En conversación con el periodista Patricio López, director de nuestra emisora, el senador de Revolución Democrática se manifestó respecto de la grave situación que viven los habitantes de las zonas de sacrificio de Quintero, Puchuncaví y Ventanas y señaló que Chile tiene una deuda en materia de políticas de Estado sobre contaminación.

El senador por la Región de Valparaíso expresó la urgencia que reviste la salud de la población de las zonas afectadas por las emanaciones de gases tóxicos que ponen en riesgo la salud de las personas.

“He trabajado con la comunidad desde hace tiempo y no solo por este incidente, y la crítica de fondo y estructural apunta al  modelo de desarrollo que permite la existencia de estas  zonas de sacrificio. Sin embargo la urgencia actual es la cuestión de salud en la población. No solo están los 182 estudiantes intoxicados,  sino que hay más gente. Ayer conversé con vecinos y vecinas de Quintero que habían tenido varios síntomas y se quejan mucho que el centro de salud que hay en la comuna es muy deficitario e incluso denunciaban que llegaban muchas personas con los mismos síntomas,  pero  los atendían muy rápido, les daban diagnósticos distintos, y sin exámenes médicos. En definitiva no hay un plan de estar examinando a la población que pueda estar con contaminación en su cuerpo. Esto causa preocupación y angustia a las personas que viven en esas comunidades.

El senador se refiere también a las responsabilidades por la contaminación presente en la zona y asevera que pese a que el Gobierno sindicó rápidamente a Enap, los habitantes de Quintero, Puchuncaví y Ventanas señalan a Oxiquim  y las termoeléctricas que son empresa privada. El representante de RD manifestó que todo este tema está en una nebulosa que genera aún más desconfianza.

“Uno de los problemas que la gente critica es que no hay evidencia de planes serios de salud en la población para hacer exámenes preventivos, de control de la población como si los hay en otros países para las comunidades que están expuestas a sustancias o empresas que emiten contaminantes similares. Ahí hay evidencia de lo que provoca el arsénico en el cuerpo, las distintas sustancias, pero en la zona de  Puchuncaví, Quintero y Ventanas la verdad es que  ha habido una negligencia por parte del Estado en términos de salud y de monitorear de manera seria que es lo que ocurre ahí.  La gente tiene temor y lo dice, de cuáles serán los pibiles efectos de esta intoxicación en 20 o 30 años más y si es posible que desarrollen cáncer , por ejemplo”.

Foto de Agencia Uno

Para Juan Ignacio Latorre, sin embargo este problema es algo de larga data y acusa que el Estado ha sido negligente en dar cuenta del daño que se ha provocado a los habitantes de la zona el hecho de vivir en un núcleo industrial que cuenta con 17 grandes empresas que contaminan.

“El Estado ha mirado para el techo desde  el punto de vista de la salud de la población y eso me parece gravísimo. Es una vulneración a los derechos constitucionales de vivir en un medio ambiente libre  de contaminación y a  la salud”.

Las zonas de sacrificio y el modelo económico nacional

Este concepto fue acuñado para a aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, afectando siempre a  comunidades más pobres o vulnerables.

Latorre asegura que la idea de establecer estas zonas de sacrificio en pos de un mejor desarrollo económico debe hacer que se replantee el modelo socioeconóomico vigente en el país.

Hace tiempo se  viene hablando de las zonas de sacrificio y  en Chile se identifican cinco: Tocopilla, Puchuncaví, Quintero, Ventanas y Concón porque  son áreas emblemáticas por el desarrollo industrial desde hace más de 50 años. Allí  gradualmente se han ido instalando empresas grandes y altamente contaminantes porque de alguna manera el Estado ha sido permisivo. La normativa ambiental no se condice con la normativa internacional y las multas a las empresas son bajas. A las empresas les sale barato contaminar y transgreden la norma, los sistemas de monitoreo no son independientes sino que son contratados por las mismas empresas, pero no hay un Estado que esté de verdad interesado en regular los niveles de contaminación. Cuesta entender cómo se instalaron 17 empresas en un mismo lugar  y se siguen aprobando proyectos. Campiche se aprobó hace poco tiempo y hay un par que está en estudio. O sea  se trata de una zona saturada y se siguen aprobando proyectos y empresas de todo tipo, ya sea  estatales como Codelco, Enap o Enami en su momento;  y privadas sean nacionales o extranjeras. No quiero apuntar con el dedo a uno u otra, sino que hay un complejidad en la que el Estado es responsable de que las personas que habitan esos lugares deban sacrificar su salud,  calidad de vida y correr el riesgo de enfermarse prematuramente con cáncer y otras enfermedades graves  por una concepción de desarrollo económico”.

El senador Latorre se detiene en este punto y señala que efectivamente estas empresas han sido rentables desde la perspectiva económica,  pero irresponsables desde la perspectiva ambiental y social.

“Es la gente que sufre los costos y ¿cuáles son los beneficios? ¿empleo? Muchas veces esos empleos son precarios y (en las zonas de sacrificio)  pero ni siquiera hay salud o educación de calidad. Acá hay un modelo de desarrollo que sacrifica literalmente a una población”.

La organización de la comunidad

En la zona de Puchuncaví y Quintero la comunidad se está organizando y ya ha realizado varias marchas para que se realicen los estudios necesarios en orden a implementar un plan de descontaminación.

“Como país hay cuestiones de corto plazo que se debieron implementar rápido y que se debieron haber hecho antes como el plan de descontaminación pues el actual data de 1992. El gobierno anterior elaboró uno pero la CGR lo cuestionó y al final del gobierno no fueron capaces de implementarlo y ponerlo en marcha con los cambios que Contraloría pedía. Quedó pendiente y se lo traspasó a este gobierno  que anunció hace pocos días que recién en  diciembre será implementado”.

El psicólogo señaló que como país tenemos un déficit en nuestra normativa ambiental y particularmente en la capacidad del Estado de fiscalizar de verdad y sancionar a empresas públicas y privadas.

“En materia de salud no puede ser que una comunidad esté expuesta a una contaminación permanente por el aire que respiran, el agua y los alimentos que comen. Hay muchas quejas de lo deficitario que es el tema de salud en la zona y hay una deuda de un derecho social que es para todo el país, pero particularmente en esa zona donde están expuestos niños, adultos mayores y que viven una situación dramática porque no hay centros de salud pertinentes para los problemas de salud de la población y esto es a todo nivel y en toda edad”.

Para Latorre uno de los aspectos positivos de esta crisis de contaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví es que la comunidad se está organizando, pues temen que cuando el ardor de la noticia se apague, desaparezca también la urgencia del gobierno por tratar el problema.

“Ahora en la zona la gente se está organizando, hay cabildos, hay una autoconvocatoria de la comunidad y lo bonito es que se están articulando las distintas organizaciones sociales. Está despertando la comunidad y no solo aquí, sino en otras comunas aledañas como en Maitencillo y Horcón así es que hay que estar atentos. Al gobierno se le pueden levantar las comunidades que viven expuestas en las zonas de sacrificio por una conciencia ambiental, social y ecológica más fuerte y que eso finalmente  repercuta en cómo nos planteamos el modelo de desarrollo”.

El parlamentario que representa a la región de Valparaíso asevera que en este tipo de problemas que afectan tan gravemente a las comunidades hay una enorme deuda de parte del Estado y que ello tiene que ver con el planteamiento de modelo económico que rige en Chile.

“Ha faltado voluntad política, de hecho los directorios de estas empresas y los abogados que la representan están relacionados con el poder político. Incluso el presidente del directorio de Oxiquim es el abogado del presidente Piñera y es ex socio del marido de la ministra Schimdt de medio Ambiente, entonces hay una red de poltitica empresarial, de poder en todas estas empresas y mi hipótesis es que han subordinado al Estado y ellos  decidieron las reglas del juego por acción u omisión, ya sea  desde la influencia que han tenido en las campañas políticas, el lobby que hacen, las presiones que ejercen para instalarse, hasta  como van comprando a las comunidades, a las autoridades locales y como van aprobando proyectos. De alguna manera van subordinando al Estado en su rol de proteger a la ciudadanía  y garantizar el derecho a la o a un medioambiente libre de contaminación. Todo queda subordinado a la inversión privada o empresarial, sea pública o privada, que aportan al PIB y que aportan a esta concepción de desarrollo económico y que las comunidades de la región de Valparaíso no importan, porque esto aporta económicamente al país”.