Oposición busca remover a ministros que liberaron a criminales de lesa humanidad
Parlamentarios de todas las bancadas de la oposición presentaron este miércoles la acusación constitucional en contra de tres de los ministros de la Sala Penal del Máximo Tribunal. La acción se da luego del otorgamiento de libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde el Ejecutivo salieron a criticar la medida, asegurando que con ésta se afecta gravemente el Estado de Derecho.
Miércoles 22 de agosto 2018 16:05 hrs.
Acompañados de agrupaciones de derechos humanos, este miércoles parlamentarios de distintas bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz del otorgamiento de libertades condicionales a siete criminales de lesa humanidad.
La diputada del partido Comunista, Carmen Hertz, detalló los argumentos que, a su juicio, justifican esta medida. “La impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio, está prohibida por el orden internacional. Se están infringiendo con esto, elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional”.
Misma visión expresó la Presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro quien señaló los riesgos de la liberación de quienes fueron condenados por crímenes contra los derechos humanos. “La impunidad tiene un gran riesgo, que es la repetición del genocidio. Cuando uno escucha opiniones de ministros, que dicen que esta es la intervención de un poder del Estado en relación a la autonomía del otro (…) La autonomía de un poder del Estado tiene un límite y es cuando ese poder no cumple su función, que es lo que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema”.
El texto fue firmado por representantes de todas las bancadas de la oposición desde el Frente Amplio, hasta la Democracia Cristiana.
Al respecto desde el Gobierno el ministro del Interior, Andrés Chadwick, enfatizó que “no corresponde al Congreso Nacional y en este caso a la Cámara de Diputados, hacer una acusación constitucional contra jueces, en este caso ministros de la Corte Suprema, por el contenido de sus resoluciones judiciales”.
El jefe de gabinete expresó además que la acusación constitucional “afecta gravemente al Estado de Derecho y al funcionamiento de la institucionalidad democrática” y agregó que “un país serio institucionalmente, no puede ser que una mayoría política de parlamentarios se entrometan, se inmiscuyan en el contenido de las resoluciones judiciales le gusten o no les gusten, les parezcan buenas o no”.
Acompañados de agrupaciones de derechos humanos, este miércoles parlamentarios de distintas bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz del otorgamiento de libertades condicionales a siete criminales de lesa humanidad.
La diputada del partido Comunista, Carmen Hertz, detalló los argumentos que, a su juicio, justifican esta medida. “La impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio, está prohibida por el orden internacional. Se están infringiendo con esto, elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional”.
Misma visión expresó la Presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro quien señaló los riesgos de la liberación de quienes fueron condenados por crímenes contra los derechos humanos. “La impunidad tiene un gran riesgo, que es la repetición del genocidio. Cuando uno escucha opiniones de ministros, que dicen que esta es la intervención de un poder del Estado en relación a la autonomía del otro (…) La autonomía de un poder del Estado tiene un límite y es cuando ese poder no cumple su función, que es lo que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema”.
El texto fue firmado por representantes de todas las bancadas de la oposición desde el Frente Amplio, hasta la Democracia Cristiana.
Al respecto desde el Gobierno el ministro del Interior, Andrés Chadwick, enfatizó que “no corresponde al Congreso Nacional y en este caso a la Cámara de Diputados, hacer una acusación constitucional contra jueces, en este caso ministros de la Corte Suprema, por el contenido de sus resoluciones judiciales”.
El jefe de gabinete expresó además que la acusación constitucional “afecta gravemente al Estado de Derecho y al funcionamiento de la institucionalidad democrática” y agregó que “un país serio institucionalmente, no puede ser que una mayoría política de parlamentarios se entrometan, se inmiscuyan en el contenido de las resoluciones judiciales le gusten o no les gusten, les parezcan buenas o no”.
Acompañados de agrupaciones de derechos humanos, este miércoles parlamentarios de distintas bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz del otorgamiento de libertades condicionales a siete criminales de lesa humanidad.
La diputada del partido Comunista, Carmen Hertz, detalló los argumentos que, a su juicio, justifican esta medida. “La impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio, está prohibida por el orden internacional. Se están infringiendo con esto, elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional”.
Misma visión expresó la Presidenta de la Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro quien señaló los riesgos de la liberación de quienes fueron condenados por crímenes contra los derechos humanos. “La impunidad tiene un gran riesgo, que es la repetición del genocidio. Cuando uno escucha opiniones de ministros, que dicen que esta es la intervención de un poder del Estado en relación a la autonomía del otro (…) La autonomía de un poder del Estado tiene un límite y es cuando ese poder no cumple su función, que es lo que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema”.
El texto fue firmado por representantes de todas las bancadas de la oposición desde el Frente Amplio, hasta la Democracia Cristiana.
Al respecto desde el Gobierno el ministro del Interior, Andrés Chadwick, enfatizó que “no corresponde al Congreso Nacional y en este caso a la Cámara de Diputados, hacer una acusación constitucional contra jueces, en este caso ministros de la Corte Suprema, por el contenido de sus resoluciones judiciales”.
El jefe de gabinete expresó además que la acusación constitucional “afecta gravemente al Estado de Derecho y al funcionamiento de la institucionalidad democrática” y agregó que “un país serio institucionalmente, no puede ser que una mayoría política de parlamentarios se entrometan, se inmiscuyan en el contenido de las resoluciones judiciales le gusten o no les gusten, les parezcan buenas o no”.
