TLC Chile-Uruguay se vota este martes: senador afirma que "profundiza el modelo neoliberal"

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay será votado este martes por el Senado. En la previa, las voces detractoras alzan la voz. La liberalización de la política comercial entre ambos países es mirada con preocupación tanto desde algunos sectores chilenos como uruguayos.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay será votado este martes por el Senado. En la previa, las voces detractoras alzan la voz. La liberalización de la política comercial entre ambos países es mirada con preocupación tanto desde algunos sectores chilenos como uruguayos.

Pasaba el jueves 19 de abril. El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay era aprobado, con 79 votos a favor y dos en contra (ambos de la UDI), mientras las bancadas del Frente Amplio y del Partido Comunista participaban de la Marcha por la Educación que se realizaba paralela a la votación.

Así, el acuerdo de 241 páginas pasó sin contratiempos a la sala del Senado, en donde este martes se someterá a la votación que pueda darle el vamos definitivo a la iniciativa que, en Uruguay, ya fue aprobada este 31 de julio casi por unanimidad.

Desde que fue pactado, el TLC con Uruguay ha sido blanco de opiniones desde distintos sectores. Desde un lado se respalda la política argumentando que servirá para consolidar la libre circulación del comercio entre ambos países, para fomentar y agilizar el comercio bilateral, reduciendo su costo (disminuyendo la burocracia entre empresas de los dos países) y para normar asuntos laborales como la libertad sindical y el derecho a negociación colectiva. Sin embargo, por el otro lado el panorama se ve desde otro prisma.

A pesar de que es altamente probable que en el Senado se le dé luz verde a la iniciativa, la votación contará, de seguro, con votos en contra, entre ellos el del senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre. El parlamentario frenteamplista ya adelantó que se negará a aprobar el tratado, señalando que “estos tratados son una profundización del modelo neoliberal que se viene implementando en Chile, de una política de firmar tratados de libre comercio de manera indiscriminada sin pensar en una inserción estratégica que beneficie al conjunto de la población chilena. Aquí hay un beneficio al comercio, a las grandes transnacionales, pero no necesariamente a las decisiones estratégicas que le convengan al desarrollo de Chile”.

Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano y en tal condición integrante de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, es una de las voces críticas que se han levantado en contra de la política económica que –lo más probable- verá su aprobación mañana en Valparaíso. Según Acevedo, “vemos con gran preocupación la ratificación del TLC puesto que consagraría la vulneración de derechos fundamentales (…) Es menos garantista, vulnera el debido proceso y no establece mecanismos para que la población pueda ejercer algún tipo de denuncia por afectación producto de cualquiera de las indicaciones que están comprometidas”.

El intercambio comercial durante el 2017 alcanzó los US$259 millones, frente a los US$296 millones del año anterior. Las principales exportaciones chilenas hacia Uruguay consideran productos metálicos, maquinaria y equipos, químicos, alimentos procesados como salmón, vino embotellado y frutas, mientras que Chile importa desde Uruguay principalmente bienes intermedios y bienes de consumo. El mercado uruguayo era el sexto principal destino de la inversión de capitales chilenos en el mundo, acumulando a diciembre de 2015 US$4.559 millones.

Natalia Carrau es investigadora de la organización Red de Ecología Social, de Uruguay. Carrau, además de ser crítica con los contenidos del documento, cree que para su país tiene un significado más profundo, ya que sería primera vez que los orientales firman un tratado de estas características. “Es un instrumento político, económico y comercial que replica los estándares de negociación actuales. Son agresivos en la liberalización que propone. Algunos de los pasajes, sobre todo en los capítulos de transparencia, de regulación, de servicio, imponen una restricción a la potestad regulatoria del Estado en cuanto a las políticas públicas que implementan. Es un hecho. Nos sigue colocando en el mismo modelo productivo que ya tenemos, de exportación de productos primarios con bajo valor agregado, restricciones importantes a la justicia social y a la distribución de la riqueza. Chile ya tiene una política comercial que apunta a esto.  Uruguay es primera vez que adhiere a un instrumento de estas características. En primer lugar, es una señal política”.

En Uruguay la política ya fue ratificada. Solo queda que el Congreso chileno diga la última palabra.





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