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Año XI, 15 de diciembre de 2019

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Organizaciones y parlamentarios cuestionan aprobación de tronaduras en Mina Invierno

El proyecto había sido rechazado por el gobierno anterior, sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental cambió la decisión, hecho que ha causado preocupación en las comunidades ambientalistas y políticas, desde donde aseguran que el gobierno está velando por los intereses económicos.

Andrea Bustos C.

  Martes 25 de septiembre 2018 17:31 hrs. 
mina invierno

Fue la directora subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes, Nelly Nuñez, la encargada de confirmar que la dirección ejecutiva de la institución medioambiental aprobó las tronaduras en la Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco, proyecto que ya había sido rechazado en el gobierno anterior.

Desde la empresa emitieron un comunicado en el que señalaron que la decisión les permitirá seguir con sus operaciones y mantener el empleo de más de mil trabajadores, los que durante los últimos meses habían manifestado en varias ocasiones de forma pública su petición a las autoridades de aprobar las tronaduras.

Sin embargo, las organizaciones medioambientales han mostrado rechazo y preocupación por la decisión. Desde la agrupación Alerta Isla Riesco, quienes se han mantenido en oposición a la Mina Invierno por el daño que genera en la zona, se manifestaron muy decepcionados con la decisión.

Gregor Stipicic, coordinador regional de Alerta Isla Riesco, aseguró que es contradictorio de parte del Gobierno querer mejorar las condiciones ambientales de Quintero y Puchuncaví, y por otro lado apoyar la producción de carbón a bajo costo.

Esto porque el producto que se busca extraer en la mina es parte de las faenas de varias empresas que contaminan en otros sectores del país, entre ellas la zona de Quintero y Puchuncaví.

Stipicic comentó que desde que asumió este gobierno sabían que las autoridades iban a apoyar el proyecto, aún cuando la comunidad no estuviera de acuerdo.

“Desde el principio se puso este proyecto como uno que se tenía que acelerar, el subsecretario de Minería vino para acá, hizo visitas al lugar, dando una clara señal de para donde iba ir la votación. Lo que más rabia da es que el mismo día que dan alerta sanitaria en la quinta región entregan esta noticia tan paradójica, y eso es dar una cachetada y reírse de todos los chilenos, es un gobierno desvergonzado”, dijo el coordinador.

Respecto al daño que podrían ocasionar las tronaduras en la zona explicó que se dañará la fauna terrestre que colinda con la mina, a la fauna marina, especialmente los cetáceos, y también  las acciones productivas de los predios colindantes. Además, del componente ambiental, estarían el ruido, la generación de vibración, de movimiento y contaminación de las napas subterráneas y las emisiones de polvillo.

Gregor Stipicic también comentó que recurrirán al Tribunal Ambiental de Valdivia para apelar frente a la decisión, y de obtener una respuesta negativa acudirán a la Corte Suprema. Respecto a estas acciones afirmó que están confiados, pues la evaluación quedará en un órgano independiente a las intenciones del Estado.

Por otra parte, Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA, dijo que la decisión del SEA es el reflejo del mal funcionamiento de las políticas de protección ambiental del país: “Es parte de lo que estamos acostumbrados en el sistema, es un sistema que sirve para aprobar proyectos, pero no para preservar el medio ambiente ni para discutir la situación ambiental de territorio, como por ejemplo el de Isla Riesco”.

Agregó que el panorama medioambiental del país es complicado, pues no hay claridad en el Gobierno sobre cómo actuar frente a estos temas, ni tampoco suficiente coordinación entre los diferentes ministerios para tomar decisiones, hecho que se repite a nivel mundial. collage isla 1

**Isla Riesco, Foto de Alerta Isla Riesco

Con la decisión del SEA la minera de carbón, que es propiedad del Grupo Copec y Ultramar y ocupa una superficie de 1.508 hectáreas, podrá concretar cuatro tronaduras semanales generando 120 kg de cajas de embalajes al mes, las que serán quemadas in situ en cuatro quemas mensuales.

El senador por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, indicó que la decisión es una muestra de que el Gobierno quiere velar por los intereses económicos de las empresas: “Esto habla de una bipolaridad política, lo que reconoce es el ADN del Gobierno que tiene que ver con la prioridad económica, y aquí lo que ha prevalecido sin lugar a dudas es un hecho completamente económico por todo lo que tiene que ver con la compleja situación medioambiental que puede traer este tipo de situaciones”.

El parlamentario señaló que se mantendrá atento a cómo se desarrollan los procesos de tronadura, con el fin de asegurar que estos no produzcan perjuicios en la zona, pues si el SEA lo aprobó se debe garantizar que no cause daños.

En el mundo político, Bianchi no ha sido el único parlamentario que se ha manifestado preocupado por la aprobación. La senadora Carolina Goic, también representante de la zona, escribió en su cuenta de Twitter que es un irreversible daño al medio ambiente y un gran perjuicio para otras zonas del país.

La diputada RD Catalina Pérez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que la decisión es irracional, mientras que el senador Alfonso de Urresti afirmó que “aquí simplemente hay intereses económicos y un absoluto desprecio por el medio.

Por su parte, la diputada PPD Cristina Girardi, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que las evaluaciones del SEA no son técnicas sino políticas, pues la iniciativa ya se había rechazado en enero pasado. Además, indicó que la institución sea no trabaja para proteger el medio ambiente, sino que lo hace para proteger los intereses económicos de los empresarios, lo que hace que su rol no tenga ningún sentido.

Agregó que las autoridades están intentando “meter el dedo en la boca, mintiendo descaradamente” diciendo que se quiere proteger la salud de los chilenos mientras se fomenta la producción de carbón para abastecer a otras empresas que realizan contaminación, lo que va en contra del compromiso del Gobierno de implementar energías limpias en el país.