Desde Buenos Aires, lugar donde a esta hora se discute la aprobación o rechazo del proyecto de aborto libre, la diputada Claudia Mix se refirió al impacto de esta política pública.
La parlamentaria de Poder señaló que “Argentina está viviendo un momento histórico, situación que se vive en el ambiente, sobre todo en la calle. Las mujeres se han movilizado con fuerza y se ha logrado instalar transversalmente que el aborto es un derecho social”, donde hay diferencias en el parlamento, signos que no son más que la evidencia de que la sociedad avanza a mayor velocidad que la clase política.
Para la diputada del Frente Amplio, el momento que vive el país trasandino es “un ejemplo para toda la región. Es un proceso social y político que deriva en una medida legislativa, que se construye de abajo hacia arriba, que obliga a la clase política a actuar en coherencia con la demanda social”. En ese sentido, lo ve como una posible influencia en el devenir de estos debates en otros países vecinos, por ejemplo, Chile.
Mix analiza que este es un momento propicio para que en nuestro país tengamos una ley de aborto seguro y legal. Para el Frente Amplio, el que varias de sus figuras estén en Argentina acompañando el debate social es el signo correcto para reforzar la idea de que se puede avanzar en esta materia.
El proyecto permite que cualquier mujer pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, con un único requisito: tener hasta 14 semanas de gestación; prohíbe la objeción de consciencia institucional y/o particular; en el caso de una menor de 16 años, para acceder al procedimiento se debe contar con un consentimiento informado que respete, sobre todo, el interés superior de la niña; las prestaciones de salud deben incorporar la interrupción dentro de sus coberturas médicas y, finalmente, instituciones nacionales y locales tienen el deber de prevenir mediante la educación los embarazos no deseados, además de comprometerse con la promoción y el fortalecimiento de la salud reproductiva de toda la población.
En lo político, la definición se prevé estrecha, siendo al menos 31 los senadores que han manifestado su apoyo al proyecto.
¿Qué pasa si no se aprueba?
El proyecto, tal cual se discute hoy, no podría ser presentando en el Congreso hasta 2019. Sin embargo, una comisión de expertos trabaja en una reforma del Código Penal donde se prevpe formalizar la decisión de la Corte Suprema de la Justicia nacional de declarar “no punible” los abortos que derivan de una violación.
Estas propuestas de cambios al Código Penal serían enviadas al Ejecutivo durante agosto, luego de lo que se remitirán vía presidencial al Congreso, para nuevamente discutir sobre las sanciones, objeción de consciencia y obligaciones judiciales a la hora de garantizar derechos protegidos por normas internacionales ratificadas por Argentina.
Desde Buenos Aires, lugar donde a esta hora se discute la aprobación o rechazo del proyecto de aborto libre, la diputada Claudia Mix se refirió al impacto de esta política pública.
La parlamentaria de Poder señaló que “Argentina está viviendo un momento histórico, situación que se vive en el ambiente, sobre todo en la calle. Las mujeres se han movilizado con fuerza y se ha logrado instalar transversalmente que el aborto es un derecho social”, donde hay diferencias en el parlamento, signos que no son más que la evidencia de que la sociedad avanza a mayor velocidad que la clase política.
Para la diputada del Frente Amplio, el momento que vive el país trasandino es “un ejemplo para toda la región. Es un proceso social y político que deriva en una medida legislativa, que se construye de abajo hacia arriba, que obliga a la clase política a actuar en coherencia con la demanda social”. En ese sentido, lo ve como una posible influencia en el devenir de estos debates en otros países vecinos, por ejemplo, Chile.
Mix analiza que este es un momento propicio para que en nuestro país tengamos una ley de aborto seguro y legal. Para el Frente Amplio, el que varias de sus figuras estén en Argentina acompañando el debate social es el signo correcto para reforzar la idea de que se puede avanzar en esta materia.
El proyecto permite que cualquier mujer pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, con un único requisito: tener hasta 14 semanas de gestación; prohíbe la objeción de consciencia institucional y/o particular; en el caso de una menor de 16 años, para acceder al procedimiento se debe contar con un consentimiento informado que respete, sobre todo, el interés superior de la niña; las prestaciones de salud deben incorporar la interrupción dentro de sus coberturas médicas y, finalmente, instituciones nacionales y locales tienen el deber de prevenir mediante la educación los embarazos no deseados, además de comprometerse con la promoción y el fortalecimiento de la salud reproductiva de toda la población.
En lo político, la definición se prevé estrecha, siendo al menos 31 los senadores que han manifestado su apoyo al proyecto.
¿Qué pasa si no se aprueba?
El proyecto, tal cual se discute hoy, no podría ser presentando en el Congreso hasta 2019. Sin embargo, una comisión de expertos trabaja en una reforma del Código Penal donde se prevpe formalizar la decisión de la Corte Suprema de la Justicia nacional de declarar “no punible” los abortos que derivan de una violación.
Estas propuestas de cambios al Código Penal serían enviadas al Ejecutivo durante agosto, luego de lo que se remitirán vía presidencial al Congreso, para nuevamente discutir sobre las sanciones, objeción de consciencia y obligaciones judiciales a la hora de garantizar derechos protegidos por normas internacionales ratificadas por Argentina.
Desde Buenos Aires, lugar donde a esta hora se discute la aprobación o rechazo del proyecto de aborto libre, la diputada Claudia Mix se refirió al impacto de esta política pública.
La parlamentaria de Poder señaló que “Argentina está viviendo un momento histórico, situación que se vive en el ambiente, sobre todo en la calle. Las mujeres se han movilizado con fuerza y se ha logrado instalar transversalmente que el aborto es un derecho social”, donde hay diferencias en el parlamento, signos que no son más que la evidencia de que la sociedad avanza a mayor velocidad que la clase política.
Para la diputada del Frente Amplio, el momento que vive el país trasandino es “un ejemplo para toda la región. Es un proceso social y político que deriva en una medida legislativa, que se construye de abajo hacia arriba, que obliga a la clase política a actuar en coherencia con la demanda social”. En ese sentido, lo ve como una posible influencia en el devenir de estos debates en otros países vecinos, por ejemplo, Chile.
Mix analiza que este es un momento propicio para que en nuestro país tengamos una ley de aborto seguro y legal. Para el Frente Amplio, el que varias de sus figuras estén en Argentina acompañando el debate social es el signo correcto para reforzar la idea de que se puede avanzar en esta materia.
El proyecto permite que cualquier mujer pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, con un único requisito: tener hasta 14 semanas de gestación; prohíbe la objeción de consciencia institucional y/o particular; en el caso de una menor de 16 años, para acceder al procedimiento se debe contar con un consentimiento informado que respete, sobre todo, el interés superior de la niña; las prestaciones de salud deben incorporar la interrupción dentro de sus coberturas médicas y, finalmente, instituciones nacionales y locales tienen el deber de prevenir mediante la educación los embarazos no deseados, además de comprometerse con la promoción y el fortalecimiento de la salud reproductiva de toda la población.
En lo político, la definición se prevé estrecha, siendo al menos 31 los senadores que han manifestado su apoyo al proyecto.
¿Qué pasa si no se aprueba?
El proyecto, tal cual se discute hoy, no podría ser presentando en el Congreso hasta 2019. Sin embargo, una comisión de expertos trabaja en una reforma del Código Penal donde se prevpe formalizar la decisión de la Corte Suprema de la Justicia nacional de declarar “no punible” los abortos que derivan de una violación.
Estas propuestas de cambios al Código Penal serían enviadas al Ejecutivo durante agosto, luego de lo que se remitirán vía presidencial al Congreso, para nuevamente discutir sobre las sanciones, objeción de consciencia y obligaciones judiciales a la hora de garantizar derechos protegidos por normas internacionales ratificadas por Argentina.
