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Acuerdo de Escazú: Expertos afirman que Cancillería prioriza inversiones a DD.HH.

Desde el exterior, Chile se verá como “un jugador que no es estable” lamentó el subdirector y coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Felipe Agüero. Mientras, organizaciones ecologistas junto a parlamentarios rechazaron tajantemente el camino tomado por el Ejecutivo.

Rodrigo Fuentes

  Viernes 28 de septiembre 2018 16:49 hrs. 
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Este jueves América Latina tuvo la oportunidad histórica de unirse al acuerdo más importante de los últimos 20 años sobre derechos humanos y protección ambiental en la región.

“Su objetivo es promover el diálogo e inspirar a los países a firmar e implementar el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de los países de América Latina y el Caribe”. Así se destaca desde la CEPAL, el objetivo de este instrumento internacional que tiene en la mira a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

A último minuto, el Gobierno de Sebastián Piñera decidió no ratificar el Acuerdo de Escazú. Desde el exterior, Chile se verá como “un jugador que no es estable” lamentó el subdirector y coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Felipe Agüero.

Para el profesor Agüero, tal decisión genera “incertidumbre” porque desde Cancillería se observa un énfasis en no colocar trabas a la inversión.

Pese a que desde el año 2012 nuestro país impulsó la creación y respaldó el acuerdo, la decisión del gobierno posponer la firma de ratificación, ha sido considerada como un rechazo la normativa regional.

Para los expertos, lo anterior ratifica el rol económico de la Cancillería, que se ha  enfocado en promover la inversión extranjera a como dé lugar, incluso en detrimento de pactos medioambientales, precisamente en momentos en que el país vive graves episodios de contaminación, amenazas de daño ambiental y afectando la salud de la población.

Según el subdirector y coordinador de Relaciones Internacionales en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, el giro que deja este anuncio es peligroso.

“Un tratado que viene a alimentar la participación de la ciudadanía, de las comunidades, en temas ambientales, que son claves para la inversión, es vista bajo esa óptica, no queremos más cosas que nos traben la inversión. Esto es muy preocupante, marca una inflexión en la política exterior chilena, lo que es muy grave”, afirmó.

El Doctor en Ciencia Política, agregó que este rol económico asumido por la Cancillería no es nuevo, ya que precisó, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, el otrora ministro de la cartera, Alfredo Moreno, se dedicó principalmente a las relaciones económicas.

El académico del INAP aseveró que lo más grave de todo es romper con una tradición diplomática por un plan que busca destrabar la inversión.

“Lo que me parece nuevo es esta ruptura de la tradición en apoyo al multilateralismo, que viene ahora graficado a este rechazo al Acuerdo de Escazú y en las ideas que se juegan contra el Pacto de Bogotá y contra el Convenio 169 de la OIT. Crea una incertidumbre de cuál es la postura de Chile y entonces los otros gobiernos no van a ver al país como un jugador estable, que, por una parte, cae muy presa de su propia disputa con Bolivia, captura su política exterior, y, por otro lado, pone énfasis en el no colocar trabas a la inversión extranjera”, argumentó.

Durante la última campaña, se denominó como “terapia de shock” desde el comando de Piñera. La promesa: durante los primeros 100 días de su mandato el objetivo era acelerar 49 proyectos que estaban en tramitación en la institucionalidad ambiental.

En el contexto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nueva York, al menos 12 de los 23 países de la región confirmaron su firma este jueves para la adopción del Acuerdo de Escazú.

ONGs y políticos rechazan postergación

Hasta este miércoles, Chile fue protagonista. Representantes de organizaciones de sociedad civil y parlamentarios criticaron la determinación tomada solo días antes de la suscripción oficial.

Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile, Ana Piquer, la protección del medio ambiente y los derechos humanos debe ser la prioridad. La abogada de la Universidad de Chile precisó que, de entrar en vigencia el acuerdo, sería una nueva herramienta para garantizar derechos ciudadanos.

“El tratado incluye normas específicas, donde los estados se comprometen a dar protección a los defensores medioambientales. Entonces la preocupación es que señal estamos dando, si es que nos restamos como país de firmar un acuerdo que da esa protección, y en el contexto donde vemos que ese tipo de ataques en Chile en particular, sí han ido en aumento, hemos detectado cada vez más circunstancias de peligro para defensores de la tierra, los territorios y el medio ambiente, y por eso resulta preocupante el que Chile no sea parte activa de un pacto que lo que busca es dar amparo”, subrayó.

Además de Amnistía Internacional-Chile, también manifestaron su rechazo a la no ratificación de acuerdo, organizaciones como Fundación Terram, Observatorio Ciudadano, ONG FIMA, Codeff Chile y los parlamentarios Alfonso de Urresti y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez.

Los convocados coincidieron en que el costo de no firmar, a pesar de que el Ejecutivo impulsó el acuerdo, afectará la credibilidad, la honra y la palabra empeñada, de las instituciones del Estado frente a la comunidad internacional.