El acuerdo que firmaron en enero de este año Soquimich y Corfo para la extracción del litio en el desierto de Atacama está hoy en medio de la polémica. La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de nulidad de derecho público presentado por diputados y diputadas del Frente Amplio para impugnar dicho contrato.
Este lunes la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados sobre el acuerdo que puso fin al arbitraje entre la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la estatal Corfo, recibió al gerente general de la minera no metálica, Patricio de Solminiach. El acuerdo considera que, del presente año a 2030, se permita el incremento de la cuota de extracción de litio, alcanzando casi las 350 mil toneladas.
Según la Corte, “Corfo, aunque sea un ente de administración del Estado, no tiene facultades para conceder derechos de explotación sobre el litio, en ninguna de sus formas, facultades que solo posee el Presidente de la República por lo que la acción constitucional de nulidad de derecho público se impone en virtud que los órganos y servicios del Estado solo pueden realizar aquellos actos que la Constitución y la ley les facultan expresamente.
La sesión de la Cámara se dio en duros términos. Con intervenciones que pusieron en jaque las decisiones del ejecutivo de la polémica empresa minera. El diputado Daniel Núñez (PC), encaró a De Solminiach leyendo el prontuario de SQM en casos de financiamiento irregular de la política, caso Cascadas y otros. En su exposición, el diputado señaló que “cuando uno ve esto uno se da cuenta de que SQM no es creíble y que no está en condiciones de administrar una riqueza tan grande para Chile como es la del litio. Yo creo que eso se debe a que es una empresa corrupta (…) SQM se burla de todos los chilenos. Creen que pueden engañar y defraudar a todo Chile”.
En la ocasión, De Solminiach también fue increpado por la presencia de Julio Ponce Lerou en la celebración de los 25 años de la empresa en Wall Street, a lo que el ejecutivo contestó que “hubiese sido mejor que no hubiese estado”.
Una vez terminada la sesión, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Esteban Velásquez (FREVS), declaró que “hemos tenido gobiernos hipócritas, que han colaborado para que estos contratos tengan la legalidad que a nosotros nos parece inmoral, por lo tanto todos los esfuerzos políticos que se hacen desde distintos sectores son valiosos, pero queremos que todos vayan al fondo y que no solo sean maquillajes o banderas que se enarbolan por un momento, porque desafortunadamente hemos visto cómo desde distintos sectores levantan la mano respecto a ciertos temas pero cuando han podido actuar mientras son gobierno no lo hacen”.
Otra de las polémicas que ha protagonizado la minera este año dice relación con la venta de un 24% de sus acciones a la gigante china Tianqi, medida que vería conflictos con la concentración que significa dicha acción. La preocupación la ha manifestado el senador Manuel José Ossandón, quien ha señalado que “no se están resguardando como corresponde ni la libre competencia ni los intereses del país”. “Si se concreta la venta de las acciones de SQM a Tianqi, se generarán elementos facilitadores de colusión y de otros comportamientos anticompetitivos, pues en vez de competir entre ellas, podría ser más atractivo llegar a acuerdos”.
Consultado por este medio, el Químico y académico de la Universidad de Santiago, Domingo Ruiz, señala que el Estado chileno prácticamente no tiene poder de incidencia en la negociación, puesto que es un trato entre dos empresas privadas. El litio no es patrimonio del Estado: “El litio en este minuto lo maneja el mercado privado, el Estado no mete mano. Por mucho que Corfo sea el que licite, los dos grandes referentes del litio son consorcios privados, por lo tanto, lo que hagan desde el punto de vista del mercado internacional es un trato entre privados. El Estado no gana ni pierde nada. El problema es que indirectamente estás concentrando el mercado internacional en poquitos actores. No hay un riesgo para el país en ese sentido. Históricamente hemos tenido un muy mal manejo de la extracción de litio, desde el punto de vista medioambiental, económico, de la perspectiva de proyecciones. Tenemos un retraso de casi diez años en lo que es investigación aplicada en el litio. Es terrible”.
Es otra controversial movida de una de las empresas más cuestionadas del último tiempo la que está intentando ser frenada por un sector. La justicia, hasta el momento, les da la razón.
El acuerdo que firmaron en enero de este año Soquimich y Corfo para la extracción del litio en el desierto de Atacama está hoy en medio de la polémica. La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de nulidad de derecho público presentado por diputados y diputadas del Frente Amplio para impugnar dicho contrato.
Este lunes la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados sobre el acuerdo que puso fin al arbitraje entre la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la estatal Corfo, recibió al gerente general de la minera no metálica, Patricio de Solminiach. El acuerdo considera que, del presente año a 2030, se permita el incremento de la cuota de extracción de litio, alcanzando casi las 350 mil toneladas.
Según la Corte, “Corfo, aunque sea un ente de administración del Estado, no tiene facultades para conceder derechos de explotación sobre el litio, en ninguna de sus formas, facultades que solo posee el Presidente de la República por lo que la acción constitucional de nulidad de derecho público se impone en virtud que los órganos y servicios del Estado solo pueden realizar aquellos actos que la Constitución y la ley les facultan expresamente.
La sesión de la Cámara se dio en duros términos. Con intervenciones que pusieron en jaque las decisiones del ejecutivo de la polémica empresa minera. El diputado Daniel Núñez (PC), encaró a De Solminiach leyendo el prontuario de SQM en casos de financiamiento irregular de la política, caso Cascadas y otros. En su exposición, el diputado señaló que “cuando uno ve esto uno se da cuenta de que SQM no es creíble y que no está en condiciones de administrar una riqueza tan grande para Chile como es la del litio. Yo creo que eso se debe a que es una empresa corrupta (…) SQM se burla de todos los chilenos. Creen que pueden engañar y defraudar a todo Chile”.
En la ocasión, De Solminiach también fue increpado por la presencia de Julio Ponce Lerou en la celebración de los 25 años de la empresa en Wall Street, a lo que el ejecutivo contestó que “hubiese sido mejor que no hubiese estado”.
Una vez terminada la sesión, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Esteban Velásquez (FREVS), declaró que “hemos tenido gobiernos hipócritas, que han colaborado para que estos contratos tengan la legalidad que a nosotros nos parece inmoral, por lo tanto todos los esfuerzos políticos que se hacen desde distintos sectores son valiosos, pero queremos que todos vayan al fondo y que no solo sean maquillajes o banderas que se enarbolan por un momento, porque desafortunadamente hemos visto cómo desde distintos sectores levantan la mano respecto a ciertos temas pero cuando han podido actuar mientras son gobierno no lo hacen”.
Otra de las polémicas que ha protagonizado la minera este año dice relación con la venta de un 24% de sus acciones a la gigante china Tianqi, medida que vería conflictos con la concentración que significa dicha acción. La preocupación la ha manifestado el senador Manuel José Ossandón, quien ha señalado que “no se están resguardando como corresponde ni la libre competencia ni los intereses del país”. “Si se concreta la venta de las acciones de SQM a Tianqi, se generarán elementos facilitadores de colusión y de otros comportamientos anticompetitivos, pues en vez de competir entre ellas, podría ser más atractivo llegar a acuerdos”.
Consultado por este medio, el Químico y académico de la Universidad de Santiago, Domingo Ruiz, señala que el Estado chileno prácticamente no tiene poder de incidencia en la negociación, puesto que es un trato entre dos empresas privadas. El litio no es patrimonio del Estado: “El litio en este minuto lo maneja el mercado privado, el Estado no mete mano. Por mucho que Corfo sea el que licite, los dos grandes referentes del litio son consorcios privados, por lo tanto, lo que hagan desde el punto de vista del mercado internacional es un trato entre privados. El Estado no gana ni pierde nada. El problema es que indirectamente estás concentrando el mercado internacional en poquitos actores. No hay un riesgo para el país en ese sentido. Históricamente hemos tenido un muy mal manejo de la extracción de litio, desde el punto de vista medioambiental, económico, de la perspectiva de proyecciones. Tenemos un retraso de casi diez años en lo que es investigación aplicada en el litio. Es terrible”.
Es otra controversial movida de una de las empresas más cuestionadas del último tiempo la que está intentando ser frenada por un sector. La justicia, hasta el momento, les da la razón.
El acuerdo que firmaron en enero de este año Soquimich y Corfo para la extracción del litio en el desierto de Atacama está hoy en medio de la polémica. La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de nulidad de derecho público presentado por diputados y diputadas del Frente Amplio para impugnar dicho contrato.
Este lunes la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados sobre el acuerdo que puso fin al arbitraje entre la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la estatal Corfo, recibió al gerente general de la minera no metálica, Patricio de Solminiach. El acuerdo considera que, del presente año a 2030, se permita el incremento de la cuota de extracción de litio, alcanzando casi las 350 mil toneladas.
Según la Corte, “Corfo, aunque sea un ente de administración del Estado, no tiene facultades para conceder derechos de explotación sobre el litio, en ninguna de sus formas, facultades que solo posee el Presidente de la República por lo que la acción constitucional de nulidad de derecho público se impone en virtud que los órganos y servicios del Estado solo pueden realizar aquellos actos que la Constitución y la ley les facultan expresamente.
La sesión de la Cámara se dio en duros términos. Con intervenciones que pusieron en jaque las decisiones del ejecutivo de la polémica empresa minera. El diputado Daniel Núñez (PC), encaró a De Solminiach leyendo el prontuario de SQM en casos de financiamiento irregular de la política, caso Cascadas y otros. En su exposición, el diputado señaló que “cuando uno ve esto uno se da cuenta de que SQM no es creíble y que no está en condiciones de administrar una riqueza tan grande para Chile como es la del litio. Yo creo que eso se debe a que es una empresa corrupta (…) SQM se burla de todos los chilenos. Creen que pueden engañar y defraudar a todo Chile”.
En la ocasión, De Solminiach también fue increpado por la presencia de Julio Ponce Lerou en la celebración de los 25 años de la empresa en Wall Street, a lo que el ejecutivo contestó que “hubiese sido mejor que no hubiese estado”.
Una vez terminada la sesión, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Esteban Velásquez (FREVS), declaró que “hemos tenido gobiernos hipócritas, que han colaborado para que estos contratos tengan la legalidad que a nosotros nos parece inmoral, por lo tanto todos los esfuerzos políticos que se hacen desde distintos sectores son valiosos, pero queremos que todos vayan al fondo y que no solo sean maquillajes o banderas que se enarbolan por un momento, porque desafortunadamente hemos visto cómo desde distintos sectores levantan la mano respecto a ciertos temas pero cuando han podido actuar mientras son gobierno no lo hacen”.
Otra de las polémicas que ha protagonizado la minera este año dice relación con la venta de un 24% de sus acciones a la gigante china Tianqi, medida que vería conflictos con la concentración que significa dicha acción. La preocupación la ha manifestado el senador Manuel José Ossandón, quien ha señalado que “no se están resguardando como corresponde ni la libre competencia ni los intereses del país”. “Si se concreta la venta de las acciones de SQM a Tianqi, se generarán elementos facilitadores de colusión y de otros comportamientos anticompetitivos, pues en vez de competir entre ellas, podría ser más atractivo llegar a acuerdos”.
Consultado por este medio, el Químico y académico de la Universidad de Santiago, Domingo Ruiz, señala que el Estado chileno prácticamente no tiene poder de incidencia en la negociación, puesto que es un trato entre dos empresas privadas. El litio no es patrimonio del Estado: “El litio en este minuto lo maneja el mercado privado, el Estado no mete mano. Por mucho que Corfo sea el que licite, los dos grandes referentes del litio son consorcios privados, por lo tanto, lo que hagan desde el punto de vista del mercado internacional es un trato entre privados. El Estado no gana ni pierde nada. El problema es que indirectamente estás concentrando el mercado internacional en poquitos actores. No hay un riesgo para el país en ese sentido. Históricamente hemos tenido un muy mal manejo de la extracción de litio, desde el punto de vista medioambiental, económico, de la perspectiva de proyecciones. Tenemos un retraso de casi diez años en lo que es investigación aplicada en el litio. Es terrible”.
Es otra controversial movida de una de las empresas más cuestionadas del último tiempo la que está intentando ser frenada por un sector. La justicia, hasta el momento, les da la razón.
