En apenas una década, el valor del suelo de las principales comunas de la Región Metropolitana se ha disparado, como consecuencia de la total desregulación del mercado inmobiliario. Un estudio que midió la evolución del precio de los terrenos en catorce comunas de la capital, desarrollado por la consultora Arenas y Cayo, reveló que en general el valor del suelo se ha más que duplicado en apenas una década.
Así, la ciudad cambia vertiginosamente. No se trata de una nostalgia que impida a Santiago evolucionar, pero sí es preciso preguntarse por el valor que le asignamos a los barrios, en tanto espacio donde se construye el tejido social, y cuán lejos queremos que vivan los más desfavorecidos, cuyos sueldos les impiden vivir a distancias razonables de sus trabajos o lugares de estudio. Adicionalmente, en una ciudad cada vez más rica como ésta han aumentado los allegados y los campamentos, situación directamente vinculada con el encarecimiento del suelo producido por la especulación inmobiliaria.
Comunas como San Miguel, Estación Central, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, donde antes había barrios populares, casas con patio, árboles frutales y vecinos que se conocían entre sí, han sido las que más se han encarecido al transformarse en zonas de edificios gigantes, situación que se agudizará en los próximos años.
¿Dónde viven hoy los pobres que antes vivían allí? Cuando es posible, en departamentos diminutos que no quedan tan lejos. Cuando no, fuera del anillo Américo Vespucio, muy lejos a veces, con el consiguiente viaje promedio de dos horas de ida y dos horas de vuelta en Metro y/o Transantiago.
Por esta razón muchos profesores e investigadores, como por ejemplo Ernesto López de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, han señalado que urge establecer políticas para terminar con las consecuencias indeseables de la especulación inmobiliaria. La primera, la más importante, es el desarrollo de planes reguladores que protejan a los barrios y otorguen racionalidad a la organización territorial de la ciudad. Parece increíble, a estas alturas, que un tercio de las comunas de la Región Metropolitana no tenga plan regulador.
La segunda política que se demanda es reconocer el modo en que algunas obras públicas favorecen el negocio inmobiliario, especialmente la construcción de nuevas estaciones de Metro. Hemos visto en los últimos meses cómo la presión de las empresas constructoras se está desplegando por Pedro Aguirre Cerda, lo cual podría llevar a que los vecinos que siempre han vivido ahí, en vez de beneficiarse por el tren subterráneo, terminen expulsados para siempre de sus barrios de toda la vida. Una situación similar podría ocurrir en La Pintana, la comuna que actualmente tiene el suelo más barato de Santiago, pero que se ha encarecido con el solo anuncio de la llegada del Metro en diez años más. Imagínese cómo será cuando empiecen las obras. Si, entonces, las inmobiliarias ganan más cuando venden cerca del Metro, que es una obra que se construye con fondos públicos, es justo y necesario que se capture una parte de esa plusvalía.
Lo último es terminar con la segregación de las políticas urbanas y llevar los servicios y los puestos de trabajo cerca de donde viven las familias más pobres. Un estudio concluye que en el horario punta en la mañana en Santiago, casi un 40 por ciento de los viajes para ir a trabajar de toda la de la Región se hacen solamente hacia las comunas de Santiago, Providencia y Las Condes. El sistema de transportes, entonces, funciona para llevar la mano de obra barata hacia las zonas más ricas y no para entregar beneficios a las personas.
Quizás ésa sea el tema de fondo. Aunque nadie lo haya buscado ni lo reconozca, es posible que hoy Santiago evolucione para las inmobiliarias y no para el bien común. Es la hora de terminar con este poder apabullante y aquello es tarea de las autoridades políticas. Para que no haya tantos santiaguinos que deban levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Para que la llegada del Metro, en vez de una gran noticia, no sea una amenaza de expulsión para quienes siempre han vivido ahí. Para que tener una casa de un piso y con patio no se transforme en una maldición, a la espera que llegue la pluma de la inmobiliaria.
Correo: patriciolopez @u.uchile.cl
En apenas una década, el valor del suelo de las principales comunas de la Región Metropolitana se ha disparado, como consecuencia de la total desregulación del mercado inmobiliario. Un estudio que midió la evolución del precio de los terrenos en catorce comunas de la capital, desarrollado por la consultora Arenas y Cayo, reveló que en general el valor del suelo se ha más que duplicado en apenas una década.
Así, la ciudad cambia vertiginosamente. No se trata de una nostalgia que impida a Santiago evolucionar, pero sí es preciso preguntarse por el valor que le asignamos a los barrios, en tanto espacio donde se construye el tejido social, y cuán lejos queremos que vivan los más desfavorecidos, cuyos sueldos les impiden vivir a distancias razonables de sus trabajos o lugares de estudio. Adicionalmente, en una ciudad cada vez más rica como ésta han aumentado los allegados y los campamentos, situación directamente vinculada con el encarecimiento del suelo producido por la especulación inmobiliaria.
Comunas como San Miguel, Estación Central, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, donde antes había barrios populares, casas con patio, árboles frutales y vecinos que se conocían entre sí, han sido las que más se han encarecido al transformarse en zonas de edificios gigantes, situación que se agudizará en los próximos años.
¿Dónde viven hoy los pobres que antes vivían allí? Cuando es posible, en departamentos diminutos que no quedan tan lejos. Cuando no, fuera del anillo Américo Vespucio, muy lejos a veces, con el consiguiente viaje promedio de dos horas de ida y dos horas de vuelta en Metro y/o Transantiago.
Por esta razón muchos profesores e investigadores, como por ejemplo Ernesto López de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, han señalado que urge establecer políticas para terminar con las consecuencias indeseables de la especulación inmobiliaria. La primera, la más importante, es el desarrollo de planes reguladores que protejan a los barrios y otorguen racionalidad a la organización territorial de la ciudad. Parece increíble, a estas alturas, que un tercio de las comunas de la Región Metropolitana no tenga plan regulador.
La segunda política que se demanda es reconocer el modo en que algunas obras públicas favorecen el negocio inmobiliario, especialmente la construcción de nuevas estaciones de Metro. Hemos visto en los últimos meses cómo la presión de las empresas constructoras se está desplegando por Pedro Aguirre Cerda, lo cual podría llevar a que los vecinos que siempre han vivido ahí, en vez de beneficiarse por el tren subterráneo, terminen expulsados para siempre de sus barrios de toda la vida. Una situación similar podría ocurrir en La Pintana, la comuna que actualmente tiene el suelo más barato de Santiago, pero que se ha encarecido con el solo anuncio de la llegada del Metro en diez años más. Imagínese cómo será cuando empiecen las obras. Si, entonces, las inmobiliarias ganan más cuando venden cerca del Metro, que es una obra que se construye con fondos públicos, es justo y necesario que se capture una parte de esa plusvalía.
Lo último es terminar con la segregación de las políticas urbanas y llevar los servicios y los puestos de trabajo cerca de donde viven las familias más pobres. Un estudio concluye que en el horario punta en la mañana en Santiago, casi un 40 por ciento de los viajes para ir a trabajar de toda la de la Región se hacen solamente hacia las comunas de Santiago, Providencia y Las Condes. El sistema de transportes, entonces, funciona para llevar la mano de obra barata hacia las zonas más ricas y no para entregar beneficios a las personas.
Quizás ésa sea el tema de fondo. Aunque nadie lo haya buscado ni lo reconozca, es posible que hoy Santiago evolucione para las inmobiliarias y no para el bien común. Es la hora de terminar con este poder apabullante y aquello es tarea de las autoridades políticas. Para que no haya tantos santiaguinos que deban levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Para que la llegada del Metro, en vez de una gran noticia, no sea una amenaza de expulsión para quienes siempre han vivido ahí. Para que tener una casa de un piso y con patio no se transforme en una maldición, a la espera que llegue la pluma de la inmobiliaria.
Correo: patriciolopez @u.uchile.cl
En apenas una década, el valor del suelo de las principales comunas de la Región Metropolitana se ha disparado, como consecuencia de la total desregulación del mercado inmobiliario. Un estudio que midió la evolución del precio de los terrenos en catorce comunas de la capital, desarrollado por la consultora Arenas y Cayo, reveló que en general el valor del suelo se ha más que duplicado en apenas una década.
Así, la ciudad cambia vertiginosamente. No se trata de una nostalgia que impida a Santiago evolucionar, pero sí es preciso preguntarse por el valor que le asignamos a los barrios, en tanto espacio donde se construye el tejido social, y cuán lejos queremos que vivan los más desfavorecidos, cuyos sueldos les impiden vivir a distancias razonables de sus trabajos o lugares de estudio. Adicionalmente, en una ciudad cada vez más rica como ésta han aumentado los allegados y los campamentos, situación directamente vinculada con el encarecimiento del suelo producido por la especulación inmobiliaria.
Comunas como San Miguel, Estación Central, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, donde antes había barrios populares, casas con patio, árboles frutales y vecinos que se conocían entre sí, han sido las que más se han encarecido al transformarse en zonas de edificios gigantes, situación que se agudizará en los próximos años.
¿Dónde viven hoy los pobres que antes vivían allí? Cuando es posible, en departamentos diminutos que no quedan tan lejos. Cuando no, fuera del anillo Américo Vespucio, muy lejos a veces, con el consiguiente viaje promedio de dos horas de ida y dos horas de vuelta en Metro y/o Transantiago.
Por esta razón muchos profesores e investigadores, como por ejemplo Ernesto López de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, han señalado que urge establecer políticas para terminar con las consecuencias indeseables de la especulación inmobiliaria. La primera, la más importante, es el desarrollo de planes reguladores que protejan a los barrios y otorguen racionalidad a la organización territorial de la ciudad. Parece increíble, a estas alturas, que un tercio de las comunas de la Región Metropolitana no tenga plan regulador.
La segunda política que se demanda es reconocer el modo en que algunas obras públicas favorecen el negocio inmobiliario, especialmente la construcción de nuevas estaciones de Metro. Hemos visto en los últimos meses cómo la presión de las empresas constructoras se está desplegando por Pedro Aguirre Cerda, lo cual podría llevar a que los vecinos que siempre han vivido ahí, en vez de beneficiarse por el tren subterráneo, terminen expulsados para siempre de sus barrios de toda la vida. Una situación similar podría ocurrir en La Pintana, la comuna que actualmente tiene el suelo más barato de Santiago, pero que se ha encarecido con el solo anuncio de la llegada del Metro en diez años más. Imagínese cómo será cuando empiecen las obras. Si, entonces, las inmobiliarias ganan más cuando venden cerca del Metro, que es una obra que se construye con fondos públicos, es justo y necesario que se capture una parte de esa plusvalía.
Lo último es terminar con la segregación de las políticas urbanas y llevar los servicios y los puestos de trabajo cerca de donde viven las familias más pobres. Un estudio concluye que en el horario punta en la mañana en Santiago, casi un 40 por ciento de los viajes para ir a trabajar de toda la de la Región se hacen solamente hacia las comunas de Santiago, Providencia y Las Condes. El sistema de transportes, entonces, funciona para llevar la mano de obra barata hacia las zonas más ricas y no para entregar beneficios a las personas.
Quizás ésa sea el tema de fondo. Aunque nadie lo haya buscado ni lo reconozca, es posible que hoy Santiago evolucione para las inmobiliarias y no para el bien común. Es la hora de terminar con este poder apabullante y aquello es tarea de las autoridades políticas. Para que no haya tantos santiaguinos que deban levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Para que la llegada del Metro, en vez de una gran noticia, no sea una amenaza de expulsión para quienes siempre han vivido ahí. Para que tener una casa de un piso y con patio no se transforme en una maldición, a la espera que llegue la pluma de la inmobiliaria.
Correo: patriciolopez @u.uchile.cl
