ello, Ariel León, asesor aymara-quechua, manifestó que la violación de los DDHH en estas zonas fue transversal: “Se afectó el derecho al agua, a los recursos naturales, el manejo autónomo del territorio, se favorecieron a las mineras, se perdió la filosofía de las comunidades. Hubo hermanos que fueron obligados a dejar sus actividades ceremoniales a punta de escopeta”, señaló.
Las responsabilidades
Para el académico José Araya una de las responsabilidades dentro de la invisibilización de la violencia que vivieron las comunidades indígenas en dictadura, recae en la Academia.
Según señaló, hasta ahora las discusiones han sido “cerradas”, lo que a su vez ha impedido generar un impacto a nivel social.
“Tenemos este doble propósito que discutir con la Academia: uno, la formación integral de nuestros profesionales para que salgan a una sociedad intercultural y plurinacional, y así generar ciertas condiciones para que los profesionales salgan de las universidades con un espíritu más colaborativo; pero también se debe entender que no se trata sólo de levantar una bandera de la causa. Se debe hacer un trabajo técnico en terrenos que permita a los pueblos indígenas tener mayor desarrollo en la sociedad chilena”, dijo.
Por su parte, Ariel León advirtió que hoy es urgente, para las organizaciones indígenas, generar una discusión mucho más amplia de los derechos que fueron transgredidos durante dictadura: “Hoy hay una nueva necesidad en el mundo indígena en Chile. Se está hablando de autonomía, determinación, control territorial y plurinacionalidad, y en la medida en que esos discursos se hagan carne y exista una orgánica poderosa, vamos a poder tener una visión más real de lo que ocurrió para poder enfrentar lo que viene”.
Una mirada a futuro
La negación de esta memoria, sin embargo, para José Aylwin supone un riesgo, más aún si se considera cómo durante los últimos años se ha enfrentado la demanda por la restitución de tierras del pueblo mapuche.
En esta línea, concluyó: “La protesta social del pueblo mapuche ha sido aplacada con el uso indiscriminado de la fuerza, lo que ha resultado, nuevamente, en casos de muerte y en centenares de casos de tortura, inhumanos y degradantes”.
“La persecución judicial de sus líderes sigue siendo frecuente. Ahora, si bien todas estas violaciones a los DDHH no han tenido la masividad que tuvieron en el pasado, los recientes anuncios que hizo el Presidente Piñera de la intensificación de la estrategia policial y de fuerza frente a la protesta social mapuche hacen pensar que se impondrá un escenario de guerra donde las posibilidades de repetir la violencia del pasado no son menores”.
¿Cómo la violencia de la dictadura se instauró en las comunidades indígenas? ¿Cuáles son los casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetuados en estas zonas? ¿En qué medida se ha logrado avanzar en reparaciones respecto de estas víctimas?
Este martes, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebró el Seminario Justicia transicional y pueblos indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura. En la actividad participaron diferentes exponentes, entre ellos, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano; Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote; y Ariel León, asesor de comunidades originarias, entre otros.
En este contexto, el abogado José Aylwin señaló que la información sobre las violaciones a los DDHH en comunidades indígenas aún es algo en construcción, sobre todo si se considera que ni el informe Valech 1 y 2 lograron identificar las víctimas indígenas de prisión política y tortura.
“De acuerdo a cifras del programa de DDHH del Ministerio de Justicia, al 2015 se registraron 340 agentes de la dictadura condenados. De ellos, 163 poseen penas de presidio efectivo por desaparición o muerte ocurrida en el periodo de la dictadura. ¿Cuántos de ellos corresponden a situaciones por crímenes cometidos en contra de personas indígenas? No lo sabemos”, manifestó.
Por su parte, José Araya, académico e investigador del Observatorio Ciudadano, recalcó que la invisibilidad de este tema se explica, en buena medida, porque las violaciones a los DDHH se cometieron en la ruralidad.
“Claramente, los informes oficiales que se hicieron no dan cuenta de la crudeza que se vivió en estos lugares. Lamentablemente, la ruralidad es un tema secundario en el país y cuando uno lo ve desde el punto de vista de los DDHH se da cuenta de que nosotros también tenemos un vacío de información. Por ejemplo, en los catastros de sitios de memoria no están consideradas las comunidades indígenas. Hay todo un tema de investigación ahí que falta por completar”, sostuvo.
En el panel: Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote; Ariel León, asesor de comunidades originarias; José Araya, miembro del Observatorio Ciudadano.
De norte a sur
Durante la actividad, Ercilia Araya también recordó cómo la dictadura se impuso en la zona andina. Para ella, el recuerdo es nítido, sobre todo porque su padre fue torturado y porque la llegada del nuevo régimen significó el fin de las actividades ceremoniales y la prohibición de la lengua.
“Se nos perdió todo un mundo. Fue como si hubiese nacido otro territorio”, recordó.
Frente a ello, Ariel León, asesor aymara-quechua, manifestó que la violación de los DDHH en estas zonas fue transversal: “Se afectó el derecho al agua, a los recursos naturales, el manejo autónomo del territorio, se favorecieron a las mineras, se perdió la filosofía de las comunidades. Hubo hermanos que fueron obligados a dejar sus actividades ceremoniales a punta de escopeta”, señaló.
Las responsabilidades
Para el académico José Araya una de las responsabilidades dentro de la invisibilización de la violencia que vivieron las comunidades indígenas en dictadura, recae en la Academia.
Según señaló, hasta ahora las discusiones han sido “cerradas”, lo que a su vez ha impedido generar un impacto a nivel social.
“Tenemos este doble propósito que discutir con la Academia: uno, la formación integral de nuestros profesionales para que salgan a una sociedad intercultural y plurinacional, y así generar ciertas condiciones para que los profesionales salgan de las universidades con un espíritu más colaborativo; pero también se debe entender que no se trata sólo de levantar una bandera de la causa. Se debe hacer un trabajo técnico en terrenos que permita a los pueblos indígenas tener mayor desarrollo en la sociedad chilena”, dijo.
Por su parte, Ariel León advirtió que hoy es urgente, para las organizaciones indígenas, generar una discusión mucho más amplia de los derechos que fueron transgredidos durante dictadura: “Hoy hay una nueva necesidad en el mundo indígena en Chile. Se está hablando de autonomía, determinación, control territorial y plurinacionalidad, y en la medida en que esos discursos se hagan carne y exista una orgánica poderosa, vamos a poder tener una visión más real de lo que ocurrió para poder enfrentar lo que viene”.
Una mirada a futuro
La negación de esta memoria, sin embargo, para José Aylwin supone un riesgo, más aún si se considera cómo durante los últimos años se ha enfrentado la demanda por la restitución de tierras del pueblo mapuche.
En esta línea, concluyó: “La protesta social del pueblo mapuche ha sido aplacada con el uso indiscriminado de la fuerza, lo que ha resultado, nuevamente, en casos de muerte y en centenares de casos de tortura, inhumanos y degradantes”.
“La persecución judicial de sus líderes sigue siendo frecuente. Ahora, si bien todas estas violaciones a los DDHH no han tenido la masividad que tuvieron en el pasado, los recientes anuncios que hizo el Presidente Piñera de la intensificación de la estrategia policial y de fuerza frente a la protesta social mapuche hacen pensar que se impondrá un escenario de guerra donde las posibilidades de repetir la violencia del pasado no son menores”.
¿Cómo la violencia de la dictadura se instauró en las comunidades indígenas? ¿Cuáles son los casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetuados en estas zonas? ¿En qué medida se ha logrado avanzar en reparaciones respecto de estas víctimas?
Este martes, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebró el Seminario Justicia transicional y pueblos indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura. En la actividad participaron diferentes exponentes, entre ellos, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano; Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote; y Ariel León, asesor de comunidades originarias, entre otros.
En este contexto, el abogado José Aylwin señaló que la información sobre las violaciones a los DDHH en comunidades indígenas aún es algo en construcción, sobre todo si se considera que ni el informe Valech 1 y 2 lograron identificar las víctimas indígenas de prisión política y tortura.
“De acuerdo a cifras del programa de DDHH del Ministerio de Justicia, al 2015 se registraron 340 agentes de la dictadura condenados. De ellos, 163 poseen penas de presidio efectivo por desaparición o muerte ocurrida en el periodo de la dictadura. ¿Cuántos de ellos corresponden a situaciones por crímenes cometidos en contra de personas indígenas? No lo sabemos”, manifestó.
Por su parte, José Araya, académico e investigador del Observatorio Ciudadano, recalcó que la invisibilidad de este tema se explica, en buena medida, porque las violaciones a los DDHH se cometieron en la ruralidad.
“Claramente, los informes oficiales que se hicieron no dan cuenta de la crudeza que se vivió en estos lugares. Lamentablemente, la ruralidad es un tema secundario en el país y cuando uno lo ve desde el punto de vista de los DDHH se da cuenta de que nosotros también tenemos un vacío de información. Por ejemplo, en los catastros de sitios de memoria no están consideradas las comunidades indígenas. Hay todo un tema de investigación ahí que falta por completar”, sostuvo.
En el panel: Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote; Ariel León, asesor de comunidades originarias; José Araya, miembro del Observatorio Ciudadano.
De norte a sur
Durante la actividad, Ercilia Araya también recordó cómo la dictadura se impuso en la zona andina. Para ella, el recuerdo es nítido, sobre todo porque su padre fue torturado y porque la llegada del nuevo régimen significó el fin de las actividades ceremoniales y la prohibición de la lengua.
“Se nos perdió todo un mundo. Fue como si hubiese nacido otro territorio”, recordó.
Frente a ello, Ariel León, asesor aymara-quechua, manifestó que la violación de los DDHH en estas zonas fue transversal: “Se afectó el derecho al agua, a los recursos naturales, el manejo autónomo del territorio, se favorecieron a las mineras, se perdió la filosofía de las comunidades. Hubo hermanos que fueron obligados a dejar sus actividades ceremoniales a punta de escopeta”, señaló.
Las responsabilidades
Para el académico José Araya una de las responsabilidades dentro de la invisibilización de la violencia que vivieron las comunidades indígenas en dictadura, recae en la Academia.
Según señaló, hasta ahora las discusiones han sido “cerradas”, lo que a su vez ha impedido generar un impacto a nivel social.
“Tenemos este doble propósito que discutir con la Academia: uno, la formación integral de nuestros profesionales para que salgan a una sociedad intercultural y plurinacional, y así generar ciertas condiciones para que los profesionales salgan de las universidades con un espíritu más colaborativo; pero también se debe entender que no se trata sólo de levantar una bandera de la causa. Se debe hacer un trabajo técnico en terrenos que permita a los pueblos indígenas tener mayor desarrollo en la sociedad chilena”, dijo.
Por su parte, Ariel León advirtió que hoy es urgente, para las organizaciones indígenas, generar una discusión mucho más amplia de los derechos que fueron transgredidos durante dictadura: “Hoy hay una nueva necesidad en el mundo indígena en Chile. Se está hablando de autonomía, determinación, control territorial y plurinacionalidad, y en la medida en que esos discursos se hagan carne y exista una orgánica poderosa, vamos a poder tener una visión más real de lo que ocurrió para poder enfrentar lo que viene”.
Una mirada a futuro
La negación de esta memoria, sin embargo, para José Aylwin supone un riesgo, más aún si se considera cómo durante los últimos años se ha enfrentado la demanda por la restitución de tierras del pueblo mapuche.
En esta línea, concluyó: “La protesta social del pueblo mapuche ha sido aplacada con el uso indiscriminado de la fuerza, lo que ha resultado, nuevamente, en casos de muerte y en centenares de casos de tortura, inhumanos y degradantes”.
“La persecución judicial de sus líderes sigue siendo frecuente. Ahora, si bien todas estas violaciones a los DDHH no han tenido la masividad que tuvieron en el pasado, los recientes anuncios que hizo el Presidente Piñera de la intensificación de la estrategia policial y de fuerza frente a la protesta social mapuche hacen pensar que se impondrá un escenario de guerra donde las posibilidades de repetir la violencia del pasado no son menores”.
