Derogación de Ley Reservada del Cobre: Avance, pero con reparos
Supresión de la normativa fue catalogada como una buena noticia para Chile en la medida que ésta no sea utilizada para privatizar Codelco. La normativa actual se convirtió en una de las más cuestionadas y surgen modificaciones después de conocidos casos de corrupción y multimillonarios desfalcos en el Ejército.
Lunes 6 de agosto 2018 19:31 hrs.
El gobierno firmó este lunes la propuesta que establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas y así derogar la Ley Reservada del Cobre que entrega anualmente el 10 por ciento del ingreso total de Codelco a las ramas castrenses.
Lo suscrito en el Palacio de La Moneda son, precisamente, modificaciones al proyecto de ley presentado ante el Parlamento durante el primer mandato de Sebastián Piñera en 2011, y que resurge luego de conocidas las sustracciones multimillonarias en el Ejército amparadas en la actual ley reservada.
Durante el anuncio, el Presidente precisó que la propuesta se hizo para dejar de echar mano al metal rojo y que el presupuesto se debata en el Congreso mediante dos discusiones: una para financiar las cuestiones logísticas o “presupuesto ordinario” y otra que se destinará a la adquisición de material bélico.
En la normativa vigente, ni la Contraloría General de la República ni los legisladores tienen la facultad de revisar los gastos y documentación financiera de las Fuerzas Armadas.
El mandatario Sebastián Piñera indicó que las deficiencias que se buscan corregir en la Ley Reservada del Cobre van en la línea de aportar a la transparencia y hacer partícipe al Parlamento.
“Un mecanismo más eficiente en que existe un mejor control democrático de los gastos e inversiones de nuestras Fuerzas Armadas, y que además ese mecanismo de financiamiento no dependa de una variable como es el precio del cobre. La necesidad de reemplazar esta ley y reformar el sistema de financiamiento estratégico ha estado presente en el debate público desde hace décadas. Llegó el momento de pasar del debate a la acción y modernizar ese mecanismo de financiamiento”, afirmó.
El documento deroga la denominada normativa 13.196, pero sigue subsistente en lo relativo al impuesto del 10 por ciento a beneficio fiscal por un período de doce años. Los recursos, además, se incorporarán al Fondo de Estabilización Económica y Social.
Por este motivo, dentro de los ejes del proyecto están el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y limitaciones al fondo de Contingencia Estratégico.
El integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y militante de Revolución Democrática, Jorge Brito, aunque valoró el grueso de la iniciativa, aseveró que la propuesta del Ejecutivo se puede perfeccionar acortando los años para la mantención de dicho gravamen, ahora a patrocinio Estatal.
“Chile no debiese esperar 12 años, porque si establecemos cálculos son más de 12 mil millones de dólares que eventualmente seguirán destinándose a armamento, siendo que el país plantea múltiples necesidades prioritarias por delante. Conociendo similares realidades de países desarrollados como Alemania y Gran Bretaña, se puede perfeccionar lo suscrito, donde las compras las realizan los ministerios y no las Fuerzas Armadas, y el poder civil, por supuesto, gestiona las compras y establece las políticas con un control adecuado”, argumentó
Para el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, es importante quitar totalmente “la mochila” de carga impositiva a Codelco y redestinar esos recursos a otros proyectos e inversiones relativas a desarrollar y robustecer una empresa que es de todos los chilenos.
Para el también integrante del Comité de Defensa del Cobre, es prioritario analizar por completo la letra chica de lo que contienen las indicaciones firmadas por el Ejecutivo.
“Estamos en un proceso de análisis respecto al tema, se asume como algo positivo que se le quite ese 10 por ciento a las Fuerzas Armadas, pero en definitiva la carga económica que acarrea Codelco se mantiene, y la compañía ha estado permanentemente en riesgo, sobre todo hoy día. Nosotros planteamos que existe una privatización encubierta”, subrayó.
La Ley Reservada del Cobre data de 1958, sin embargo, durante la dictadura se le hicieron las mayores modificaciones en beneficio exclusivo de las Fuerzas Armadas y donde recién el año 2016 se levantó el secreto de la ley, luego de ser aprobada una normativa que alzó su reserva y permitió que se publicara el contenido a través del Diario Oficial.
Recordemos que la prenormativa también es impulsada como consecuencia de los multimillonarios fraudes acontecidos en el Ejército, que datan desde el año 2005, y que consisten en el uso de boletas, facturas falsas y duplicados para extraer grandes cantidades de dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Además del pago de sobornos.
El gobierno firmó este lunes la propuesta que establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas y así derogar la Ley Reservada del Cobre que entrega anualmente el 10 por ciento del ingreso total de Codelco a las ramas castrenses.
Lo suscrito en el Palacio de La Moneda son, precisamente, modificaciones al proyecto de ley presentado ante el Parlamento durante el primer mandato de Sebastián Piñera en 2011, y que resurge luego de conocidas las sustracciones multimillonarias en el Ejército amparadas en la actual ley reservada.
Durante el anuncio, el Presidente precisó que la propuesta se hizo para dejar de echar mano al metal rojo y que el presupuesto se debata en el Congreso mediante dos discusiones: una para financiar las cuestiones logísticas o “presupuesto ordinario” y otra que se destinará a la adquisición de material bélico.
En la normativa vigente, ni la Contraloría General de la República ni los legisladores tienen la facultad de revisar los gastos y documentación financiera de las Fuerzas Armadas.
El mandatario Sebastián Piñera indicó que las deficiencias que se buscan corregir en la Ley Reservada del Cobre van en la línea de aportar a la transparencia y hacer partícipe al Parlamento.
“Un mecanismo más eficiente en que existe un mejor control democrático de los gastos e inversiones de nuestras Fuerzas Armadas, y que además ese mecanismo de financiamiento no dependa de una variable como es el precio del cobre. La necesidad de reemplazar esta ley y reformar el sistema de financiamiento estratégico ha estado presente en el debate público desde hace décadas. Llegó el momento de pasar del debate a la acción y modernizar ese mecanismo de financiamiento”, afirmó.
El documento deroga la denominada normativa 13.196, pero sigue subsistente en lo relativo al impuesto del 10 por ciento a beneficio fiscal por un período de doce años. Los recursos, además, se incorporarán al Fondo de Estabilización Económica y Social.
Por este motivo, dentro de los ejes del proyecto están el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y limitaciones al fondo de Contingencia Estratégico.
El integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y militante de Revolución Democrática, Jorge Brito, aunque valoró el grueso de la iniciativa, aseveró que la propuesta del Ejecutivo se puede perfeccionar acortando los años para la mantención de dicho gravamen, ahora a patrocinio Estatal.
“Chile no debiese esperar 12 años, porque si establecemos cálculos son más de 12 mil millones de dólares que eventualmente seguirán destinándose a armamento, siendo que el país plantea múltiples necesidades prioritarias por delante. Conociendo similares realidades de países desarrollados como Alemania y Gran Bretaña, se puede perfeccionar lo suscrito, donde las compras las realizan los ministerios y no las Fuerzas Armadas, y el poder civil, por supuesto, gestiona las compras y establece las políticas con un control adecuado”, argumentó
Para el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, es importante quitar totalmente “la mochila” de carga impositiva a Codelco y redestinar esos recursos a otros proyectos e inversiones relativas a desarrollar y robustecer una empresa que es de todos los chilenos.
Para el también integrante del Comité de Defensa del Cobre, es prioritario analizar por completo la letra chica de lo que contienen las indicaciones firmadas por el Ejecutivo.
“Estamos en un proceso de análisis respecto al tema, se asume como algo positivo que se le quite ese 10 por ciento a las Fuerzas Armadas, pero en definitiva la carga económica que acarrea Codelco se mantiene, y la compañía ha estado permanentemente en riesgo, sobre todo hoy día. Nosotros planteamos que existe una privatización encubierta”, subrayó.
La Ley Reservada del Cobre data de 1958, sin embargo, durante la dictadura se le hicieron las mayores modificaciones en beneficio exclusivo de las Fuerzas Armadas y donde recién el año 2016 se levantó el secreto de la ley, luego de ser aprobada una normativa que alzó su reserva y permitió que se publicara el contenido a través del Diario Oficial.
Recordemos que la prenormativa también es impulsada como consecuencia de los multimillonarios fraudes acontecidos en el Ejército, que datan desde el año 2005, y que consisten en el uso de boletas, facturas falsas y duplicados para extraer grandes cantidades de dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Además del pago de sobornos.
El gobierno firmó este lunes la propuesta que establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas y así derogar la Ley Reservada del Cobre que entrega anualmente el 10 por ciento del ingreso total de Codelco a las ramas castrenses.
Lo suscrito en el Palacio de La Moneda son, precisamente, modificaciones al proyecto de ley presentado ante el Parlamento durante el primer mandato de Sebastián Piñera en 2011, y que resurge luego de conocidas las sustracciones multimillonarias en el Ejército amparadas en la actual ley reservada.
Durante el anuncio, el Presidente precisó que la propuesta se hizo para dejar de echar mano al metal rojo y que el presupuesto se debata en el Congreso mediante dos discusiones: una para financiar las cuestiones logísticas o “presupuesto ordinario” y otra que se destinará a la adquisición de material bélico.
En la normativa vigente, ni la Contraloría General de la República ni los legisladores tienen la facultad de revisar los gastos y documentación financiera de las Fuerzas Armadas.
El mandatario Sebastián Piñera indicó que las deficiencias que se buscan corregir en la Ley Reservada del Cobre van en la línea de aportar a la transparencia y hacer partícipe al Parlamento.
“Un mecanismo más eficiente en que existe un mejor control democrático de los gastos e inversiones de nuestras Fuerzas Armadas, y que además ese mecanismo de financiamiento no dependa de una variable como es el precio del cobre. La necesidad de reemplazar esta ley y reformar el sistema de financiamiento estratégico ha estado presente en el debate público desde hace décadas. Llegó el momento de pasar del debate a la acción y modernizar ese mecanismo de financiamiento”, afirmó.
El documento deroga la denominada normativa 13.196, pero sigue subsistente en lo relativo al impuesto del 10 por ciento a beneficio fiscal por un período de doce años. Los recursos, además, se incorporarán al Fondo de Estabilización Económica y Social.
Por este motivo, dentro de los ejes del proyecto están el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y limitaciones al fondo de Contingencia Estratégico.
El integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y militante de Revolución Democrática, Jorge Brito, aunque valoró el grueso de la iniciativa, aseveró que la propuesta del Ejecutivo se puede perfeccionar acortando los años para la mantención de dicho gravamen, ahora a patrocinio Estatal.
“Chile no debiese esperar 12 años, porque si establecemos cálculos son más de 12 mil millones de dólares que eventualmente seguirán destinándose a armamento, siendo que el país plantea múltiples necesidades prioritarias por delante. Conociendo similares realidades de países desarrollados como Alemania y Gran Bretaña, se puede perfeccionar lo suscrito, donde las compras las realizan los ministerios y no las Fuerzas Armadas, y el poder civil, por supuesto, gestiona las compras y establece las políticas con un control adecuado”, argumentó
Para el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, es importante quitar totalmente “la mochila” de carga impositiva a Codelco y redestinar esos recursos a otros proyectos e inversiones relativas a desarrollar y robustecer una empresa que es de todos los chilenos.
Para el también integrante del Comité de Defensa del Cobre, es prioritario analizar por completo la letra chica de lo que contienen las indicaciones firmadas por el Ejecutivo.
“Estamos en un proceso de análisis respecto al tema, se asume como algo positivo que se le quite ese 10 por ciento a las Fuerzas Armadas, pero en definitiva la carga económica que acarrea Codelco se mantiene, y la compañía ha estado permanentemente en riesgo, sobre todo hoy día. Nosotros planteamos que existe una privatización encubierta”, subrayó.
La Ley Reservada del Cobre data de 1958, sin embargo, durante la dictadura se le hicieron las mayores modificaciones en beneficio exclusivo de las Fuerzas Armadas y donde recién el año 2016 se levantó el secreto de la ley, luego de ser aprobada una normativa que alzó su reserva y permitió que se publicara el contenido a través del Diario Oficial.
Recordemos que la prenormativa también es impulsada como consecuencia de los multimillonarios fraudes acontecidos en el Ejército, que datan desde el año 2005, y que consisten en el uso de boletas, facturas falsas y duplicados para extraer grandes cantidades de dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Además del pago de sobornos.
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