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Año XII, 4 de agosto de 2020

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Libertad a genocidas: Gobierno “respeta” fallos y oposición estudia acusación constitucional

La polémica por la liberación de siete criminales de lesa humanidad está lejos de acabarse. Mientras el gobierno declinó condenar los fallos de la Corte Suprema, diputados de oposición buscarán acusar constitucionalmente a los ministros implicados en las resoluciones. Defensores de derechos humanos denuncian que con la medida de la Corte se viola el Estatuto de Roma.

Camilo Villa J.

  Jueves 2 de agosto 2018 18:16 hrs. 





La decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad ha marcado la pauta esta semana. Críticas de diversos sectores de la oposición y de distintas organizaciones de derechos humanos hicieron que, en la jornada de este jueves, el ministro de justicia, Hernán Larraín, se pronunciara al respecto.

En ese sentido, el Secretario de Estado defendió el actuar de la justicia, indicando que son los tribunales quienes interpretan las leyes y su trabajo merece ser respetado. El ex presidente de la UDI manifestó también que la Corte ha ido estableciendo criterios permanentes, pese a que el otorgamiento de libertad condicional a violadores de derechos humanos marca un evidente punto de quiebre respecto de sus fallos recientes.

“En Chile tenemos que entender que las instituciones, sobre todo del nivel y la envergadura de la Corte Suprema, requiere el respeto de su funcionamiento, y lo primero es decir que respetamos y entendemos que son los tribunales los que resuelven la interpretación de las leyes y, por cierto, no hay una doctrina uniforme en el tiempo en ningún tribunal del mundo, un día pueden fallar en un sentido y al otro día en otro sentido, lo importante es ir estableciendo criterios permanentes, y yo creo que la Corte, en uno y en otro fallo, es lo que ido haciendo”.

Otro que salió al paso de las críticas, fue el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien argumentó que, si bien Chile ha suscrito tratados internacionales sobre derechos humanos, estas instancias son interpretables, por tanto, no es algo fijo, tomando en cuenta la subjetividad de los aplicadores.

“Los tratados tienen carácter de ley, y toda norma es interpretable. La verdad de las cosas es que no se concibe el derecho si no es a través de la interpretación que hacen sus aplicadores, quienes están invocando normas de este carácter, de suerte que no debe extrañarnos los trabajos de interpretación”.

 

La oposición reacciona: Acusación constitucional ante un “hecho político”

 

Sin embargo, este tipo de argumentos poco y nada convencen a personeros de la oposición. De hecho, la jornada de este jueves, diputados socialistas y comunistas pusieron carteles con los rostros de ejecutados políticos durante la dictadura militar sobre sus puestos de trabajos en el hemiciclo, como manera de protesta por las últimas decisiones de los jueces.

A su vez, un grupo de parlamentarios de oposición -en que se encuentran legisladores del Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana- manifestaron su intención de acusar constitucionalmente a los ministros implicados por notable abandono de deberes.

El diputado Socialista Jaime Naranjo, dijo que esta acusación está basada en el desacato al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue ratificado por Chile el 6 de julio del 2009.

“Tenemos en este momento estudiando a juristas sobre la posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros por notables abandono de deberes, y en qué nos basamos, en que ellos han pasado a llevar diversas normas internacionales, principalmente en Estatuto de Roma, que establece requisitos muy concretos para quienes deben ser juzgados por esta situación. En ese sentido tiene que ver con un arrepentimiento eficaz, con haber colaborado con la justicia, con una sanción proporcional al delito, situaciones y requisitos que las personas que se acogieron a este beneficio no cumplían”.

El Estatuto de Roma es una instancia jurisdiccional internacional que establece criterios sobre individuos que sean declarados culpables de crímenes de lesa humanidad. En su artículo 110, el tratado establece las condiciones que deben cumplir los condenados para acceder a beneficios carcelarios:

“a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos; b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas”.

Sin embargo, exámenes sicológicos que se le han hecho a los condenados liberados apuntan a que ninguno de ellos ha colaborado con las investigaciones y mucho menos han mostrado un grado de arrepentimiento.

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Por eso, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que ve en este acto de liberación de genocidas mucho más que un hecho jurídico, afirmando que es también un acto político.

“Aquí estamos en presencia de una acción política más que jurídica, aquí hay una acción que, por lo demás, empieza a marcar un camino, porque primero fueron cinco casos, después fueron otros dos casos. Ahora nos encontramos con que hay 74 detenidos en Punta Peuco que están solicitando beneficios carcelarios, libertad condicional, y otros. Entonces, estamos en presencia de una operación con la cual se pretende liberar y dejar en la impunidad a quienes han cometido estos delitos”.

En este sentido, el ex candidato presidencial calificó de “gravísimo” el hecho de que el Gobierno no haya condenado los fallos de la Corte Suprema, en especial sindicó al ministro Hernán Larraín, de quien afirmó que parece ser ministro de la “injusticia” por su determinante apoyo a la impunidad de criminales de lesa humanidad.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de oposición convocaron para este viernes, a las 13:00 horas, a manifestarse en la Alameda, frente al Palacio de La Moneda, en rechazo a la impunidad que, según ellos, el gobierno de Sebastián Piñera pretende establecer.