Brindar apoyo y promover el bienestar de niños, niñas y adolescentes que se exponen a diversas discriminaciones por su orientación sexual, identidad o expresión de género, es la misión que tiene la Fundación Todo Mejora.

Por ello es que han seguido de cerca el proceso del proyecto de ley que promete cambiar la calidad de vida de las personas trans género a través del reconocimiento del derecho a la identidad de género, lo que permitirá que, quienes sientan que su género no coincide con su sexo y nombre registral, puedan solicitar la rectificación de estos.

Además, se asegura el derecho a que una vez que se haga la modificación legal, esta sea reconocida en los instrumentos públicos y privados de identificación en función de la identidad de la persona, de manera que no se condicione el ejercicio de esta bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a algún tipo de intervención o tratamiento que modifique la apariencia.

Rocío Faúndez, jefa de desarrollo de contenidos de la Fundación Todo Mejora, comentó con nuestro medio el proyecto que lleva cinco años siendo tramitado, y señaló que es un gran avance, pero que la discusión no debe terminar con esto, sino que se debe seguir avanzando en el real cumplimiento de estas garantías y en el fin de la discriminación.

Faúndez indicó que consagrar el derecho a la identidad de género es el aspecto más relevante de la iniciativa, a lo que se suma una serie de principios sobre el tema, como la no patologización, la no discriminación arbitraria y la garantía de recibir un trato digno y respetuoso. Además, también se consagra velar siempre por el interés superior de los niños.

Fundación Todo Mejora participó como expositor dentro de la Comisión Mixta e hizo un llamado a que se incorporara un programa de acompañamiento, iniciativa que, según Faúndez, debe asegurar el bienestar de la familia durante el proceso de transición.

“Es importante que sea un programa que no busque revertir las decisiones de transición de quienes sí tienen una identidad trans, sino que debe acompañar ese proceso”, explicó.

Además, comentó que la incorporación de los menores de edad dentro de la norma de cambio de sexo registral es muy importante, ya que legalizar este aspecto y el nombre que se quiere llevar incide directamente en el bienestar de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.

Respecto a esto, explicó que ellos son quienes más discriminaciones sufren al no poder validar el género con el que realmente se sienten identificados, por lo que no entregar derechos de reconocimiento los expone a una serie de perjuicios psicosociales.

“No es que sean niños con peores indicadores de salud mental por cómo ellos son, los tienen porque se enfrentan a un entorno adverso que no les permite ser quienes son”.

Además, dijo que una vez promulgada esta ley se debe trabajar en fortalecer las instituciones públicas a través de un plan de capacitación y sensibilización, para que quienes realicen cambios en función de su identidad de género reciban un trato digno en los distintos servicios sociales a los que acudan.

“Las instituciones hoy día no están preparadas, el tema es generar un plan y eso requiere inversión pública que hoy día no está claro de dónde podría provenir para que los profesionales de salud, de educación, los funcionarios del registro civil, puedan, efectivamente, estar sensibilizados en estas temáticas y saber abordarlas”.

Respecto a las deudas que quedarán pendientes en el proyecto, Faúndez indicó que la exigencia a los mayores de 18 años de dos testigos para poder cambiar su sexo registral es una muestra de la infantilización que se le adjudica al proceso, pues no se considera la autonomía de un adulto para decidir, sin necesidad de la validación de otros, la persona que quiere ser.

A esto se suma que la ley solo permitirá registrar un género femenino o masculino, omitiendo la opción de un género no binario, algo que para la fundación es un aspecto pendiente en la legislación que deberá modificarse en el futuro.