Una vez que la posible acusación constitucional fue anunciada, fue el mismo gobierno quien rechazó la iniciativa. El ministro del Interior, Andrés Chadwick comentó que se afectaba la institucionalidad y democracia del país.
Además, indicó que, si a los legisladores no les gusta una decisión del poder judicial, podrían estar siempre acusando constitucionalmente a quienes dictaron los fallos, dañando la autonomía de la Corte.
En la misma línea, a través de un comunicado se pronunció el pleno de la Corte Suprema, donde afirmaron que el cuestionamiento está perjudicando la autonomía de los magistrados, pues la acusación implicaría la revisión de la Corte por un organismo extraño y diferente al judicial.
Además, reclamaron que se está poniendo en riesgo la autonomía indispensable para su desempeño y también la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a las competencias propias de las autoridades.
La reacción de la Corte provocó de inmediato molestia en la oposición. La diputada Carmen Hertz comentó que las declaraciones de la institución judicial son completamente inadecuadas.
“No se puede pretender que el uso por parte de la cámara de una herramienta de fiscalización pueda poner en riesgo la vigencia del estado de derecho, eso a mi juicio es una barbaridad”, explicó.
Por su parte, el diputado PS Jaime Naranjo también criticó el comunicado emitido, asegurando que no solo se está ignorando tratados internacionales al dar libertades a condenados por delitos de lesa humanidad si no que también “están desconociendo la constitución porque tenemos esa facultad de acusar a los jueces por abandono de deberes”.
A través de redes sociales varios otros parlamentarios se sumaron a las críticas, asegurando que la Corte guardó silencio durante toda la dictadura militar, mientras que ahora reclama autonomía precisamente para otorgar libertad a violadores de derechos humanos.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que la autonomía de un poder del estado no puede ser ilimitada y debe existir fiscalización ante posibles errores.
Agregó que espera que “solo sea una respuesta corporativa y no el pensamiento de los jueces”.
Los parlamentarios de oposición que han adherido a la acusación, señalaron que mantendrán en pie la medida pese al reclamo hecho por la máxima autoridad judicial del país.
Una vez que la posible acusación constitucional fue anunciada, fue el mismo gobierno quien rechazó la iniciativa. El ministro del Interior, Andrés Chadwick comentó que se afectaba la institucionalidad y democracia del país.
Además, indicó que, si a los legisladores no les gusta una decisión del poder judicial, podrían estar siempre acusando constitucionalmente a quienes dictaron los fallos, dañando la autonomía de la Corte.
En la misma línea, a través de un comunicado se pronunció el pleno de la Corte Suprema, donde afirmaron que el cuestionamiento está perjudicando la autonomía de los magistrados, pues la acusación implicaría la revisión de la Corte por un organismo extraño y diferente al judicial.
Además, reclamaron que se está poniendo en riesgo la autonomía indispensable para su desempeño y también la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a las competencias propias de las autoridades.
La reacción de la Corte provocó de inmediato molestia en la oposición. La diputada Carmen Hertz comentó que las declaraciones de la institución judicial son completamente inadecuadas.
“No se puede pretender que el uso por parte de la cámara de una herramienta de fiscalización pueda poner en riesgo la vigencia del estado de derecho, eso a mi juicio es una barbaridad”, explicó.
Por su parte, el diputado PS Jaime Naranjo también criticó el comunicado emitido, asegurando que no solo se está ignorando tratados internacionales al dar libertades a condenados por delitos de lesa humanidad si no que también “están desconociendo la constitución porque tenemos esa facultad de acusar a los jueces por abandono de deberes”.
A través de redes sociales varios otros parlamentarios se sumaron a las críticas, asegurando que la Corte guardó silencio durante toda la dictadura militar, mientras que ahora reclama autonomía precisamente para otorgar libertad a violadores de derechos humanos.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que la autonomía de un poder del estado no puede ser ilimitada y debe existir fiscalización ante posibles errores.
Agregó que espera que “solo sea una respuesta corporativa y no el pensamiento de los jueces”.
Los parlamentarios de oposición que han adherido a la acusación, señalaron que mantendrán en pie la medida pese al reclamo hecho por la máxima autoridad judicial del país.
Una vez que la posible acusación constitucional fue anunciada, fue el mismo gobierno quien rechazó la iniciativa. El ministro del Interior, Andrés Chadwick comentó que se afectaba la institucionalidad y democracia del país.
Además, indicó que, si a los legisladores no les gusta una decisión del poder judicial, podrían estar siempre acusando constitucionalmente a quienes dictaron los fallos, dañando la autonomía de la Corte.
En la misma línea, a través de un comunicado se pronunció el pleno de la Corte Suprema, donde afirmaron que el cuestionamiento está perjudicando la autonomía de los magistrados, pues la acusación implicaría la revisión de la Corte por un organismo extraño y diferente al judicial.
Además, reclamaron que se está poniendo en riesgo la autonomía indispensable para su desempeño y también la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a las competencias propias de las autoridades.
La reacción de la Corte provocó de inmediato molestia en la oposición. La diputada Carmen Hertz comentó que las declaraciones de la institución judicial son completamente inadecuadas.
“No se puede pretender que el uso por parte de la cámara de una herramienta de fiscalización pueda poner en riesgo la vigencia del estado de derecho, eso a mi juicio es una barbaridad”, explicó.
Por su parte, el diputado PS Jaime Naranjo también criticó el comunicado emitido, asegurando que no solo se está ignorando tratados internacionales al dar libertades a condenados por delitos de lesa humanidad si no que también “están desconociendo la constitución porque tenemos esa facultad de acusar a los jueces por abandono de deberes”.
A través de redes sociales varios otros parlamentarios se sumaron a las críticas, asegurando que la Corte guardó silencio durante toda la dictadura militar, mientras que ahora reclama autonomía precisamente para otorgar libertad a violadores de derechos humanos.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que la autonomía de un poder del estado no puede ser ilimitada y debe existir fiscalización ante posibles errores.
Agregó que espera que “solo sea una respuesta corporativa y no el pensamiento de los jueces”.
Los parlamentarios de oposición que han adherido a la acusación, señalaron que mantendrán en pie la medida pese al reclamo hecho por la máxima autoridad judicial del país.
