El seguro de invalidez y sobrevivencia es la protección que toda Administradora de Fondos de Pensión (AFP) debe contratar para sus afiliados. Dependiendo de la calidad de dependiente o independiente del trabajador, será el mismo trabajador o su empleador quien lo pague. Su objetivo es proveer de una pensión al trabajador en caso de declaración de invalidez o fallecimiento.

Es precisamente este seguro el que tiene a la AFP Provida envuelta en una polémica trenzada con la justicia. Según consignó The Clinic, “el recién pasado 8 de agosto de 2018, el presidente de la entidad privada (Fundación Valídame), Juan Carlos Pizarro, envió un oficio al fiscal nacional económico, Mario Ybar, en el que denuncia haber “tomado conocimiento de hechos que revisten la connotación de ilícitos, en carácter reiterado, antecedentes que ponemos en conocimiento de los organismos pertinentes a contar de esta fecha”.

Esto, a raíz dela declaración jurada que presentó Alejandra Vidal, una histórica trabajadora del área de Beneficios de la AFP. En su testimonio, Vidal daba cuenta de los constantes incentivos de los altos ejecutivos de Provida para frenar el otorgamiento de pensiones de invalidez.

En entrevista con este medio, el dirigente de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, describió las prácticas de Provida como “abiertamente criminales”. Según señaló Mesina, “Hay una denuncia acerca del control de siniestralidad de los seguros de invalidez. La Fundación Valídame detectó una serie de irregularidades que dan cuenta de que las AFP y las compañías de seguro bajaron la tasa de siniestralidad. Al bajarla, los retornos que tienen esas compañías al final del ejercicio son extraordinariamente grandes. Desconocemos el monto efectivo de cuánto es lo que una compañía de seguro recupera por el hecho de tener baja siniestralidad”.

El dirigente agrega que “Fundación Valídame nos puso a disposición una cantidad importante de antecedentes que dan cuenta de una práctica que desborda todo tipo de asombro a quienes tuvimos la posibilidad de leer los antecedentes. Es perfectamente posible sostener la tesis de que estamos ante una abierta concentración de algunas empresas e instituciones del país para cometer delitos de manera flagrante y preconcebidos, con clara organización. Eso es lo que uno perfectamente podría llamar una asociación ilícita. Es absolutamente grave”.

Juan Carlos Pizarro, fundador y director de la Fundación Valídame, está seguro de que esta es una práctica generalizada dentro de las administradoras: “No tenemos correos electrónicos que certifiquen que otras AFP’s hacen lo mismo, pero todas actúan exactamente igual. Esto no es un tema aislado. Existió la valentía de una funcionaria de una AFP para decir que esto estaba ocurriendo, pero se hace en todas. Hay una declaración jurada de una funcionaria que dice que recibía órdenes de su jefe y que estas provenían del gerente general. Uno de inmediato dice que aquí hay delito configurado. Procedimos como establece el Código Penal, así que denunciamos ante la Fiscalía Nacional Económica y le transferimos todos los antecedentes”.

Será trabajo de la FNE, entonces, definir si la presentación es admisible o no de acuerdo a la ley. La fundación también le entregó la información. A la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano competente pero que, al menos desde la perspectiva de Pizarro, despierta una importante desconfianza porque “cada vez que denunciamos una irregularidad ellos decían que todo estaba bien”.

A pesar de que el carnet de identidad debiera bastar para solicitar la pensión, desde las AFP han inventado una maraña de trámites que entorpecen el proceso. Incluso, según revela Pizarro, han fingido pérdidas del sistema o cortes de luz. Una nueva telaraña cubre el accionar de las administradoras. Una que recién teje sus primeros hilos.