Oposición confirma acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema

Parlamentarios de la oposición alcanzaron un acuerdo para presentar una acusación constitucional en contra de los magistrados de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a violadores de los derechos humanos en dictadura.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se refirió al rol que ha jugado la justicia respecto de este tema en los últimos años: “Ante la decisión política del gobierno de derecha de avanzar en la impunidad, el Poder Judicial se pone nuevamente del lado que buscan sellar la impunidad y avanza en esta aberración, desconociendo el derecho internacional e inicia un camino de otorgar libertades a los genocidas que han vivido su vida en impunidad, que han recibido bajas penas, pero que además están en cárceles especiales”.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a tomar la misma actitud que tomó en el pasado respecto de las decisiones de la Corte Suprema.

“Aquel entonces senador Piñera utilizó los mismos argumentos que vamos a utilizar nosotros en el sentido de que los jueces de los Tribunales de Justicia no pueden ignorar los tratados internacionales. Sería interesante preguntarle al Presidente de la República si comparte la opinión, que esbozó el año 93, cuando con su voto se aprobó la acusación constitucional del Ministro Cereceda y el argumento que el sostuvo era que los jueces no pueden pasar a llevar los tratados internacionales”, manifestó el parlamentario.

Finalmente, el diputado del Partido Comunista, Daniel Nuñez sostuvo que este es un problema transversal: “Hay un fundamento ético y moral que es fundamental y, por eso,  nuestro llamado es que toda la sociedad chilena se manifieste y apoye esta acusación constitucional para pedir que en Chile no haya más impunidad y por eso es que hoy estamos”.

En la comisión de Derechos Humanos, el Gobierno anunció que el próximo año buscarán crear un tribunal de ejecución de penas, que se encargue de definir los beneficios carcelarios.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se manifestó a favor de legislar y señaló que el sistema no está capacitado para este trabajo.

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