La grave crisis medioambiental en Quintero y Puchuncaví, lo hemos planteado, debe ser enfrentada en sus causas más profundas y no quedarse en el último episodio. Para una comunidad de miles de personas cuya salud y calidad de vida han sido condicionadas desde hace décadas por la contaminación, no sirve que la discusión se circunscriba solo a quién contaminó la última vez: lo que requieren es que se tomen medidas para que nadie contamine nunca más, de aquí en adelante.

Ellos han decidido actuar por su propia cuenta y según las pocas posibilidades que les permiten las circunstancias: han realizado un cabildo y se han autoconvocado en la plaza pública para desde ahí hacer su petitorio. No había en aquella cita ninguno de los interlocutores pertinentes.

El foco de las autoridades, las empresas, los dirigentes políticos oficialistas y de oposición y de los medios de comunicación debería concentrarse en aquellas demandas y no en quedar bien o en alimentar el escándalo, pero lamentablemente no ha sido así. Los diarios de este jueves se remiten a evidenciar cómo la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, y la empresa ENAP discrepan públicamente sobre quién contaminó.

Quedarnos acá o en quién es la autoridad de turno responsable, e incluso en cuáles son los vínculos entre dignatarios y empresas puede ayudar a escarecer este problema puntual, pero en el fondo no resolverá nada. No estamos poniendo a las personas en el centro de la discusión y el asunto avanza gradualmente hacia la conversión en un show mediático o en una espuria disputa política que durará solo hasta que los focos que apaguen y aparezca la próxima noticia, en cualquier otro lugar del país.

No parece sano construir debate político u opinión pública sobre la base del consumo sucesivo de “graves incidentes”, saltando de uno en otro sin hacer los cambios necesarios para que los problemas no vuelvan a repetirse. Aunque varíen pronto los titulares de los medios, la contaminación y el daño a la salud de las comunidades continuarán en Quintero y Puchuncaví.

Es preciso hablar del daño acumulado: parece increíble que el plan de descontaminación de la zona haya cumplido 25 años sin modificaciones, que no haya estudios sobre los verdaderos efectos de este drama en la población o que no haya un medidor de gases sino hasta hace pocos días, lo cual entonces es responsabilidad del Estado a través de todos los gobiernos de las últimas décadas y no exclusivamente de la autoridad de turno, aunque esto por supuesto no le exima de culpas.

El problema es entonces muy de fondo, de carácter estructural, y no puede ser resuelto episódicamente, menos con oportunismo mediático.

El concepto “zonas de sacrificio” no es solo una acepción ocurrente y asertiva, sino una política de Estado, consecuencia inherente a la estrategia de desarrollo seguida por Chile en las últimas décadas y que, así como está dañando a quienes viven en Quintero y Puchuncaví, también lo está haciendo ahora mismo en Mejillones, Huasco, Coronel y otros lugares, todos ellos donde viven personas de escasos recursos.

Tal como es urgente saber qué ocurrió esta vez, quién es responsable, qué sustancias se emitieron y cuáles son las consecuencias de corto y mediano plazo sobre la salud de las personas, es tanto o más importante terminar con estos emplazamientos, lo cual saca a la pizarra a la voluntad política profunda de este gobierno, tal como a las posibilidades reales del Estado subsidiario actual. Salvo que se estime que este desarrollo bien vale algunos cientos de miles de vidas humanas.