A un mes del escape masivo de más de 650 mil peces de la especie salmón atlántico (Salmo salar) desde el centro de cultivo Punta Redonda de la empresa Marine Harvest Chile, en la Isla Huar, comuna de Calbuco, aún existen muchas preguntas sin resolver, principalmente, las que se relacionan con el real impacto que el escape de salmónidos tiene y tendrá a nivel ambiental, social y sanitario.
Este lamentable hecho, donde una vez más el factor climático imperante en la zona provocó que los sistemas de anclaje del centro de engorda colapsaran y que producto de esta falla, miles de salmones se fugaran dispersándose por todo el Estuario de Reloncaví, refleja la fragilidad con que opera la industria salmonera, generando impactos ambientales no previstos ni evaluados y que, al parecer, carecen de planes de contingencia efectivos. Las primeras medidas de mitigación del escape han estado enfocadas en la recaptura de los salmones, inyectando recursos económicos de la misma empresa al pagar $7 mil por cada ejemplar devuelto a sus dueños, vivo o muerto.
Por otra parte, el Gobierno, a través de organismos como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), interpusieron acciones legales en contra de la empresa por transgredir el Reglamento Ambiental para la Acuicultura e incumplir las condiciones básicas para su funcionamiento, ocasionando con ello un daño inminente y grave al medio ambiente y la salud de la población. A esto se suma que la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) establece un plazo de 30 días para que la compañía recupere al menos el 10% de ejemplares escapados; de no ocurrir esto, se presume la existencia de un “daño ambiental”.
Cumplido el plazo, la SMA ordenó varias medidas provisionales en el centro de cultivo donde ocurrieron los escapes y, por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente presentó una denuncia contra Marine Harvest ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por posible daño ambiental.
Respecto al número histórico de escapes “informados” a Sernapesca, existe una data actualizada muy limitada donde tan solo se consideran los eventos ocurridos entre los años 2010 y 2017, los que suman un total de 87 eventos entre las regiones de Los Ríos y la de Magallanes y la Antártica Chilena, con más de 3 millones de salmones escapados. Las cifras si bien son bastante elevadas y preocupantes, al mismo tiempo, no quedan del todo claro si son realistas, ya que la metodología para definir el “número de salmones fugados considera como escapados solo aquellos que no son devueltos al centro de cultivo”. Es decir, en la información pública que entrega Sernapesca solo se consideran como escapados aquellos que no fueron recapturados, en lugar del total de salmones que salieron de un centro de cultivo durante este tipo de eventos. Se deduce, entonces, que la normativa ambiental tan solo busca ordenar la contabilidad productiva, es decir, los salmones ingresados al centro de cultivo menos los salmones fugados y muertos determina cuánto va a la planta procesadora o a la planta reductora. La normativa en cuestión no apunta a generar un análisis más profundo que evalúe el impacto y/o daño que causan aquellos peces que siguen dando vueltas en el medio circundante (mar, ríos y lagos).
Desde Fundación Terram, observamos que si la normativa vigente considera suficiente recuperar tan solo el 10% del total de ejemplares escapados para “asumir que no hay daño ambiental”, está subestimando el efecto y/o impacto de esta industria en el medio marino y, principalmente, la gravedad de este evento en particular, pues estas especies exóticas, carnívoras por naturaleza, poseen altas concentraciones de antibióticos en sus tejidos e impactarían el ecosistema con la generación de residuos biológicos que podrían intervenir los ciclos de carbono y de nitrógeno, modificando los ecosistemas y, por ende, las condiciones de vida de otras especies.
Por otro lado, pese a la superioridad como predador del salmón, los ejemplares escapados no están acostumbrados a cazar su presa, sino que se les alimenta con pellets, por lo que se podría ver una importante mortalidad de estos peces en el mar producto de la inanición. Sin embargo, los salmones que logren superar dicha barrera son los que permanecerán en el medio, más agresivos y exitosos, los que además podrán continuar desplazándose y alimentándose de peces pelágicos (pejerreyes, merluza austral, entre otros).
Por ello, nos parece imperante que se generen las sinergias necesarias entre los diversos servicios públicos, para incentivar la urgente recaptura de la totalidad de individuos escapados, pues ya han pasado más de 30 días desde la fecha en que ocurrió el escape en Isla Huar. Adicionalmente, el Estado, a través de los organismos públicos, deberá determinar si procede la caducidad del permiso ambiental de dicho centro.
Luego del evento de escape de salmónidos ocurrido el 5 de julio pasado, resulta urgente revisar y mejorar la legislación vigente en materia de salmonicultura, así como velar por el cumplimiento de su aplicación. La Ley N° 20.657 de 2013 en su artículo 1° B, establece que el objetivo de la ley es “la conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos”, identificando el principio precautorio y el enfoque ecosistémico como herramientas fundamentales para su consecución. Por ello, resulta del todo necesaria una revisión de la actual normativa para la salmonicultura que ignora los principios básicos de responsabilidad ambiental.
Loreto Gaviño es ingeniera en acuicultura e investigadora de Fundación Terram.
