Sebastián Piñera ya había dado cuenta de sus pretensiones por modificar el Código Penal en su gobierno pasado. Quedó en evidencia cuando, a un día de terminar su mandato, envió al Congreso un proyecto de reforma al Código.
El Código Penal chileno es el cuerpo legal de habla hispana más antiguo del mundo. Su publicación data del año 1874, de mano del Presidente Federico Errázuriz y perseguía objetivos enteramente punitivos, con la idea de castigar fuertemente a los violadores de la ley y sin contemplar conceptos como la reinserción social. Al año 2018 el Código está obsoleto y hay muchas leyes que han quedado fuera de él.
Ejemplos de eso son las leyes anticorrupción, la llamada ley Emilia, la ley de control de armas, la de discriminación a las minorías sexuales, de violencia de género y un sinnúmero de otras normas que no forman parte del cuerpo legal. Es así como el Ejecutivo elaboró una comisión de expertos para la elaboración de una nueva sistematización de la legislación penal chilena.
En conversación de Radio y Diario Universidad de Chile, la académica y cientista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, se refirió a los objetivos de un nuevo Código: “Tenemos un enjambre de leyes que tipifican delitos que castigan, pero que están fuera del Código Penal, entonces uno de los objetivos de la reforma -que se supone que se va a presentar a fin de mes por esta comisión de expertos- es tratar de unificar los crímenes y las penas que están dispersas en distintos cuerpos legales como los que mencionaba recién. También identificar nuevos crímenes y establecer sus penas en temas como el acoso sexual, colusión, temas ambientales, que son temas nuevos para un código elaborado a mediados de la década de 1870”.
Uno de los objetivos concretos del proyecto será reducir el campo interpretativo de las sanciones de las conductas delictivas. “Actualizar nuestro Código tiene que ver con imponer niveles de justicia mayores que no criminalicen la pobreza, sino que establezcan penas que sean apropiadas a los delitos independiente de la condición socioeconómica. Se ha dicho que uno de los objetivos es reducir la discrecionalidad de los jueces, es decir, establecer condenas mucho más precisas a los delitos”, señala la académica.
Según extractos del documento de la comisión de expertos, publicado por La Tercera, el texto que se pretende enviar al Congreso plantea que “salvo razones de consideración o circunstancias muy calificadas, la magnitud de la pena que puede imponer el juez se corresponde con la que dispone el legislador. La pena de prisión se cumple de manera efectiva (cárcel), salvo que sea menor a un año, caso en el cual se convierte en otra pena”.
Según Claudia Heiss, es importante que una decisión como la reforma del Código Penal salga de las cuatro paredes en las que sesiona la comisión de expertos: “Este no es un tema jurídico, no es un tema técnico, es un tema de la esencia del pacto social de los chilenos, de cómo nos entendemos como comunidad política. Una comunidad política es un conjunto de personas que define para sí mismo qué es lo que esa sociedad considera justo o injusto y cómo protege a través de los medios coercitivos del Estado. Por eso es muy importante que no sea una discusión de una comisión de expertos que se toma entre cuatro paredes. Es muy importante que sea un debate nacional, porque en Chile existe una gran sensación de injusticia”.
Se estima que para fines de septiembre la instancia de estudios entregará al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el anteproyecto que contiene todas las modificaciones al cuerpo normativo.
Sebastián Piñera ya había dado cuenta de sus pretensiones por modificar el Código Penal en su gobierno pasado. Quedó en evidencia cuando, a un día de terminar su mandato, envió al Congreso un proyecto de reforma al Código.
El Código Penal chileno es el cuerpo legal de habla hispana más antiguo del mundo. Su publicación data del año 1874, de mano del Presidente Federico Errázuriz y perseguía objetivos enteramente punitivos, con la idea de castigar fuertemente a los violadores de la ley y sin contemplar conceptos como la reinserción social. Al año 2018 el Código está obsoleto y hay muchas leyes que han quedado fuera de él.
Ejemplos de eso son las leyes anticorrupción, la llamada ley Emilia, la ley de control de armas, la de discriminación a las minorías sexuales, de violencia de género y un sinnúmero de otras normas que no forman parte del cuerpo legal. Es así como el Ejecutivo elaboró una comisión de expertos para la elaboración de una nueva sistematización de la legislación penal chilena.
En conversación de Radio y Diario Universidad de Chile, la académica y cientista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, se refirió a los objetivos de un nuevo Código: “Tenemos un enjambre de leyes que tipifican delitos que castigan, pero que están fuera del Código Penal, entonces uno de los objetivos de la reforma -que se supone que se va a presentar a fin de mes por esta comisión de expertos- es tratar de unificar los crímenes y las penas que están dispersas en distintos cuerpos legales como los que mencionaba recién. También identificar nuevos crímenes y establecer sus penas en temas como el acoso sexual, colusión, temas ambientales, que son temas nuevos para un código elaborado a mediados de la década de 1870”.
Uno de los objetivos concretos del proyecto será reducir el campo interpretativo de las sanciones de las conductas delictivas. “Actualizar nuestro Código tiene que ver con imponer niveles de justicia mayores que no criminalicen la pobreza, sino que establezcan penas que sean apropiadas a los delitos independiente de la condición socioeconómica. Se ha dicho que uno de los objetivos es reducir la discrecionalidad de los jueces, es decir, establecer condenas mucho más precisas a los delitos”, señala la académica.
Según extractos del documento de la comisión de expertos, publicado por La Tercera, el texto que se pretende enviar al Congreso plantea que “salvo razones de consideración o circunstancias muy calificadas, la magnitud de la pena que puede imponer el juez se corresponde con la que dispone el legislador. La pena de prisión se cumple de manera efectiva (cárcel), salvo que sea menor a un año, caso en el cual se convierte en otra pena”.
Según Claudia Heiss, es importante que una decisión como la reforma del Código Penal salga de las cuatro paredes en las que sesiona la comisión de expertos: “Este no es un tema jurídico, no es un tema técnico, es un tema de la esencia del pacto social de los chilenos, de cómo nos entendemos como comunidad política. Una comunidad política es un conjunto de personas que define para sí mismo qué es lo que esa sociedad considera justo o injusto y cómo protege a través de los medios coercitivos del Estado. Por eso es muy importante que no sea una discusión de una comisión de expertos que se toma entre cuatro paredes. Es muy importante que sea un debate nacional, porque en Chile existe una gran sensación de injusticia”.
Se estima que para fines de septiembre la instancia de estudios entregará al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el anteproyecto que contiene todas las modificaciones al cuerpo normativo.
Sebastián Piñera ya había dado cuenta de sus pretensiones por modificar el Código Penal en su gobierno pasado. Quedó en evidencia cuando, a un día de terminar su mandato, envió al Congreso un proyecto de reforma al Código.
El Código Penal chileno es el cuerpo legal de habla hispana más antiguo del mundo. Su publicación data del año 1874, de mano del Presidente Federico Errázuriz y perseguía objetivos enteramente punitivos, con la idea de castigar fuertemente a los violadores de la ley y sin contemplar conceptos como la reinserción social. Al año 2018 el Código está obsoleto y hay muchas leyes que han quedado fuera de él.
Ejemplos de eso son las leyes anticorrupción, la llamada ley Emilia, la ley de control de armas, la de discriminación a las minorías sexuales, de violencia de género y un sinnúmero de otras normas que no forman parte del cuerpo legal. Es así como el Ejecutivo elaboró una comisión de expertos para la elaboración de una nueva sistematización de la legislación penal chilena.
En conversación de Radio y Diario Universidad de Chile, la académica y cientista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, se refirió a los objetivos de un nuevo Código: “Tenemos un enjambre de leyes que tipifican delitos que castigan, pero que están fuera del Código Penal, entonces uno de los objetivos de la reforma -que se supone que se va a presentar a fin de mes por esta comisión de expertos- es tratar de unificar los crímenes y las penas que están dispersas en distintos cuerpos legales como los que mencionaba recién. También identificar nuevos crímenes y establecer sus penas en temas como el acoso sexual, colusión, temas ambientales, que son temas nuevos para un código elaborado a mediados de la década de 1870”.
Uno de los objetivos concretos del proyecto será reducir el campo interpretativo de las sanciones de las conductas delictivas. “Actualizar nuestro Código tiene que ver con imponer niveles de justicia mayores que no criminalicen la pobreza, sino que establezcan penas que sean apropiadas a los delitos independiente de la condición socioeconómica. Se ha dicho que uno de los objetivos es reducir la discrecionalidad de los jueces, es decir, establecer condenas mucho más precisas a los delitos”, señala la académica.
Según extractos del documento de la comisión de expertos, publicado por La Tercera, el texto que se pretende enviar al Congreso plantea que “salvo razones de consideración o circunstancias muy calificadas, la magnitud de la pena que puede imponer el juez se corresponde con la que dispone el legislador. La pena de prisión se cumple de manera efectiva (cárcel), salvo que sea menor a un año, caso en el cual se convierte en otra pena”.
Según Claudia Heiss, es importante que una decisión como la reforma del Código Penal salga de las cuatro paredes en las que sesiona la comisión de expertos: “Este no es un tema jurídico, no es un tema técnico, es un tema de la esencia del pacto social de los chilenos, de cómo nos entendemos como comunidad política. Una comunidad política es un conjunto de personas que define para sí mismo qué es lo que esa sociedad considera justo o injusto y cómo protege a través de los medios coercitivos del Estado. Por eso es muy importante que no sea una discusión de una comisión de expertos que se toma entre cuatro paredes. Es muy importante que sea un debate nacional, porque en Chile existe una gran sensación de injusticia”.
Se estima que para fines de septiembre la instancia de estudios entregará al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el anteproyecto que contiene todas las modificaciones al cuerpo normativo.
