“La fase de cuantificación del daño, que se debe resarcir a la compañía Chevron iniciará dentro de 90 días y podrá tomar varios meses”, indicó salvador en una rueda de prensa la jornada de este viernes.

Ese es el plazo que se fijó para que las partes puedan manifestar sus pretensiones en materia económica.

El funcionario de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano agregó que su país estudia la interposición de algún recurso contra la resolución de la corte.

“Solamente después de ese análisis, podrá la Procuraduría determinar si es que existe algún tipo de negligencia o fallo en la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano por parte de estos estudios jurídicos contratados”, acotó.

Íñigo Salvador, Procurador General de Ecuador

Iñigo Salvador declinó referirse a la labor de quienes defendieron la causa en su momento. “No quiero adelantarme a decir o prejuzgar si es que ellos hicieron un buen o mal trabajo, si es que llegare a determinarse, sin embargo, que el trabajo, que esos abogados o la Procuraduría, llevaron adelante, no fue el óptimo, obviamente, la Procuraduría establecerá las responsabilidades y exigirá que sean cumplidas”, aseveró el representante del gobierno ecuatoriano.

La causa que dio origen a este laudo parcial de la Corte de La Haya fue la solicitud de la empresa estadounidense para que  Ecuador se haga cargo de pagar los  9500 millones dólares a los que la petrolera fue condenada a pagar por la Corte Provincial de Sucumbío en razón de una demanda por daños ambientales causados por la petrolera Chevron-Texaco. El fundamento principal de la demanda ante La Haya fue que Ecuador a través de la petrolera estatal Petroecuador, asumió la responsabilidad de eventuales temas ambientales en campos petroleros que habían operado en el país.

Según la compañía, Ecuador violó el Acuerdo de Liberación de Responsabilidad de 1995 al permitir que pueblos indígenas de la Amazonia interpusieran una demanda medioambiental en su contra. Además, alegan que las reclamaciones de los pueblos fueron fraudulentas, que no se garantizó el debido proceso, y que el Estado violó las protecciones establecidas en el Acuerdo Bilateral de Inversión suscrito entre Ecuador y Estados Unidos en 1997.

Una vez que se tenga claridad del monto de la indemnización a la que fue condenado el Estado de Ecuador, la Procuraduría puede iniciar acciones para pedir la devolución de lo pagado por tal concepto según explicó Salvador y anunció que las reformas legales que el presidente Lenín Moreno espera aprobar incluyen un nuevo tipo de procedimiento para lograr que lo pagado por este tipo de causas puede ser devuelto al fisco ecuatoriano de manera más rápida y eficaz.

“Ninguno de los juicios de repetición emprendidos han tenido éxito, con esta reforma legal pretendemos cambiar esa situación y lograr que quienes fueron los responsables, en su inicio, de que Ecuador, hoy, arios años después tenga que asumir una responsabilidad, un gasto económico tan elevado, porque probablemente, va a ser muy elevado, respondan por ello”, dijo.