La jornada de este lunes, un grupo de seis países presentó, ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, una solicitud para que el organismo investigue al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad.

La petición fue realizada a través de una carta entregada por los cancilleres de Argentina, Paraguay, Perú, Canadá y Chile en el marco de la Asamblea General de la ONU. El texto va acompañado de dos informes elaborados por expertos que dan cuenta de procesos extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas por parte de las autoridades caribeñas.

La carta entregada señala que “se solicita a la Fiscal de la Corte que, tras evaluar la información de que se disponga conforme a lo previsto en el artículo 53 del Estatuto, inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar de tales crímenes o varias personas”.

El canciller chileno Roberto Ampuero dijo, durante la oficialización de la petición en Nueva York, que “los documentos que hemos visto y hemos presentado muestran que allí, en Venezuela, se han cometido crímenes de lesa humanidad y lo que nosotros queremos como países es que sean investigados estos crímenes y que además se definan, se detecten y se encuentren a los culpables”.

Además agregó que “para Chile hay un mensaje muy claro: no pueden seguir las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ese es un mensaje de Chile que se identifica, además, con otros países de la región con una solución a esta tragedia que está viviendo Venezuela, con una solución que es pacífica, negociada, dialogada, ajena a todo acto de violencia. Esa es la posición de nuestro país y por eso hemos firmado este documento con otros países de la región”, agregó.

Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Canadá y Chile, los seis países que presentaron la solicitud, forman parte del Grupo de Lima, organización de países agrupados en torno a la situación de Venezuela.

Ahora, la Corte Penal Internacional debe decidir si, efectivamente, inicia una investigación contra el Estado venezolano.