Alcalde de Osorno afirma que descarga de la nave Seikongen es “un problema político”
Un año se van a cumplir desde que la embarcación de propiedad de CPT Empresas Marítimas se hundió en aguas chilotas. 214 toneladas de salmón descompuesto y más 67 mil litros de petróleo son el cargamento que cual enfermedad infectocontagiosa se propagó y nadie quiere en su territorio. Actores involucrados critican las acciones unilaterales del Gobierno y a una compañía acuícola que, según ellos, ha sido blindada por el poder central y sus instituciones.
Domingo 23 de septiembre 2018 9:05 hrs.
En octubre del 2017 la embarcación Seikogen se desplomó en las costas de la comuna de Chonchi, península de Chiloé. Toneladas de salmones descompuestos y combustible almacenado alertaron a pescadores y habitantes. Constataron días después a una empresa Camanchaca, propietaria del cargamento y que emitía un curioso comunicado, apuntando grandes esfuerzos para que sus operaciones siguieran con normalidad y derivando toda responsabilidad a CPT Empresas Marítimas, la dueña del buque transportista.
A esto se sumaban las declaraciones de la Dirección Regional de Sernapesca, que, en vez de tomar acciones enérgicas contra las compañías, anticipaban multas de menor cuantía.
Un año después el problema aún no está resuelto. La catástrofe socio-ecológica sigue persiguiendo a los habitantes de la región de Los Lagos, quienes han sufrido en reiteradas oportunidades las consecuencias de las prácticas de la industria salmonera.
Al vertimiento de toneladas de salmones muertos, se suma el aún no cuantificado desastre provocado por el masivo escape de especies desde un centro de cultivo, donde hasta el día de hoy no se recupera ni un seis por ciento de los cerca de 700 mil peces que contienen una gran cantidad de antibióticos.
Francisco Vera Millaquén, werkén (vocero) de la comunidad indígena Pepiukelen, ubicada en Pargua, comuna de Calbuco, manifestó su crítica a las acciones del intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien a pesar de acciones legales interpuestas, ordenó el desembarque del material orgánico en las costas de la zona.
“Esta industria salmonera ha hecho, disculpando la expresión, sus peores cagadas durante un fin de semana largo donde nadie está para fiscalizar, no hay a quien recurrir y los tribunales no están funcionando. Acá todo el mundo dijo que no quería que se descargara este barco, incluso interpusimos acciones legales que la autoridad se las pasó por el aro. Por eso estamos pidiendo a través de los parlamentarios de la zona, ojalá nos escuche alguno, que se acuse constitucionalmente al intendente, ya que las autoridades están obligadas a acatar las leyes y ellos, repito, se las pasaron por el aro solo para favorecer a la industria salmonera”, afirmó.
El plan de descarga de salmones descompuestos de Seikogen, elaborado por el gobierno regional, implicó su procesamiento en Calbuco para luego ser trasladado al basural Ecoprial, ubicado en Osorno.
El vertedero privado ha sido más de diez veces infraccionado por diversas irregularidades en el tratamiento de desechos. Esto encendió aún más la alarma por parte de las autoridades locales y habitantes de Osorno, quienes se suman al rechazo de que en la zona se acopien los lodos residuales.
El alcalde de la comuna, Jaime Bertín, admitió que el Seikogen se ha transformado en un problema político además del problema socio-ambiental. Junto con el equipo jurídico del municipio, esperan que la Justicia se pronuncie en favor de las múltiples acciones legales para evitar la llegada de los camiones.
“Nunca pensamos que Osorno iba a ser el destino final de esta masa de salmones convertidos en lodo. Pero ahí hubo decisiones que se tomaron, las personas responsables tendrán que dar explicaciones, qué razones estuvieron presentes, y mientras no ocurra eso tenemos que presionarlos por la vía judicial, a través de la presentación de una serie de recursos. Nosotros también nos preguntamos si la empresa que recibe estos lodos, está en condiciones de acopiarlos, teniendo en cuenta las falencias que ha presentado en los procesos de tratamientos de otros residuos menos nocivos”, argumentó.
Desde Greenpeace, advirtieron que el procedimiento de descarga del material orgánico descompuesto ha estado plagado de irregularidades.
La coordinadora del área de océanos de la ONG ambientalista, Estefanía González, aseveró que las autoridades no han entregado los antecedentes técnicos ni los argumentos que sustenten la decisión y menos las medidas de seguridad medioambiental que se tomaron para llevarla a cabo.
“Es evidente que quieren resolver esta crisis medioambiental con los menos impactos comunicacionales posibles, incluso actuando sorpresivamente en feriados de Fiestas Patrias. Ni la pesquera Camanchaca ni las autoridades han escuchado a las comunidades locales, que han rechazado la maniobra. Lo más grave es que esto se ha impulsado sin tomar en cuenta los recursos judiciales que se han interpuesto, para impedir el procedimiento debido a lo peligrosos que es. El Gobierno no parece haber aprendido la lección de Quintero y sigue mucho más empeñado en solucionar los problemas de las empresas, con recursos públicos, que de garantizar la salud de las personas de las localidades afectadas”, subrayó.
Tanto pescadores de Calbuco, ambientalistas y autoridades locales de Osorno, coincidieron en los millonarios recursos fiscales utilizados para subsanar una catástrofe que es de total responsabilidad de empresas privadas.
Incluso acusaron que instituciones como Carabineros se han desplegado para proteger los intereses de las compañías, deteniendo a personas que se han manifestado contra las medidas dispuestas. También criticaron el rol de la Armada.
Autoridad marítima: “han realizado un exhaustivo análisis”
La Armada informó este sábado que, durante el periodo en el cual el Wellboat Seikongen se ha mantenido en la Bahía de Puerto Montt, “han realizado un exhaustivo análisis, revisión, aplicación y control de los trabajos relacionados al “Plan de Extracción, Descarga y Disposición Final de los Residuos Líquidos” que se encontraban en las bodegas de la mencionada nave.
A través de un comunicado, también mencionó la labor de todos los organismos competentes: Seremi de Salud, Seremi de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente y Sernapesca.
La autoridad confirmó que las faenas marítimas finalizaron este 22 de septiembre, a las 13:15 horas. La Gobernación Marítima de Puerto Montt fiscalizó los trabajos que duraron cerca de una semana y descartaron la presencia de gases tóxicos.
“Quiere enfatizar en los estrictos controles y medidas de seguridad dispuestos para tal evento, en el cual desplegó la totalidad de sus medios humanos y materiales, todo ello con el fin de otorgar el resguardo necesario, tanto para las comunidades de Puerto Montt y Calbuco, como para las tripulaciones que se encontraban a bordo de las naves” se agrega en el texto.
Desde la institución, agradecieron la confianza demostrada por las comunidades de Puerto Montt y Calbuco, quienes comprendieron la importancia de realizar citadas labores.
“Permitiendo sentir el apoyo hacia la gestión de las autoridades, que en todo momento actuaron con franqueza, compromiso y transparencia, permitiendo que se realizara una faena de descarga en forma segura, sin daños a la salud de las personas y al medio ambiente acuático” concluyeron.
En octubre del 2017 la embarcación Seikogen se desplomó en las costas de la comuna de Chonchi, península de Chiloé. Toneladas de salmones descompuestos y combustible almacenado alertaron a pescadores y habitantes. Constataron días después a una empresa Camanchaca, propietaria del cargamento y que emitía un curioso comunicado, apuntando grandes esfuerzos para que sus operaciones siguieran con normalidad y derivando toda responsabilidad a CPT Empresas Marítimas, la dueña del buque transportista.
A esto se sumaban las declaraciones de la Dirección Regional de Sernapesca, que, en vez de tomar acciones enérgicas contra las compañías, anticipaban multas de menor cuantía.
Un año después el problema aún no está resuelto. La catástrofe socio-ecológica sigue persiguiendo a los habitantes de la región de Los Lagos, quienes han sufrido en reiteradas oportunidades las consecuencias de las prácticas de la industria salmonera.
Al vertimiento de toneladas de salmones muertos, se suma el aún no cuantificado desastre provocado por el masivo escape de especies desde un centro de cultivo, donde hasta el día de hoy no se recupera ni un seis por ciento de los cerca de 700 mil peces que contienen una gran cantidad de antibióticos.
Francisco Vera Millaquén, werkén (vocero) de la comunidad indígena Pepiukelen, ubicada en Pargua, comuna de Calbuco, manifestó su crítica a las acciones del intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien a pesar de acciones legales interpuestas, ordenó el desembarque del material orgánico en las costas de la zona.
“Esta industria salmonera ha hecho, disculpando la expresión, sus peores cagadas durante un fin de semana largo donde nadie está para fiscalizar, no hay a quien recurrir y los tribunales no están funcionando. Acá todo el mundo dijo que no quería que se descargara este barco, incluso interpusimos acciones legales que la autoridad se las pasó por el aro. Por eso estamos pidiendo a través de los parlamentarios de la zona, ojalá nos escuche alguno, que se acuse constitucionalmente al intendente, ya que las autoridades están obligadas a acatar las leyes y ellos, repito, se las pasaron por el aro solo para favorecer a la industria salmonera”, afirmó.
El plan de descarga de salmones descompuestos de Seikogen, elaborado por el gobierno regional, implicó su procesamiento en Calbuco para luego ser trasladado al basural Ecoprial, ubicado en Osorno.
El vertedero privado ha sido más de diez veces infraccionado por diversas irregularidades en el tratamiento de desechos. Esto encendió aún más la alarma por parte de las autoridades locales y habitantes de Osorno, quienes se suman al rechazo de que en la zona se acopien los lodos residuales.
El alcalde de la comuna, Jaime Bertín, admitió que el Seikogen se ha transformado en un problema político además del problema socio-ambiental. Junto con el equipo jurídico del municipio, esperan que la Justicia se pronuncie en favor de las múltiples acciones legales para evitar la llegada de los camiones.
“Nunca pensamos que Osorno iba a ser el destino final de esta masa de salmones convertidos en lodo. Pero ahí hubo decisiones que se tomaron, las personas responsables tendrán que dar explicaciones, qué razones estuvieron presentes, y mientras no ocurra eso tenemos que presionarlos por la vía judicial, a través de la presentación de una serie de recursos. Nosotros también nos preguntamos si la empresa que recibe estos lodos, está en condiciones de acopiarlos, teniendo en cuenta las falencias que ha presentado en los procesos de tratamientos de otros residuos menos nocivos”, argumentó.
Desde Greenpeace, advirtieron que el procedimiento de descarga del material orgánico descompuesto ha estado plagado de irregularidades.
La coordinadora del área de océanos de la ONG ambientalista, Estefanía González, aseveró que las autoridades no han entregado los antecedentes técnicos ni los argumentos que sustenten la decisión y menos las medidas de seguridad medioambiental que se tomaron para llevarla a cabo.
“Es evidente que quieren resolver esta crisis medioambiental con los menos impactos comunicacionales posibles, incluso actuando sorpresivamente en feriados de Fiestas Patrias. Ni la pesquera Camanchaca ni las autoridades han escuchado a las comunidades locales, que han rechazado la maniobra. Lo más grave es que esto se ha impulsado sin tomar en cuenta los recursos judiciales que se han interpuesto, para impedir el procedimiento debido a lo peligrosos que es. El Gobierno no parece haber aprendido la lección de Quintero y sigue mucho más empeñado en solucionar los problemas de las empresas, con recursos públicos, que de garantizar la salud de las personas de las localidades afectadas”, subrayó.
Tanto pescadores de Calbuco, ambientalistas y autoridades locales de Osorno, coincidieron en los millonarios recursos fiscales utilizados para subsanar una catástrofe que es de total responsabilidad de empresas privadas.
Incluso acusaron que instituciones como Carabineros se han desplegado para proteger los intereses de las compañías, deteniendo a personas que se han manifestado contra las medidas dispuestas. También criticaron el rol de la Armada.
Autoridad marítima: “han realizado un exhaustivo análisis”
La Armada informó este sábado que, durante el periodo en el cual el Wellboat Seikongen se ha mantenido en la Bahía de Puerto Montt, “han realizado un exhaustivo análisis, revisión, aplicación y control de los trabajos relacionados al “Plan de Extracción, Descarga y Disposición Final de los Residuos Líquidos” que se encontraban en las bodegas de la mencionada nave.
A través de un comunicado, también mencionó la labor de todos los organismos competentes: Seremi de Salud, Seremi de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente y Sernapesca.
La autoridad confirmó que las faenas marítimas finalizaron este 22 de septiembre, a las 13:15 horas. La Gobernación Marítima de Puerto Montt fiscalizó los trabajos que duraron cerca de una semana y descartaron la presencia de gases tóxicos.
“Quiere enfatizar en los estrictos controles y medidas de seguridad dispuestos para tal evento, en el cual desplegó la totalidad de sus medios humanos y materiales, todo ello con el fin de otorgar el resguardo necesario, tanto para las comunidades de Puerto Montt y Calbuco, como para las tripulaciones que se encontraban a bordo de las naves” se agrega en el texto.
Desde la institución, agradecieron la confianza demostrada por las comunidades de Puerto Montt y Calbuco, quienes comprendieron la importancia de realizar citadas labores.
“Permitiendo sentir el apoyo hacia la gestión de las autoridades, que en todo momento actuaron con franqueza, compromiso y transparencia, permitiendo que se realizara una faena de descarga en forma segura, sin daños a la salud de las personas y al medio ambiente acuático” concluyeron.
En octubre del 2017 la embarcación Seikogen se desplomó en las costas de la comuna de Chonchi, península de Chiloé. Toneladas de salmones descompuestos y combustible almacenado alertaron a pescadores y habitantes. Constataron días después a una empresa Camanchaca, propietaria del cargamento y que emitía un curioso comunicado, apuntando grandes esfuerzos para que sus operaciones siguieran con normalidad y derivando toda responsabilidad a CPT Empresas Marítimas, la dueña del buque transportista.
A esto se sumaban las declaraciones de la Dirección Regional de Sernapesca, que, en vez de tomar acciones enérgicas contra las compañías, anticipaban multas de menor cuantía.
Un año después el problema aún no está resuelto. La catástrofe socio-ecológica sigue persiguiendo a los habitantes de la región de Los Lagos, quienes han sufrido en reiteradas oportunidades las consecuencias de las prácticas de la industria salmonera.
Al vertimiento de toneladas de salmones muertos, se suma el aún no cuantificado desastre provocado por el masivo escape de especies desde un centro de cultivo, donde hasta el día de hoy no se recupera ni un seis por ciento de los cerca de 700 mil peces que contienen una gran cantidad de antibióticos.
Francisco Vera Millaquén, werkén (vocero) de la comunidad indígena Pepiukelen, ubicada en Pargua, comuna de Calbuco, manifestó su crítica a las acciones del intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien a pesar de acciones legales interpuestas, ordenó el desembarque del material orgánico en las costas de la zona.
“Esta industria salmonera ha hecho, disculpando la expresión, sus peores cagadas durante un fin de semana largo donde nadie está para fiscalizar, no hay a quien recurrir y los tribunales no están funcionando. Acá todo el mundo dijo que no quería que se descargara este barco, incluso interpusimos acciones legales que la autoridad se las pasó por el aro. Por eso estamos pidiendo a través de los parlamentarios de la zona, ojalá nos escuche alguno, que se acuse constitucionalmente al intendente, ya que las autoridades están obligadas a acatar las leyes y ellos, repito, se las pasaron por el aro solo para favorecer a la industria salmonera”, afirmó.
El plan de descarga de salmones descompuestos de Seikogen, elaborado por el gobierno regional, implicó su procesamiento en Calbuco para luego ser trasladado al basural Ecoprial, ubicado en Osorno.
El vertedero privado ha sido más de diez veces infraccionado por diversas irregularidades en el tratamiento de desechos. Esto encendió aún más la alarma por parte de las autoridades locales y habitantes de Osorno, quienes se suman al rechazo de que en la zona se acopien los lodos residuales.
El alcalde de la comuna, Jaime Bertín, admitió que el Seikogen se ha transformado en un problema político además del problema socio-ambiental. Junto con el equipo jurídico del municipio, esperan que la Justicia se pronuncie en favor de las múltiples acciones legales para evitar la llegada de los camiones.
“Nunca pensamos que Osorno iba a ser el destino final de esta masa de salmones convertidos en lodo. Pero ahí hubo decisiones que se tomaron, las personas responsables tendrán que dar explicaciones, qué razones estuvieron presentes, y mientras no ocurra eso tenemos que presionarlos por la vía judicial, a través de la presentación de una serie de recursos. Nosotros también nos preguntamos si la empresa que recibe estos lodos, está en condiciones de acopiarlos, teniendo en cuenta las falencias que ha presentado en los procesos de tratamientos de otros residuos menos nocivos”, argumentó.
Desde Greenpeace, advirtieron que el procedimiento de descarga del material orgánico descompuesto ha estado plagado de irregularidades.
La coordinadora del área de océanos de la ONG ambientalista, Estefanía González, aseveró que las autoridades no han entregado los antecedentes técnicos ni los argumentos que sustenten la decisión y menos las medidas de seguridad medioambiental que se tomaron para llevarla a cabo.
“Es evidente que quieren resolver esta crisis medioambiental con los menos impactos comunicacionales posibles, incluso actuando sorpresivamente en feriados de Fiestas Patrias. Ni la pesquera Camanchaca ni las autoridades han escuchado a las comunidades locales, que han rechazado la maniobra. Lo más grave es que esto se ha impulsado sin tomar en cuenta los recursos judiciales que se han interpuesto, para impedir el procedimiento debido a lo peligrosos que es. El Gobierno no parece haber aprendido la lección de Quintero y sigue mucho más empeñado en solucionar los problemas de las empresas, con recursos públicos, que de garantizar la salud de las personas de las localidades afectadas”, subrayó.
Tanto pescadores de Calbuco, ambientalistas y autoridades locales de Osorno, coincidieron en los millonarios recursos fiscales utilizados para subsanar una catástrofe que es de total responsabilidad de empresas privadas.
Incluso acusaron que instituciones como Carabineros se han desplegado para proteger los intereses de las compañías, deteniendo a personas que se han manifestado contra las medidas dispuestas. También criticaron el rol de la Armada.
Autoridad marítima: “han realizado un exhaustivo análisis”
La Armada informó este sábado que, durante el periodo en el cual el Wellboat Seikongen se ha mantenido en la Bahía de Puerto Montt, “han realizado un exhaustivo análisis, revisión, aplicación y control de los trabajos relacionados al “Plan de Extracción, Descarga y Disposición Final de los Residuos Líquidos” que se encontraban en las bodegas de la mencionada nave.
A través de un comunicado, también mencionó la labor de todos los organismos competentes: Seremi de Salud, Seremi de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente y Sernapesca.
La autoridad confirmó que las faenas marítimas finalizaron este 22 de septiembre, a las 13:15 horas. La Gobernación Marítima de Puerto Montt fiscalizó los trabajos que duraron cerca de una semana y descartaron la presencia de gases tóxicos.
“Quiere enfatizar en los estrictos controles y medidas de seguridad dispuestos para tal evento, en el cual desplegó la totalidad de sus medios humanos y materiales, todo ello con el fin de otorgar el resguardo necesario, tanto para las comunidades de Puerto Montt y Calbuco, como para las tripulaciones que se encontraban a bordo de las naves” se agrega en el texto.
Desde la institución, agradecieron la confianza demostrada por las comunidades de Puerto Montt y Calbuco, quienes comprendieron la importancia de realizar citadas labores.
“Permitiendo sentir el apoyo hacia la gestión de las autoridades, que en todo momento actuaron con franqueza, compromiso y transparencia, permitiendo que se realizara una faena de descarga en forma segura, sin daños a la salud de las personas y al medio ambiente acuático” concluyeron.
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