Más de un millón.  Según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  los asalariados del sector público suman exactamente 1.062.000 trabajadores en este 2018. Una cifra nada despreciable frente a un total de 5.8 millones que representan el total de los asalariados del país.

El Estado chileno es entonces, como siempre ha sido, el mayor empleador del país.

Como podrán imaginar, datos como éste resultan sorprendentes y hasta alarmantes para los paladines del liberalismo económico de los distintos partidos políticos y vocerías empresariales. Varias editoriales de El Mercurios y La Tercera han apuntado a los datos entregados por el INE exigiendo desde sus tribunas frenar este crecimiento del empleo vinculado al Estado, y cuestionando, al mismo tiempo, la incapacidad de los gobiernos, incluido el de Piñera, para frenar este crecimiento.

Quién lo diría. Una cifra sorprendente para un país en el que sus sucesivos gobiernos liberales han impulsado un modelo económico para el cual el mercado es la medida justa de todas las cosas.

Pero más allá de las cifras, a nadie se le ocurre agitar la bandera apocalíptica de que nuestro Chile Neoliberal estaría transitando, bajo el mando del muy empresarial Piñera, hacia una ChileZuela. Una voz de alarma que funcionó aparentemente muy bien durante la pasada campaña presidencial.

Y es que no cabe que cunda el pánico. La cifra de un millón de asalariados del sector público esconde en su interior uno de los secretos mejor guardados de la implementación exitosa de un modelo neoliberal a la chilena: la transformación estructural del empleo público.

El contraste surge inmediatamente cuando constatamos que menos del 20% del total de los asalariados del Estado son en términos de relación laboral “funcionarios públicos de planta”, es decir trabajadores con derechos. Vista esta cifra, los liberales vuelven a sonreír.  Chile, en los últimos 30 años, ha transitado de un modelo de trabajador de público “protegido”, a uno de trabajador público “precarizado”, cuando no abiertamente en situación ilegal de trabajo.

 La gran mentira

Entre ese 80% de los trabajadores públicos que nos visibiliza la ENE, conviven en el Estado, de manera más o menos armoniosa, los trabajadores llamados a Contrata (figura temporal que figura en el Estatuto Administrativo), los trabajadores con Contrato de Trabajo (Código del Trabajo) y los mal llamados Trabajadores a Honorarios (Código Civil).

El Estado chileno, dada su necesidad  dar cuenta de la enorme cantidad de necesidades de servicios sociales heredadas de los  17 años de dictadura, empezó su crecimiento acelerado desde mediados de los 90’ a través de la incorporación de cientos de miles de trabajadores. Todo esto,  se hizo sin tomar mucho en cuenta la legalidad laboral.

Había que tapar hoyos. Y aún 30 años después, sigue habiendo muchos hoyos que tapar. El Gobierno Central, la  Salud Pública o la Educación Pública, durante este 2018, han sido los más dinámicos en la generación de empleo. Los asalariados del sector público han crecido en los últimos 12 meses 11,1%, muy por sobre la generación de trabajo en el mundo privado, que es supuestamente el eje de la creación de riqueza y bienestar del modelo económico.

Pero, la nube negra que apareció en el horizonte de los últimos gobiernos ha venido desde las cumbres de la Corte Suprema.

En repetidos fallos, el más alto tribunal de Chile ha asumido la incómoda tarea de enróstrale a los gobiernos de Bachelet y de Piñera  que las formas de contratación de quienes se desempeñan al interior del Estado niegan, o reducen de manera considerable, los derechos laborales.

Tal es el caso de los “trabajadores  a honorarios” a quienes se les puede considerar legalmente “trabajadores sin contrato”.  La existencia de subordinación y dependencia, figura que se repite en la mayoría de los casos, obliga al empleador a escriturar Contratos de Trabajo. Los Convenios ( o Contratos) a Honorarios no constituyen un instrumento legal apropiado para emplear a cientos de miles de empleados públicos  en ministerios o municipalidades. Un engaño legal que ha crecido a lo largo y ancho del aparato del Estado.

Los últimos fallos y dictámenes de Tribunales del Trabajo reconocen a los honorarios como dependientes y con subordinación, obligando a sus empleadores a cancelar millonarias multas por no haber reconocido y escriturado un Contrato de Trabajo acorde con las labores desarrolladas.

Esta situación, que en el caso del Municipio de Maipú, significa demandas laborales por miles de millones de pesos, ha llevado a varias entidades del Estado a salir con nuevas propuestas de regulación de la informalidad laboral.

Alcaldes de diverso cuño, desde el muy comunista Jadue de Recoleta, pasando por el emergente  frenteamplista Sharp de Valparaíso, o el Nueva Mayoría Carrasco de Quilicura, como también en diversos Ministerios del gobierno de Piñera,  todos ellos han dado inicio al traspaso de honorarios a cargos de Contrata.

Bajo la aparente preocupación por la ilegalidad de los trabajadores a honorarios, lo que realmente existe es un cálculo más mezquino de tipo empresarial.  La regularización pasa por establecer contratos con los cuales, si bien se regula la relación laboral a futuro, al firmar renuncian a la posibilidad de reclamar los millonarios montos a los que tendrían derechos haberse mantenido años sin Contrato del Trabajo.

Una vez más, como tantas veces antes,  vemos cómo, utilizando el desconocimiento de sus derechos, los trabajadores firman contratos y sus empleadores (alcaldes, ministerios, etc) se ahorran el pago de indemnizaciones que les permitan seguir manteniendo un modelo de contratación del Estado de bajo costo.

Bajo la aparente preocupación por los derechos de los trabajadores, se perpetúa  un Estado que no se sincera con sus trabajadores. Un Estado en donde las mentiras se siguen sumando una tras otra.

Mitchel Silva y Cristian Cepeda representan al Sindicato Nacional Interempresa  Por los Derechos