Ha estado llevando a cabo una serie de reuniones con diferentes actores de nuestra sociedad. Todo esto también coincide con el informe lapidario que entregó Naciones Unidas respecto de la situación de la infancia en nuestro país. ¿De qué se tratan estas reuniones y qué se trata de conseguir con ellas?
Uno de los aspectos que a mí me interesan desde la Defensoría es propiciar el trabajo conjunto y coordinado de manera efectiva con las instituciones que se tienen que relacionar, ya sea de manera permanente u ocasional, con niños niñas y adolescentes. Desde ahí uno de los factores clave para el trabajo que pretendemos hacer tiene que ver con el rol de las policías, particularmente en lo que se relaciona con aquellas intervenciones propias de la función policial, donde muchas veces existe presencia de niños, niñas y adolescentes, y no necesariamente son atendidos debidamente en sus derechos y garantías. Por ello me reuní con el director General de Carabineros y con el Director General de la PDI, a quienes le solicitamos poder trabajar en la elaboración de un protocolo conjunto donde apliquemos debidamente los estándares de derechos humanos en lo que tiene que ver con acciones policiales como, por ejemplo, los desalojos de recintos educacionales, los allanamientos que se pueden hacer en contextos de investigaciones criminales o las detenciones que muchas veces se producen de adolescentes en contextos de marcha. Afortunadamente contamos con muy buena disposición de los jefes de las policías y ya estamos trabajando con las unidades de derechos humanos de cada una de las instituciones policiales para el establecimiento de esos protocolos.
Ayer también se reunió con el Defensor Nacional, Andrés Mahnke. ¿Qué materias se abordaron en esa reunión?
Era relevante también para nosotros poder contactar y generar una alianza con la Defensoría Penal Pública. Tiene bajo su responsabilidad la defensa en aquellos casos en los que las personas carezcan de recursos, para poder financiar un abogado particular. Ellos tienen un trabajo muy importante en lo que se relaciona con la defensa especializada en el ámbito juvenil y desde ahí para nosotros era relevante poder contar con la posibilidad de trabajar o interactuar particularmente en aquellos aspectos que se relacionan con los adolescentes que están vinculados a la justicia juvenil. Dentro de las atribuciones que tiene la Defensoría está la de poder revisar y fiscalizar en los estándares en los cuales se están cumpliendo las privaciones de libertad de adolescentes. Uno de los temas que me interesa es poder recoger las observaciones de la Defensoría Penal Pública para poder ir exigiendo y demandando los cambios que se necesitan en este ámbito
Han pasado algunos meses desde que el Presidente Piñera asumió el gobierno, marcando que pondrá el énfasis en este tema de la infancia, anunciando este Gran Acuerdo Nacional. ¿Cómo evalúas lo que se ha hecho hasta ahora?
Yo he valorado varias de las acciones que el gobierno ha desplegado en relación con la infancia, particularmente desde el punto de vista de la declaración manifiesta del Presidente en orden a que la situación de los niños es una de las prioridades de su gobierno. Desde ahí he solicitado la coherencia de que el actuar ministerial debe tener con esa declaración del Presidente y, si bien me parece que los anuncios vinculados a leyes constituyen avances, el tiempo de los niños es hoy, y a mí me apremia conocer con bastante precisión los responsables de las acciones específicas que van a impactar en definitiva en modificaciones reales y sustanciales en favor de los niños. Esa capa aún no está clara. Conocimos el anuncio de un Servicio de Protección de la Niñez, yo estoy a la espera de conocer el proyecto. El tema de la Ley de Garantía. Ya se anunció que para septiembre se van a presentar las indicaciones. Espero que no se dilate más porque es un piso esencial que a nosotros nos interesa revisar con mucha acuciosidad para ver si ese proyecto contempla garantías explícitas para niños, niñas y adolescentes. El Acurdo Nacional de la Infancia tiene 94 medidas. Aún no tengo la posibilidad de conocer específicamente con qué nivel de complemento se van a ejecutar. Cuáles son de corto plazo, cuáles son de mediano plazo, cuáles son de largo plazo, cuáles son inmediatas -que tiene que ver con la crisis intolerable del sistema residencial de los niños-. Hay un tema con los tiempos que a mí me preocupa y un tema con la suficiente información para nosotros poder, desde la Defensoría, ejercer un efectivo control y fiscalización de los actos de la administración del Estado que redunden en beneficios directos a los niños.
Los trabajadores del Sename transparentaron su inquietud respecto de otro punto que los tiene inquietos: el proceso para pasar a los trabajadores desde los centros hasta las residencias que pretende realizar una evaluación sicolaboral para revisar la continuidad de los trabajadores. ¿Cómo ve eso?
La opinión de los trabajadores es algo que tendrá que considerar la directora del Servicio. Lo que me parece relevante es que no puede ser que cualquier persona trabaje con niños, niñas o adolescentes, menos si son un grupo especialmente vulnerable. Desde ahí me parece imprescindible que se hagan todas las evaluaciones que sean necesarias para determinar si las personas que están ejecutando esas funciones cumplan no solo con los conocimientos, sino también con las competencias y habilidades que se requiere para poder abordar esta tarea tan crítica cuando se ejerce como funcionario público. En ese sentido el servicio va en el sentido correcto. Hemos insistido y demandado el establecimiento de perfil técnicos, profesionales y funcionarios que establezcan de manera clara cuáles son las exigencias que deben tener las personas que se vinculen con estos niños y, desde ahí, de acuerdo a los anuncios, es lo que nosotros hemos demandado. Las violaciones a los derechos humanos de los niños no es que los cometa el Estado como una entelequia sin sustento. Ahí hay actuaciones de personas, de funcionarios públicos. Desde ahí resulta ineludible el hacer ese cambio de paradigma y con la celeridad suficiente.
Este parece ser un barril sin fondo, donde cada día aparece una información que da cuenta de la profundidad del problema que realmente se está viviendo. Ahora salió un listado de niños que ni siquiera han podido ingresar al sistema de apoyo del Sename porque tienen que esperar y cumplir ciertos requisitos para entrar. ¿Qué tan profunda es la crisis y qué tanto conocemos de problema hasta el momento?
El tema de las listas de espera y la incapacidad para poder generar espacios de recuperación o de atención no solo afecta a los niños que están institucionalizados en el Sename. Es un tema más complejo y más global que también implica afectaciones a niños que han sido víctimas de delito y que no estando en un contexto de institucionalización. Por estar en familia, protegidos, tampoco tienen acceso con la oportunidad que se requiere a procesos terapéuticos y de reparación efectiva. Desde ahí es desde donde yo hablo de la necesidad de que una ley como la ley de garantía sea una ley que considere y consigne de manera expresa garantías explícitas que permitan a las personas exigir el cumplimiento de parte del Estado de sus derechos. Si un niño tiene que esperar un año y medio para poder acceder a un proceso de salud, y de esa manera creemos que estamos satisfaciendo de alguna forma las necesidades que ellos tienen, evidentemente es una falta de servicio del Estado que no resulta coherente con las necesidades y los tiempos de los niños. Es un tema que también resulta muy complejo, pero que se vincula con otros que tampoco han sido abordados de manera tan efectiva en algunos casos y en otros ni siquiera han sido abordados de manera real como, por ejemplo, lo que se relaciona con atención en ámbito de salud mental. Los anuncios tienen que pasar de ser un trabajo desde lo discursivo o desde la generación de acciones que no tengan impacto real en quiénes debe ser los beneficiados por ellas.
Ha estado llevando a cabo una serie de reuniones con diferentes actores de nuestra sociedad. Todo esto también coincide con el informe lapidario que entregó Naciones Unidas respecto de la situación de la infancia en nuestro país. ¿De qué se tratan estas reuniones y qué se trata de conseguir con ellas?
Uno de los aspectos que a mí me interesan desde la Defensoría es propiciar el trabajo conjunto y coordinado de manera efectiva con las instituciones que se tienen que relacionar, ya sea de manera permanente u ocasional, con niños niñas y adolescentes. Desde ahí uno de los factores clave para el trabajo que pretendemos hacer tiene que ver con el rol de las policías, particularmente en lo que se relaciona con aquellas intervenciones propias de la función policial, donde muchas veces existe presencia de niños, niñas y adolescentes, y no necesariamente son atendidos debidamente en sus derechos y garantías. Por ello me reuní con el director General de Carabineros y con el Director General de la PDI, a quienes le solicitamos poder trabajar en la elaboración de un protocolo conjunto donde apliquemos debidamente los estándares de derechos humanos en lo que tiene que ver con acciones policiales como, por ejemplo, los desalojos de recintos educacionales, los allanamientos que se pueden hacer en contextos de investigaciones criminales o las detenciones que muchas veces se producen de adolescentes en contextos de marcha. Afortunadamente contamos con muy buena disposición de los jefes de las policías y ya estamos trabajando con las unidades de derechos humanos de cada una de las instituciones policiales para el establecimiento de esos protocolos.
Ayer también se reunió con el Defensor Nacional, Andrés Mahnke. ¿Qué materias se abordaron en esa reunión?
Era relevante también para nosotros poder contactar y generar una alianza con la Defensoría Penal Pública. Tiene bajo su responsabilidad la defensa en aquellos casos en los que las personas carezcan de recursos, para poder financiar un abogado particular. Ellos tienen un trabajo muy importante en lo que se relaciona con la defensa especializada en el ámbito juvenil y desde ahí para nosotros era relevante poder contar con la posibilidad de trabajar o interactuar particularmente en aquellos aspectos que se relacionan con los adolescentes que están vinculados a la justicia juvenil. Dentro de las atribuciones que tiene la Defensoría está la de poder revisar y fiscalizar en los estándares en los cuales se están cumpliendo las privaciones de libertad de adolescentes. Uno de los temas que me interesa es poder recoger las observaciones de la Defensoría Penal Pública para poder ir exigiendo y demandando los cambios que se necesitan en este ámbito
Han pasado algunos meses desde que el Presidente Piñera asumió el gobierno, marcando que pondrá el énfasis en este tema de la infancia, anunciando este Gran Acuerdo Nacional. ¿Cómo evalúas lo que se ha hecho hasta ahora?
Yo he valorado varias de las acciones que el gobierno ha desplegado en relación con la infancia, particularmente desde el punto de vista de la declaración manifiesta del Presidente en orden a que la situación de los niños es una de las prioridades de su gobierno. Desde ahí he solicitado la coherencia de que el actuar ministerial debe tener con esa declaración del Presidente y, si bien me parece que los anuncios vinculados a leyes constituyen avances, el tiempo de los niños es hoy, y a mí me apremia conocer con bastante precisión los responsables de las acciones específicas que van a impactar en definitiva en modificaciones reales y sustanciales en favor de los niños. Esa capa aún no está clara. Conocimos el anuncio de un Servicio de Protección de la Niñez, yo estoy a la espera de conocer el proyecto. El tema de la Ley de Garantía. Ya se anunció que para septiembre se van a presentar las indicaciones. Espero que no se dilate más porque es un piso esencial que a nosotros nos interesa revisar con mucha acuciosidad para ver si ese proyecto contempla garantías explícitas para niños, niñas y adolescentes. El Acurdo Nacional de la Infancia tiene 94 medidas. Aún no tengo la posibilidad de conocer específicamente con qué nivel de complemento se van a ejecutar. Cuáles son de corto plazo, cuáles son de mediano plazo, cuáles son de largo plazo, cuáles son inmediatas -que tiene que ver con la crisis intolerable del sistema residencial de los niños-. Hay un tema con los tiempos que a mí me preocupa y un tema con la suficiente información para nosotros poder, desde la Defensoría, ejercer un efectivo control y fiscalización de los actos de la administración del Estado que redunden en beneficios directos a los niños.
Los trabajadores del Sename transparentaron su inquietud respecto de otro punto que los tiene inquietos: el proceso para pasar a los trabajadores desde los centros hasta las residencias que pretende realizar una evaluación sicolaboral para revisar la continuidad de los trabajadores. ¿Cómo ve eso?
La opinión de los trabajadores es algo que tendrá que considerar la directora del Servicio. Lo que me parece relevante es que no puede ser que cualquier persona trabaje con niños, niñas o adolescentes, menos si son un grupo especialmente vulnerable. Desde ahí me parece imprescindible que se hagan todas las evaluaciones que sean necesarias para determinar si las personas que están ejecutando esas funciones cumplan no solo con los conocimientos, sino también con las competencias y habilidades que se requiere para poder abordar esta tarea tan crítica cuando se ejerce como funcionario público. En ese sentido el servicio va en el sentido correcto. Hemos insistido y demandado el establecimiento de perfil técnicos, profesionales y funcionarios que establezcan de manera clara cuáles son las exigencias que deben tener las personas que se vinculen con estos niños y, desde ahí, de acuerdo a los anuncios, es lo que nosotros hemos demandado. Las violaciones a los derechos humanos de los niños no es que los cometa el Estado como una entelequia sin sustento. Ahí hay actuaciones de personas, de funcionarios públicos. Desde ahí resulta ineludible el hacer ese cambio de paradigma y con la celeridad suficiente.
Este parece ser un barril sin fondo, donde cada día aparece una información que da cuenta de la profundidad del problema que realmente se está viviendo. Ahora salió un listado de niños que ni siquiera han podido ingresar al sistema de apoyo del Sename porque tienen que esperar y cumplir ciertos requisitos para entrar. ¿Qué tan profunda es la crisis y qué tanto conocemos de problema hasta el momento?
El tema de las listas de espera y la incapacidad para poder generar espacios de recuperación o de atención no solo afecta a los niños que están institucionalizados en el Sename. Es un tema más complejo y más global que también implica afectaciones a niños que han sido víctimas de delito y que no estando en un contexto de institucionalización. Por estar en familia, protegidos, tampoco tienen acceso con la oportunidad que se requiere a procesos terapéuticos y de reparación efectiva. Desde ahí es desde donde yo hablo de la necesidad de que una ley como la ley de garantía sea una ley que considere y consigne de manera expresa garantías explícitas que permitan a las personas exigir el cumplimiento de parte del Estado de sus derechos. Si un niño tiene que esperar un año y medio para poder acceder a un proceso de salud, y de esa manera creemos que estamos satisfaciendo de alguna forma las necesidades que ellos tienen, evidentemente es una falta de servicio del Estado que no resulta coherente con las necesidades y los tiempos de los niños. Es un tema que también resulta muy complejo, pero que se vincula con otros que tampoco han sido abordados de manera tan efectiva en algunos casos y en otros ni siquiera han sido abordados de manera real como, por ejemplo, lo que se relaciona con atención en ámbito de salud mental. Los anuncios tienen que pasar de ser un trabajo desde lo discursivo o desde la generación de acciones que no tengan impacto real en quiénes debe ser los beneficiados por ellas.
Ha estado llevando a cabo una serie de reuniones con diferentes actores de nuestra sociedad. Todo esto también coincide con el informe lapidario que entregó Naciones Unidas respecto de la situación de la infancia en nuestro país. ¿De qué se tratan estas reuniones y qué se trata de conseguir con ellas?
Uno de los aspectos que a mí me interesan desde la Defensoría es propiciar el trabajo conjunto y coordinado de manera efectiva con las instituciones que se tienen que relacionar, ya sea de manera permanente u ocasional, con niños niñas y adolescentes. Desde ahí uno de los factores clave para el trabajo que pretendemos hacer tiene que ver con el rol de las policías, particularmente en lo que se relaciona con aquellas intervenciones propias de la función policial, donde muchas veces existe presencia de niños, niñas y adolescentes, y no necesariamente son atendidos debidamente en sus derechos y garantías. Por ello me reuní con el director General de Carabineros y con el Director General de la PDI, a quienes le solicitamos poder trabajar en la elaboración de un protocolo conjunto donde apliquemos debidamente los estándares de derechos humanos en lo que tiene que ver con acciones policiales como, por ejemplo, los desalojos de recintos educacionales, los allanamientos que se pueden hacer en contextos de investigaciones criminales o las detenciones que muchas veces se producen de adolescentes en contextos de marcha. Afortunadamente contamos con muy buena disposición de los jefes de las policías y ya estamos trabajando con las unidades de derechos humanos de cada una de las instituciones policiales para el establecimiento de esos protocolos.
Ayer también se reunió con el Defensor Nacional, Andrés Mahnke. ¿Qué materias se abordaron en esa reunión?
Era relevante también para nosotros poder contactar y generar una alianza con la Defensoría Penal Pública. Tiene bajo su responsabilidad la defensa en aquellos casos en los que las personas carezcan de recursos, para poder financiar un abogado particular. Ellos tienen un trabajo muy importante en lo que se relaciona con la defensa especializada en el ámbito juvenil y desde ahí para nosotros era relevante poder contar con la posibilidad de trabajar o interactuar particularmente en aquellos aspectos que se relacionan con los adolescentes que están vinculados a la justicia juvenil. Dentro de las atribuciones que tiene la Defensoría está la de poder revisar y fiscalizar en los estándares en los cuales se están cumpliendo las privaciones de libertad de adolescentes. Uno de los temas que me interesa es poder recoger las observaciones de la Defensoría Penal Pública para poder ir exigiendo y demandando los cambios que se necesitan en este ámbito
Han pasado algunos meses desde que el Presidente Piñera asumió el gobierno, marcando que pondrá el énfasis en este tema de la infancia, anunciando este Gran Acuerdo Nacional. ¿Cómo evalúas lo que se ha hecho hasta ahora?
Yo he valorado varias de las acciones que el gobierno ha desplegado en relación con la infancia, particularmente desde el punto de vista de la declaración manifiesta del Presidente en orden a que la situación de los niños es una de las prioridades de su gobierno. Desde ahí he solicitado la coherencia de que el actuar ministerial debe tener con esa declaración del Presidente y, si bien me parece que los anuncios vinculados a leyes constituyen avances, el tiempo de los niños es hoy, y a mí me apremia conocer con bastante precisión los responsables de las acciones específicas que van a impactar en definitiva en modificaciones reales y sustanciales en favor de los niños. Esa capa aún no está clara. Conocimos el anuncio de un Servicio de Protección de la Niñez, yo estoy a la espera de conocer el proyecto. El tema de la Ley de Garantía. Ya se anunció que para septiembre se van a presentar las indicaciones. Espero que no se dilate más porque es un piso esencial que a nosotros nos interesa revisar con mucha acuciosidad para ver si ese proyecto contempla garantías explícitas para niños, niñas y adolescentes. El Acurdo Nacional de la Infancia tiene 94 medidas. Aún no tengo la posibilidad de conocer específicamente con qué nivel de complemento se van a ejecutar. Cuáles son de corto plazo, cuáles son de mediano plazo, cuáles son de largo plazo, cuáles son inmediatas -que tiene que ver con la crisis intolerable del sistema residencial de los niños-. Hay un tema con los tiempos que a mí me preocupa y un tema con la suficiente información para nosotros poder, desde la Defensoría, ejercer un efectivo control y fiscalización de los actos de la administración del Estado que redunden en beneficios directos a los niños.
Los trabajadores del Sename transparentaron su inquietud respecto de otro punto que los tiene inquietos: el proceso para pasar a los trabajadores desde los centros hasta las residencias que pretende realizar una evaluación sicolaboral para revisar la continuidad de los trabajadores. ¿Cómo ve eso?
La opinión de los trabajadores es algo que tendrá que considerar la directora del Servicio. Lo que me parece relevante es que no puede ser que cualquier persona trabaje con niños, niñas o adolescentes, menos si son un grupo especialmente vulnerable. Desde ahí me parece imprescindible que se hagan todas las evaluaciones que sean necesarias para determinar si las personas que están ejecutando esas funciones cumplan no solo con los conocimientos, sino también con las competencias y habilidades que se requiere para poder abordar esta tarea tan crítica cuando se ejerce como funcionario público. En ese sentido el servicio va en el sentido correcto. Hemos insistido y demandado el establecimiento de perfil técnicos, profesionales y funcionarios que establezcan de manera clara cuáles son las exigencias que deben tener las personas que se vinculen con estos niños y, desde ahí, de acuerdo a los anuncios, es lo que nosotros hemos demandado. Las violaciones a los derechos humanos de los niños no es que los cometa el Estado como una entelequia sin sustento. Ahí hay actuaciones de personas, de funcionarios públicos. Desde ahí resulta ineludible el hacer ese cambio de paradigma y con la celeridad suficiente.
Este parece ser un barril sin fondo, donde cada día aparece una información que da cuenta de la profundidad del problema que realmente se está viviendo. Ahora salió un listado de niños que ni siquiera han podido ingresar al sistema de apoyo del Sename porque tienen que esperar y cumplir ciertos requisitos para entrar. ¿Qué tan profunda es la crisis y qué tanto conocemos de problema hasta el momento?
El tema de las listas de espera y la incapacidad para poder generar espacios de recuperación o de atención no solo afecta a los niños que están institucionalizados en el Sename. Es un tema más complejo y más global que también implica afectaciones a niños que han sido víctimas de delito y que no estando en un contexto de institucionalización. Por estar en familia, protegidos, tampoco tienen acceso con la oportunidad que se requiere a procesos terapéuticos y de reparación efectiva. Desde ahí es desde donde yo hablo de la necesidad de que una ley como la ley de garantía sea una ley que considere y consigne de manera expresa garantías explícitas que permitan a las personas exigir el cumplimiento de parte del Estado de sus derechos. Si un niño tiene que esperar un año y medio para poder acceder a un proceso de salud, y de esa manera creemos que estamos satisfaciendo de alguna forma las necesidades que ellos tienen, evidentemente es una falta de servicio del Estado que no resulta coherente con las necesidades y los tiempos de los niños. Es un tema que también resulta muy complejo, pero que se vincula con otros que tampoco han sido abordados de manera tan efectiva en algunos casos y en otros ni siquiera han sido abordados de manera real como, por ejemplo, lo que se relaciona con atención en ámbito de salud mental. Los anuncios tienen que pasar de ser un trabajo desde lo discursivo o desde la generación de acciones que no tengan impacto real en quiénes debe ser los beneficiados por ellas.
